En el mes de junio pasado – tres meses después del asesinato de Bertha Cácares — funcionarios del gobierno hondureño comenzaron a mencionar el tema de una ley de consulta previa a los pueblos originariosa del país.
Por haber firmado en 1995 el Convenio 169 de la OIT – que tiene estatus de ley internacional – el Estado de Honduras deviene obligado a informar cada año a las Naciones Unidas sobre su aplicación y cumplimiento.
“Desde el año pasado hemos estado trabajando el consenso con siete pueblos indígenas y negros para la aprobación de esta ley y la idea es terminarla para que el presidente la mande al Congreso Nacional y se apruebe antes del fin de septiembre”.
Así lo divulgó Ricardo Cardona, el ministro de desarrollo e Inclusión Social, ante el Consejo Económico Social y Cultural de la ONU en Ginebra, Suiza.
El anuncio de Cardona dejó perplejos a los liderazgos sociales en Honduras porque el consenso con sólo 7 de once pueblos originarios es incompleto y, además, sólo él sabe con quiénes se ha reunido a escribir la Ley.
Es sospecho que sean los mismos funcionarios de un gobierno neoliberal impulsor de alianzas público privadas que anuncien la ley de consulta previa. Lo lógico sería que el tema sea movido en el debate por los liderazgos legítimos de los pueblos indígenas y negros. Y no ocurre así.
En el contexto hondureño, donde las empresas privadas entran a los territorios ancestrales a sacar los minerales y las maderas, y a robarse el agua armados con policías, soldados y sicarios, la única ley que existe es la ley de la muerte.
El ejemplo más reciente es el crimen de Bertha Cáceres por defender la cuenca, el cauce y el curso del río Gualcarque desde su nacimiento en territorio lenca de Intibucá hasta su desembocadura en San Antonio de Suchitepeque, en Zacapa, Santa Bárbara.
También es el caso de Carlos Flores en la cordillera de Agalta, Gualaco, Olancho y decenas de líderes indígenas tolupanes en Yoro, y Pech en Carbones.
Si el gobierno impulsa la ley de consulta previa será para comprar las opiniones de los indígenas con bolsas solidarias, por eso el anuncio lo hace Cardona desde el ministerio que se dedica a empacar harina, manteca, espagueti, sal y fotografías del hombre.
Si la ley es enviada por el presidente Hernández y aprobada por los Poderes Fácticos representados en el Congreso Nacional, entonces las tenazas contra los pueblos pre colombinos y el pueblo garífuna habrán sido blindadas.
Después del golpe de Estado los neoliberales feroces de ambos partidos jurásicos aprobaron una ley de minería espantosa, reformaron la ley de medio ambiente para meter industrias en los parques nacionales y zonas protegidas, y le dieron a la coinversión público-privada el timón de las riquezas.
Para rematar, quiebran la labor del Instituto Nacional Agrario e imponen las leyes de ordenamiento territorial y catastros municipales, pretendiendo reventar los límites ancestrales de lencas, mayas, chortis, tolupanes, pech, tawakas, miskitos, garífunas, nahuas y ramas.
La nueva empresa privada corrupta, violenta y mafiosa, tendrá una nueva ley para imponer sus patronatos, comités y consejos con activistas rojos y azules, para dominar los cabildos abiertos y los plebiscitos. Y si los pueblos siguen votando NO a las minas, NO a las represas y eólicas, entonces llegarán los activistas del Partido en el poder.
Y si persiste la resistencia indígena, la policía, el ejército y los sicarios llegarán para matar y sembrar el terror en nombre del desarrollo, el progreso y la vida mejor.
Luego, en ruedas de prensa y cadenas nacionales, dirán a la nación que consultaron efectivamente a equis comunidad y que los proyectos van viento en popa, con el consentimientos de los empobrecidos pueblos, enfermados y humillados indígenas de nuestra tierra… verdaderos y únicos dueños de la tierra y el territorio.
Estamos a tiempo de abrir bien los ojos en este proceso y acompañar las resistencias indígenas, para que sean capaces de defender efectivamente sus territorios de esta voracidad rapaz de los neoliberales continuistas.
