Tegucigalpa.
Por Sandra Rodríguez
El Estado de Honduras ha sido señalado a nivel internacional como responsable de varias violaciones a derechos humanos, si bien ha cumplido con algunos puntos de las sentencias, no ha logrado la reparación integral delas víctimas y sus familiares, al contrario, hay casos en los que reabre heridas.
Para el caso, el pasado mes de mayo, el Ministerio Público profanó la memoria de Juan Humberto Sánchez, exhumando su cuerpo, aun cuando existe una sentencia emitida en el año 2003 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH) determinando la entrega de sus restos a la familia, once años después de su detención, desaparición y asesinato.
Juan Humberto Sánchez, llamado también el “mártir del Río Negro” fue capturado ilegalmente por el Ejército el 10 de julio de 1992 en horas de la noche, fue liberado y nuevamente detenido. Su cuerpo ya sin vida apareció el 22 de julio del mismo año al borde del Río Negro, que está en la frontera de Honduras y El Salvador. Mostraba un disparo en la frente y señales de tortura.
Son 25 años de sufrimiento en la familia Sánchez. Pese a que el Estado cumplió con las cláusulas monetarias, con la última acción lejos de buscar justicia acrecentó la deuda de garantías de no repetición.
En el capítulo VI numeral 10, de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones, manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, de la resolución aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, expresa que:
“Las víctimas deben ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos, y han de adoptarse las medidas apropiadas para garantizar su seguridad, su bienestar físico y psicológico y su intimidad, así como los de sus familias. El Estado debe velar por que, en la medida de lo posible, su derecho interno disponga que las víctimas de violencia o traumas gocen de una consideración y atención especiales para que los procedimientos jurídicos y administrativos destinados a hacer justicia y conceder una reparación no den lugar a un nuevo trauma”.
Aunque la sentencia emitida por la Co-IDH manifiesta que el cuerpo debía ser entregado a sus familiares y que se investigarán los hechos, este año, el Fiscalía Especial de Derechos Humanos a cargo de Soraya Morales, no escuchó la voluntad de la de doña Dominga y don Juan -madre y padre de Juan Humberto- quienes se opusieron a la apertura de la tumba en Colomoncagua, Intibucá, y sintieron que nuevamente su hijo era asesinado.
Según la sentencia del Corte Interamericana, en este caso, el Estado violó el derecho a la libertad personal, a la integridad personal, a la vida, a los derechos y garantías judiciales y a la protección judicial, que no solo afectó a Juan Humberto Sánchez, sino a su madre María Dominga Sánchez, Juan José Vijil, Reina Isabel Sánchez, María Milagro Sánchez, Rosa Delia Sánchez, Domitila Vijil Sánchez, María Florinda Vijil Sánchez, Juan Carlos Vijil Sánchez, Celio Vijil Sánchez, Julio Sánchez, Donatila Argueta Sánchez, Breidy Maybeli Sánchez Argueta, Velvia Lastenia Argueta Pereira y Norma Iveth Sánchez Argueta.
Asimismo, la Comisión señaló que hasta la fecha ninguna persona ha sido juzgada ni sancionada por “el secuestro, tortura y ejecución” del señor Juan Humberto Sánchez, por lo que subsiste una situación de impunidad en relación con el caso. En este sentido, la Comisión también manifestó que el proceso penal que se ha seguido se ha caracterizado por “falta de seriedad y eficacia”, ha sido insuficiente y tropezó desde el comienzo con numerosos obstáculos, entre los que se pueden contar intimidaciones y amenazas a testigos y a familiares de la presunta víctima.
El revolucionario Juan Humberto Sánchez, era de origen indígena lenca y durante la guerra civil en El Salvador operaba la radio Venceremos para el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); regresó a Honduras luego de la amnistía número 87-91, decretada en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994), y fue detenido desaparecido.
Al estado le falta cumplir, en este caso y que serviría para otros, con un registro nacional de detenidos y una investigación seria, imparcial y eficaz que lleve a investigar las cadenas de mando que provocaron la muerte de Sánchez.
Para velar por el cumplimiento de esta y otras sentencias, en julio del 2015 se formó la Mesa de Seguimiento a las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Co-IDH), integrada por diez organizaciones defensoras de DDHH que representan siete casos.
Sus integrantes son la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura (CPTRT), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras (ERIC-SJ), Casa Alianza-Honduras, Caritas diocesana de San Pedro Sula, Pastoral Penitenciaria, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Familia de Carlos Luna, y la Asociación de Jueces por la Democracia (AJD).
Dos años después de iniciado este seguimiento, se realizará un foro público para dar a conocer el trabajo realizado, los avances y retos. La cita será en Tegucigalpa, el 13 de septiembre, con la participación de organizaciones de ddhh, familiares y víctimas, entre otros.
