Comayagua.- El 11 de diciembre de 2020 el defensor indígena lenca e integrante del Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz, Honduras (MILPAH), Víctor Vázquez, fue detenido junto al líder campesino e integrante de la base campesina Nueva Esperanza, José Santos Vijil, y judicializados por defender la tierra, el territorio y por acompañar los procesos de lucha campesina en La Paz.
Ambos líderes fueron acusados por los delitos de desplazamiento forzado, robo agravado y daños, de los cuales los dos últimos fueron sobreseídos.
Pero en este caso, la Jueza Anahí Lariza Jovel Quiñónez, el 16 de diciembre de 2020 emitió una resolución de auto de formal procesamiento por el delito de desplazamiento forzado y prisión preventiva contra Víctor Vásquez y José Santos Vijil Girón.
Nueve meses después se realizó el juicio oral y público en su contra, mismo que fue suspendido porque la parte acusadora no citó a sus testigos, señaló la defensa de Vásquez y Vijil.
El abogado Roger Medina, quien forma parte de la defensa de los líderes campesinos e indígenas, señaló que se llevó a cabo la audiencia de juicio oral y público de Víctor Vásquez y José Santos Vijil, acusados por el delito de desplazamiento forzado, una nueva figura en el nuevo Código Penal de “la impunidad”.
“se inició el juicio, nosotros pedimos que se reprogramara la audiencia en virtud de que existe un recurso de amparo presentada por una resolución que dictó la Corte de Apelaciones, en donde ratifica la resolución del Juez de Letras de decretar el auto de formal procesamiento por el delito de desplazamiento forzado”.
Agregó que a pesar de su petición, el juicio se llevó acabo, pero se suspendió para el 13 de octubre a las 10:00 de la mañana en virtud de que el Ministerio Público no pudo citar a sus testigos, no es un problema de nosotros, nosotros trajimos nuestros testigos, y en ese sentido se van a hacer las citaciones mediante edictos para que estén el 13de octubre y poder seguir con el proceso”.
El abogado señaló que hay una intención del Ministerio Público de confundir o perjudicar al tribunal, al pretender que declararan los testigos de la defensa, cuando el orden de acuerdo al artículo 325 es que primero declaran los del Ministerio Público.
“Ya dice el artículo 325 del Código Procesal Penal, en qué orden se van a evacuar los medios de prueba, en primera instancia los del Ministerio Público y después de la defensa, pero la Fiscalía quería que se evacuaran las pruebas de la defensa sin que se evacuaran los testigos de ellos, entonces se estaría violentando el debido proceso”.
“El derecho a la defensa y el estado de inocencia de nuestros representados, y por eso declaró con lugar lo planteado por nosotros como abogados en defensa de los señores José Vijil y Víctor Vásquez, y en ese sentido se reprogramó la audiencia”, añadió.
Señaló que es preocupante que el tribunal desconozca el contexto jurídico de lo que es la recuperación de la tierra, según la Reforma Agraria, y no un conflicto como cualquier otro donde existen ocupación de la tierra cuando se haya hecho el procedimiento legal.
“En este caso todas las solicitudes se han hecho ante el Instituto Nacional Agrario, tanto del dominio pleno del grupo campesino como de la personería jurídica, entonces nos preocupa esa situación de parte del tribunal o, debe ser más flexible para que los derechos humanos en el contexto conozcan este caso por ser Víctor Vásquez defensor de derechos, y José Santos Vijil un campesino que lo que ha hecho es solicitar la reivindicación de la tierra, según la Reforma Agraria y no un delito como lo quiere plantear el Ministerio Público”.
Hasta el Tribunal de Comayagua fueron trasladado Víctor Vásquez y José Santos Vijil, que tienen más de nueve meses privados de su libertad.
“Dios sabe todo los procesos que hemos hecho y es parte de la lucha social, parte de la defensa de los territorios, y tenemos que estar nosotros dispuestos a lo que se venga”, expresó Víctor Vásquez.
Añadió que “el tiempo nos dará la razón del trabajo que hicimos nosotros de una u otra manera, nos hemos separado de nuestros hijos, de nuestra familia, es parte de la criminalización, entonces eso ya lo teníamos como en el banco, teníamos mucha demanda y criminalización por las luchas que hemos hechos”.
Desde que pusieron en vigencia el Código Penal se denunció que era para quitar de enmedio a los defensores de la tierra y el territorio, para que no lucharan y no fueran un obstáculo para que el régimen venda el país a pedazos.
“Sacaron esa causa para criminalizarnos a nosotros, yo soy uno de los primeros con el nuevo Código que está siendo juzgado, entonces sabemos nosotros que vamos a luchar por nuestros hijos, por nuestra generación”.
José Santos Vijil señaló que a pesar de todo lo que han vivido, tener el apoyo de tanta gente y organizaciones, lo hace sentirse bien. “Me siento bien y gracias a ustedes que están haciendo este trabajo específicamente, gracias Dios porque ustedes siempre están siguiendo nuestro caso, nosotros hemos estado escuchando informaciones en el programa que tienen el sábado y eso a nosotros nos satisface porque estamos enterados de qué forma ustedes están trabajando en denunciar el caso de nosotros”.
“Tengo 10 meses de estar privado de libertad, yo pertenezco a la base Nueva Esperanza, un grupo de campesinos indígenas lencas, entonces nos sentimos motivados en esta audiencia de juicio oral y público.
Uno de los departamentos más afectados es La Paz, en cuanto a criminalización y ataque hacia defensores de la tierra y territorio. El 90 por ciento de su población es indígena lenca.
Desde 1994, Honduras es signatario del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (C169- OIT), sobre los pueblos indígena y tribales, por lo que debe proteger a la población indígena.
Y desde 2015 entró en vigencia la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales, Abogados y Operadores de Justicia, que incluye a los defensores de la tierra y el territorio.
