Corte IDH evaluará información brindada en torno al indulto a Alberto Fujimori

Presidente del organismo internacional indicó que se evaluará la información brindada por las partes en torno al indulto a Alberto Fujimori

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizó una audiencia para analizar el cumplimiento de las sentencias sobre los casos Barrios Altos y La Cantuta, tras el indulto que se le otorgó al ex presidente Alberto Fujimori en diciembre último.

El programa de la Corte IDH contempló dos audiencias. En la primera, que se inició a las 9:30 a.m. (hora peruana), se vio el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional. Tras esto —desde las 12 de mediodía (hora peruana) y hasta la 1:34 p.m.— se dio paso a la evaluación de lo referido a los casos Barrios Altos y La Cantuta para evaluar si el Estado peruano ha cumplido con lo dispuesto por la Corte IDH.

La jornada forma parte del 121 Período de Ordinario de Sesiones del mencionado tribunal internacional, que comenzó el 29 de enero y culminará el 9 de febrero.

La corte escuchó los argumentos de los abogados del Estado peruano,
Jorge Villegas y Adrián Simons, así como de representantes de las víctimas de las citadas matanzas, entre ellos Carlos Rivera y Gloria Cano.

“Al condenado Fujimori se le ha otorgado un indulto humanitario por razones médicas, por padecer de graves enfermedades permanentes y porque la prisión agrava la condición médica y puede ocasionarle la muerte”, dijo Villegas.

“El indulto es contrario a las obligaciones internacionales del Estado peruano, es arbitrario e ilegal”, sostuvo a su turno Carlos Rivera, abogado de familiares de víctimas.

La defensa de Alberto Fujimori no fue admitida para participar, pero había anunciado el envío por escrito de su posición frente al indulto humanitario que recibió el ex jefe del Estado en diciembre pasado.

“No hay ninguna falta a los compromisos asumidos. Se tiene que hacer sopesar el hecho de la ejecución penal y la protección de los derechos fundamentales”, dijo a El Comercio Miguel Pérez Arroyo, abogado del ex presidente.