La Ceiba, El Progreso, Tegucigalpa, San Pedro Sula y San José.- El pasado 29 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solicitó al Estado de Honduras brindar información sobre la situación de personas privadas de libertad en el marco de la emergencia de salud por COVID-19. La solicitud se dio en el marco de la supervisión de cumplimiento de las sentencias dictadas por el Alto Tribunal en los casos Alfredo López Álvarez y Pacheco Teruel y otros vs. Honduras, emitidas en 2006 y 2012 respectivamente.
En estas sentencias, la Corte Interamericana ordenó al Estado hondureño adoptar medidas para mejorar sustancialmente las condiciones, especialmente físicas y sanitarias, en los centros penitenciarios; evitar la sobrepoblación y hacinamiento; así como garantizar a la población privada de libertad atención médica y acceso a la alimentación, entre otras cuestiones.
A la fecha; sin embargo, el Estado de Honduras no ha cumplido con estas medidas, y las deficiencias estructurales en el sistema penitenciario persisten en todo el país, como demuestra el estado de emergencia decretado desde diciembre de 2019, por el cual se militarizó la gestión y administración de las cárceles. Todo ello se agrava frente a la emergencia de salud por la propagación del coronavirus.
Las organizaciones firmantes y representantes ante la Corte IDH, sostenemos que el incumplimiento estatal en estos casos ha dejado en grave situación de vulnerabilidad a las personas privadas de libertad, cuyos derechos a la salud, a la integridad y a la vida se ven profundamente impactados frente a la pandemia.
La situación de sobrepoblación y de falta de servicios de salud adecuados queda aún más expuesta por la crisis propiciada por el COVID-19. Pese a que el Estado ha adoptado algunas medidas para atender a la población penitenciaria, estas acciones se han implementado sin garantizar el acceso a información pública y han demostrado ser insuficientes, como evidencian la propagación del coronavirus en el interior de varios centros penitenciarios del país y los dos fallecimientos que han sido reportados por esta causa.
Es así que se desconoce cuántas pruebas se han realizado para detectar contagios en las cárceles; cómo se implementan medidas de aislamiento y distanciamiento físico en las condiciones de exceso de población; o si todas las personas privadas de libertad cuentan con insumos de protección.
Además, aunque se han liberado más de mil personas para disminuir el hacinamiento, se desconoce la proporción que estas liberaciones representan respecto de la población en cada centro, así como la cantidad total de solicitudes de liberación y cuántas han sido denegadas, lo cual limita la posibilidad de evaluar la efectividad de esta medida. Preocupa que, en casos de personas en prisión preventiva por razones políticas o criminalizadas por su labor de defensa de derechos humanos, las medidas de prisión domiciliar estén siendo negadas, lo cual genera duda sobre los criterios utilizados por las autoridades para lograr el descongestionamiento de los centros penitenciarios.
Aunado a los contagios de COVID-19, también es de preocupación que en los últimos días se han presentado dos amotinamientos en la Penitenciaría Nacional Femenil de Adaptación Social, donde se encuentran privadas de libertad alrededor de 1.300 mujeres, algunas conviviendo con niñas y niños.
Por su parte, las medidas de cierre de las cárceles y las restricciones de las visitas han implicado que las organizaciones de derechos humanos veamos imposibilitada nuestra labor de monitorear adecuadamente la implementación de las acciones anunciadas por el Estado intramuros.
En este contexto, señalamos que al incumplir con lo dictado por la Corte IDH y no garantizar adecuadas condiciones de detención, el Estado de Honduras ha expuesto la salud, vida e integridad de la población privada de la libertad durante la actual crisis sanitaria.
Frente a estos hechos y la falta de información confiable, veraz y oportuna, la Corte IDH requirió al Estado de Honduras brindar información sobre la situación de las personas privadas de libertad y las medidas adoptadas en el manejo de la pandemia en los centros de detención. El Estado tiene plazo hasta el viernes 08 de junio para brindar esta información al Tribunal.
