La legalidad de las normas, la transparencia del procedimiento judicial o la autoridad del Juez han sido fuertemente cuestionadas en los últimos doce años en Honduras.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos y la Convergencia Contra el Continuismo, hemos asumido en los últimos tres años y medio, la denuncia frente a los procedimientos ilegales impulsados por las Fuerzas de Seguridad del Estado, que cometen apremios ilegales y torturas sobre opositores políticos.
Y, al funcionamiento del poder judicial “responsable del ejercicio de la violencia del régimen”, notoriamente subordinado al poder de la dictadura. La mayoría de los integrantes del Sistema de Administración de Justicia son, salvo escasas y honrosas excepciones, el maleable instrumento del régimen. Un Cuerpo Judicial que sigue la aplicación de figuras delictivas, destinadas a reprimir el pensamiento y la actividad política.
Además, la conformación de Tribunales y Fiscalías Especiales de Jurisdicción Nacional, para ventilar juicios que no le competen, pero se abstienen de abrir causas penales a los perpetradores de torturas y asesinatos contra militantes populares y manifestantes opositores a la dictadura. También hemos denunciado la condición carcelaria de los centros de máxima seguridad y el vínculo con los presos políticos.
Las detenciones judiciales con fines políticos y la aplicación de la prisión preventiva son arbitrarias porque no se respalda en un debido proceso, tampoco se respeta el derecho a la defensa. La legislación penal en los casos de oponentes políticos se utiliza para anular a líderes y no para impartir justicia.
Los procesos judiciales se vuelven perdurables porque no están orientados a determinar la verdad de lo sucedido. En los casos de carácter político, la verdad no es importante. Lo importante es aplicar castigo anticipado sin que a la persona se le determine si es culpable o no.
A todos los presos políticos se les acusó por delitos comunes, sin juicios justos, contraviniendo sus libertades fundamentales, incluso permanecieron encarcelados junto a reos de alta peligrosidad, por inducción sufrieron agresiones y amenazas de otros privados de libertad, y recibieron el ataque persistente a su integridad física, malos tratos y torturas reiteradas por sus centinelas.
Dada la condición nacional, fueron acusados por razones políticas 178 personas y todas ellas liberadas en diferentes momentos. Pero, 22 víctimas pasaron casi dos años en prisión preventiva, sin que ningún Tribunal los juzgara y ninguna prueba ha sido fehaciente, como sucedió con Gustavo Cáceres, que el mismo Tribunal del Progreso, Yoro, se pronunció por su absolución, lo que no impidió que estuviera 23 meses encarcelado bajo condiciones deplorables y que los recursos judiciales fueran denegados en forma reiterada.
Además de estos procesos, hemos observado desde hace unos doce años, la Judicialización de las reivindicaciones sociales y políticas. La disidencia y cualquier actividad percibida como una amenaza al orden político establecido siguen siendo reprimidas. Y existen opositores políticos, integrantes de grupos étnicos, defensores de derechos humanos, campesinos y ambientalistas en los centros penales a nivel nacional por expresar su opinión.
El Comité por la Liberación de los Presos Políticos y la Convergencia Contra el Continuismo consideramos:
- Que las Estructuras Jurídicas son de apoyo a las instituciones políticas y administrativas establecidas. Pero, en Honduras se hace de manera incompatible con el Estado de Derecho y con los derechos humanos fundamentales.
- El respeto de la Ley tiene doble cara, se sujeta a otros fines políticos de alto nivel y se usa para derribar a presuntos enemigos políticos. La ambigüedad y las contradicciones en que incurren las disposiciones legislativas provocan constantemente su aplicación arbitraria y son “caldo de cultivo” para el abuso de poder.
- La existencia de una legislación penal represiva y el uso generalizado de la detención preventiva implica que:
- Cualquiera puede ser detenido al antojo del poder punitivo y político que se encuentran en una posición de ventaja.
- La Judicatura carece de independencia y el proceso judicial está sujeto a interferencias de las autoridades políticas.
- Los casos de los Presos Políticos demuestran el doble rasero aplicado en la impartición de justicia. La ley se usa como instrumento de persecución política.
Ante la situación descrita demandamos:
- Garantizar a los Presos Políticos juicios que reúnan las debidas garantías conforme a las normas internacionales de derechos humanos de las que Honduras es Estado parte.
- Garantizar que los juicios se celebren sin demoras innecesarias, que sean abiertos al público y, asimismo, respetar el derecho de la defensa a presentar pruebas testificales e interrogar a los testigos de la acusación.
- Sentencias absolutorias para los judicializados por razones políticas.
El Progreso, Yoro, 10 de agosto de 2021.
