Las Vegas, Santa Bárbara.- Como parte de la labor de acompañamiento legal y defensoría de derechos humanos en favor de las víctimas, procuradoras del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), interpusieron el martes 18 de junio ante la Fiscalía Regional de Santa Bárbara una denuncia y demanda de investigación en el caso del profesor Byron Roberto Rodríguez Enamorado.
El docente Rodríguez Enamorado, fue agredido brutalmente por unos 7 efectivos del comando TIGRES la mañana del jueves 13 de junio, durante una toma pacífica registrada en la comunidad 6 de Mayo, del departamento de Santa Bárbara.
La denuncia interpuesta por el COFADEH señala que fue golpeado repetidamente con toletes, recibió patadas y puñetazos por todo el cuerpo por parte de varios agentes armados. Debido a los golpes recibidos y al spray lacrimógeno que los agentes le rociaron en los ojos, el maestro perdió el conocimiento en varias ocasiones, y fue lanzado al río Chamelecón por los agresores.
En otras diligencias realizadas por el COFADEH en los tribunales de Santa Bárbara, sobre el caso donde fueron criminalizados los defensores de derechos humanos Ovidio y Faustino Enamorado Guillén , acusados por la Fiscalía, de incendio agravado en perjuicio de la municipalidad de Las Vegas, la Corte de Apelaciones confirmó el auto de formal procesamiento por el delito de incendio agravado y además resolvió el sobreseimiento provisional por el delito de daños. El curso del proceso continuará con la audiencia preliminar, previo al desarrollo del juicio oral y público.
Los hechos del incendio donde se señala que fueron personas “infiltradas y encapuchadas”, se produjeron el 18 de junio de 2018, como parte de una jornada de protestas donde el pueblo de Las Vegas, demandó la no privatización de las fuentes de agua de la comunidad y condenó el fraude electoral de noviembre de 2017, que facilitó el continuismo de Juan Orlando Hernández.
Producto del incendio en al menos 3 oficinas de la municipalidad, la Fiscalía de Santa Bárbara acusó a 31 personas del hecho, que cuentan con medidas sustitutivas a la prisión y que esperan el desarrollo del juicio oral y público.
Tanto Faustino Enamorado Guillén , defensor de las comunidades indígenas lencas de Santa Bárbara, como su hermano Ovidio Enamorado Guillén , representante regional del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), no participaron en la acción delictiva del que se habla y no existen indicios ni pruebas que ellos hayan promovido ni tenido participación en el delito por el cual se les acusa.
El COFADEH sostiene que la única acción realizada por los señalados, consistió en documentar las violaciones a derechos humanos que cometieron agentes policiales en contra de un grupo de manifestantes que planteaban una serie de demandas a las autoridades edilicias.
Debido a las denuncias expuestas por ambos defensores en los entes de investigación, relacionadas a la desaparición y muertes violentas de jóvenes y al trabajo beligerante de ambos en su labor de defensoría, se cree que existe confabulación del régimen de Juan Orlando Hernández, las autoridades edilicias de Las Vegas, la Fiscalía y la Policía, para criminalizar a ambos, por su labor en defensa de los derechos humanos.
De hecho, los hermanos fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en el municipio de Ilama, Santa Bárbara, en el que permanecieron de septiembre a noviembre de 2018, y donde fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
“Se está utilizando al sistema judicial para criminalizar a estos defensores y así pues obstaculizar la labor que ellos realizan y que estén injustamente sometidos a un proceso penal”, señaló la abogada Karol Cárdenas, del Área de Acceso a Justicia del COFADEH.
Por último, en los tribunales de Comayagua, se realizaron diligencias en torno al caso que enfrentan 3 personas de la Empresa Campesina 11 de marzo, localizada El Rincón Grande, El Porvenir, Siguatepeque, que están criminalizados por los delitos de usurpación y rotura de un terreno de vocación forestal. El juez de primera instancia les dictó auto de prisión por dichos delitos, sin embargo el COFADEH apeló el fallo, pero la Corte de Apelaciones, lo declaró sin lugar el recurso y decretó auto de formal procesamiento por los dos delitos. Los campesinos enfrentan el proceso judicial en libertad.
El expediente regresará de la Corte de Apelaciones al Juzgado de Primera Instancia en donde se señalará la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar, antes de enfrentar el juicio oral y público correspondiente.
