Rel UITA
El caso de Victoria Salazar, una salvadoreña muerta a manos de la Policía en Tulum, fue una muestra más de esta realidad.
Víctima de la violencia económica estructural en su país de origen, con visa humanitaria debido al acoso del crimen organizado, encontró en México no solo más violencia social e intrafamiliar, sino también la muerte, el 27 de marzo.
Victoria engrosó la lista de los más de 2.800 asesinatos de migrantes solo en los estados del sur de México. Buena parte de estos crímenes han sido feminicidios.
El anuncio por la nueva administración estadounidense del fin del MPP (por sus siglas en inglés Protocolo de Protección a Migrantes) generó un reacomodo de grandes dimensiones en la dinámica de la migración en México.
Los medios dieron a conocer casos emblemáticos, como el de un menor nicaragüense encontrado en el desierto en la frontera entre México y Estados Unidos, o el de unas niñas ecuatorianas lanzadas desde la barda. Son solo ejemplos de esta emergencia humanitaria que ahora se enraba con una pandemia.
Aglomerados
El 19 de febrero se inició en la frontera norte, en Tijuana, la instalación de un campamento ahora conocido como “El Chaparral”, donde se concentran personas provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Haití e incluso de otras regiones de México, con la esperanza de obtener asilo.
Muchas de ellas no tienen solicitudes previas, lo que hace que no podrán aplicar en el corto plazo al asilo político en Estados Unidos. Esto ha llevado a que se aglomeren en dicho campamento cerca de 1.500 personas, que han tenido que iniciar procesos de organización para atender sus necesidades inmediatas.
Rita Robles, que hace el enlace en Ciudad de México del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, una asociación civil de Chiapas dedicada a labores humanitarias en la frontera sur, dijo a La Rel que la situación en la zona es alarmante.
Trabas excesivas
“No hay albergues, no hay capacidad de atender todas las solicitudes pues las trabas son excesivas”, y la cantidad de niñas y niños en los grupos familiares es impresionante, comenta.
Desde finales de febrero se está desplegando en el área personal del Instituto Nacional de Migración, pero, sobre todo, de la Guardia Nacional.
El 18 de marzo se procedió al cierre de fronteras con Guatemala, lo que llevó a la concentración de grandes contingentes de familias en la frontera de Tecún Uman.
Al mismo tiempo, los “polleros”, como se conoce popularmente a los traficantes de personas, “han hecho su agosto”.
“Aparte de los riesgos de un país con las altas tasas de feminicidios, ahora nos enfrentamos a nuevas modalidades de abandono de los migrantes en los cruces, o de generación de expectativas falsas”, denuncia Robles.
La coordinación de los gobiernos, tanto de México y Estados Unidos como de los países de origen, especialmente los centroamericanos, es escasa, errática y muchas veces influenciada por los vaivenes políticos locales.
A solicitud de las organizaciones y asociaciones civiles, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha emitido resoluciones urgiendo mediante medidas cautelares a los estados de Baja California y Chiapas a que atiendan la situación emergente.
“Estamos enfrentando una clara falta de voluntad”, insiste Robles.
“Las autoridades exigen pasaportes sellados para aplicar a los procesos de asilo. Dejan pasar algunas familias, pero no completas, y esto entorpece los procesos. Nuestro personal debe cruzar a Guatemala a hacer acompañamiento y llenar documentación. Luego intentamos pasar a las personas, pero siempre hay demasiadas trabas”.
La dinámica de la migración está cambiando a lo largo de México, pero lo que no parece mejorar es la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas más vulnerables.
