Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
La lucha del Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) tiene raíces profundas, que se aferran al derecho que tienen las y los estudiantes de gozar de espacios de verdadera participación estudiantil, así como de una educación pública, laica y de calidad.
Ya han pasado dos meses del inicio de esta nueva etapa de la lucha estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y aún no se mira el final de esta crisis.
Con el objetivo de buscar una solución negociada a la situación que tiene paralizada la máxima casa de estudios del país, las y los estudiantes aglutinados en el MEU presentaron una propuesta ante una comisión especial del Congreso Nacional.
El documento fue respaldado por miles de firmas y contiene las principales demandas estudiantiles, entre otras, instalar una Asamblea Constituyente Universitaria y un Gobierno Universitario Provisional, así como garantizar una educación pública, laica y de calidad.
También piden recuperar los espacios de participación estudiantil y garantizar que sus representantes sean electos de la forma más democrática y transparente posible, a través del voto directo del estudiantado.
Asimismo, exigen el fin de la criminalización y judicialización de la protesta, así como que pare la persecución y represión contra las y los estudiantes.
Actualmente hay 45 jóvenes con procesos judiciales. Para tres de ellos -Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa- el Ministerio Público, la Procuraduría de la República y los abogados de la UNAH pidieron tres años de prisión.
Además, hay 19 estudiantes expulsados de la universidad por 5 años.
La protesta estudiantil ha sido constantemente reprimida, tanto por las fuerzas de seguridad pública como por guardias de seguridad privada, al tiempo que los acuerdos firmados en diferentes ocasiones con las autoridades universitarias fueron sistemáticamente irrespetados por la actual rectora Julieta Castellanos.
La última vez, el pasado 16 de agosto, los cuerpos especiales de la Policía se ensañaron contra los estudiantes -varios de ellos en huelga de hambre- haciendo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza.
Autoritarismo y falta de diálogo
“Quieren privatizar la educación”
“En Honduras el autoritarismo ha copado todos los espacios institucionales. Lo que está ocurriendo en la UNAH no es más que el reflejo de este ejercicio dictatorial”, dijo a La Rel, Bertha Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh).
“Tenemos una rectora que no ha sido electa por méritos académicos sino por acuerdos políticos y que, obviamente, está obedeciendo a quienes la pusieron en este cargo. Esto explica mucho de lo que está pasado”, manifestó Oliva.
La defensora de derechos humanos explicó que detrás del conflicto está la firme intención del actual gobierno de privatizar la educación pública.
“Hay toda una campaña de criminalización y estigmatización de las y los estudiantes, pero aquí no se trata de ver si son buenos o malos, sino la legitimidad de sus demandas.
Las autoridades universitarias no han querido implementar un verdadero diálogo, sino medir fuerzas, enseñar las garras y sacar el músculo contra quienes se han atrevido a desafiar la dictadura”, aseveró Oliva.
Masacre de estudiantes
Más de 20 mil asesinatos
Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, unos 21 mil estudiantes habrían sido asesinados entre 2010 y 2016. La mayoría de ellos y ellas cursaba la escuela secundaria.
El Observatorio ha documentado también que son más de 20 los estudiantes menores de 18 años asesinados en lo que va del año.
“Hay una exhibición exagerada del poder político y represivo, tanto de parte de las autoridades universitarias como de las autoridades impartidoras de justicia.
Eso deja a las y los estudiantes en la indefensión, consolidando aún más el concepto de que solamente quien tiene el poder tiene la justicia”, advirtió la coordinadora del Cofadeh.
Para Oliva, en la UNAH existe un “problema brutal de derechos humanos”, que se ha venido arrastrando desde que la actual rectora asumió el cargo.
“A las demandas legítimas se ha respuesto con el uso excesivo del poder, la persecución y la criminalización. Esto no lleva a nada.
No sé si el diálogo con la comisión del Congreso sea la herramienta más adecuada para encontrar una solución al conflicto, pero esta escalada de violencia hay que pararla ya”, concluyó Oliva.
Fuente: Rel-UITA
