Tegucigalpa
Por Riccy Ponce
Cancelan por segunda vez la audiencia de proposición de pruebas en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra policías acusadas de vejámenes por el ataque a la profesora Agustina Flores, hermana de la extinta defensora de la tierra y el ambiente Berta Cáceres, asesinada en marzo de 2016.
«La audiencia fue cancelada por segunda vez, porque la defensa de la parte acusada nuevamente no se presentó”, expresó Karol Cárdenas del área de acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH).
Por su parte, Agustina Flores, expresó que “yo creo que es una forma de estar retrasando todo el proceso, pues ellos esperan que lleguemos al cansancio y que dejemos las cosas tal como han estado estos ocho años, eso no va a suceder, no va a ser así, porque no nos vamos a cansar”.
También agregó que “no es casualidad que por segunda vez se cancele la audiencia por el mismo motivo y considero como algo planificado y hablado para darle largas a este proceso”.
Asimismo Agustina Flores agradeció el acompañamiento que le ha dado el Cofadeh a través del área de acceso a la justicia.
“Agradezco profundamente el acompañamiento de Karol (Cárdenas) que es parte del COFADEH, porque siempre han estado a mi lado acompañándome en todo el proceso, desde el primer momento de mi detención el 22 de septiembre del 2009 y siguen acompañándome, mi más sincero agradecimiento”, añadió Flores.
Las policías acusadas de vejámenes por el ataque a la profesora Agustina Flores son Esther Ponce y Aracely García.
Agustina fue detenida ilegalmente y golpeada sin razón, cuando participaba en un plantón frente a la embajada de Brasil, en septiembre del 2009, durante el retorno del entonces presidente Manuel Zelaya Rosales, en el de facto gobierno de Roberto Micheletti.
Cabe señalar que es el primer caso del golpe de estado de 2009 que llega a estas instancias.
El COFADEH es la organización que representa legalmente el caso de la profesora Agustina, víctima de violación a los DDHH por ejercer su derecho de libertad de expresión mediante la protesta social, exigiendo la restitución del presidente Zelaya.
