San José, Costa Rica.
El pasado 23 de abril, Eduardo Urbina —estudiante hondureño, víctima de criminalización en su país—, fue puesto en libertad tras haber pasado más de un mes retenido por las autoridades de Costa Rica, a la espera de que el Estado resolviera la solicitud de refugio que había interpuesto.
En virtud al análisis de los hechos y la prueba, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, reconoció el estatus de refugiado en atención al riesgo que corre Eduardo por su rol como activista político, dirigente estudiantil, y defensor de los derechos humanos en Honduras.
Luego de múltiples amenazas y actos de intimidación, Urbina llegó a Costa Rica, escapando de la represión en el contexto de la crisis que inició en noviembre pasado a partir de las elecciones presidenciales, meses antes también se había criminalizado a decenas de estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Como se plasma en la resolución que reconoce su condición de refugiado, en un claro acto de persecución; el gobierno de Honduras le imputó a Eduardo delitos por hechos ocurridos cuando él ya se encontraba en Costa Rica y formalizó una solicitud de extradición que implicó su privación de libertad.
“Este hecho refleja la hostilidad con la que el gobierno de Honduras criminaliza a personas que han decidido sacar la voz por un país en el que no existen las mínimas garantías de protección a los derechos humanos. Celebramos que en el entendimiento de dicha situación, el gobierno de Costa Rica haya reconocido su condición de refugiado” manifestó Berta Oliva, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH).
Marcia Aguiluz, Directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL destacó que “el riesgo que ha sido valorado en el caso de específico de Eduardo, se enmarca en un contexto de violencia y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos en Honduras. Es indispensable que se ponga un alto a la represión y la criminalización y que el Estado garantice el derecho a defender derechos humanos”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) como organizaciones que han monitoreado, acompañado y representa legalmente su caso en conjunto con otras, saludan esta decisión que, de conformidad con las obligaciones internacionales, busca salvaguardar la vida e integridad de Eduardo y contribuyen a reconocer y fortalecer el rol indispensable que las personas defensoras de derechos humanos tienen en las sociedades democráticas.
