Tegucigalpa.- Durante la emisión del programa radial “Voces Contra el Olvido” del sábado 21 de enero de 2023, la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, anunció que el estado de Honduras enfrentará un nuevo juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) con sede en San José, Costa Rica.
Honduras enfrentará juicio los días 6 y 7 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, por la violación que se generó con la cancelación de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, donde el único que votó a favor de los intereses de la dictadura, es el que está ejerciendo como Fiscal General de la República, informó Oliva.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) conocerá el caso sobre la destitución ilegal y arbitraria de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras. Ellos son: José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, José Francisco Ruiz Gaekel y Rosalinda Cruz Sequeira.
Los magistrados fueron destituidos el 12 de diciembre de 2012. Dicha destitución fue calificada como arbitraria e ilegal puesto que el Congreso Nacional de aquel momento carecía de competencia y de poderes para tal acción.
La destitución se ejecutó sin invocación de causa legal, sin debido proceso, y fue llevada a cabo por el Congreso, órgano que carecía de competencia para ello y en clara violación del principio de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, según consta en el expediente en poder de la Corte-IDH.
Los cuatro Magistrados habían sido oportunamente designados para ejercer el cargo por el período de 7 años, desde el 25 de enero de 2009 al 25 de enero del 2016.
Los magistrados separados de sus cargos expresaron que: “la destitución fue un acto de represión por parte del Congreso Nacional motivado en la disconformidad que le generaron varias sentencias de inconstitucionalidad que emitimos y en nuestra negativa a ceder frente a las presiones y exigencias del entonces Presidente de la República –don Porfirio Lobo Sosa– y del entonces Presidente del Congreso Nacional –Juan Orlando Hernández– actual Presidente de la República de Honduras”.
Por otra parte los togados destituidos manifestaron que: “La destitución arbitraria fue además un grave ataque a la democracia y al principio de separación de poderes. Todas las personas que viven en Honduras resultaron víctimas de este atropello, ya que quedaron a merced de un gobierno capaz de destruir el órgano cuya principal misión es la defensa de sus habitantes. Mediante ese acto, el Poder Legislativo –con la connivencia del Poder Ejecutivo y del Presidente de la CSJ– destruyó el órgano que tiene asignada constitucional y legalmente tanto la misión de verificar y ser el intérprete último y definitivo de la constitucionalidad de las leyes, como el respeto de los derechos y libertades fundamentales por la vía del recurso de amparo”.
Otro tema como el de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), que está prevista a realizarse por parte del Congreso Nacional el próximo 25 de enero, fue abordado en el programa radial con la participación del vice ministro de Educación, ex presidente del Colegio de Pedagogos de Honduras (Colpedagogosh) e integrante de la coordinación nacional de la Convergencia contra el Continuismo (CCC), Edwin Hernández.
En principio Edwin Hernández calificó como un “ataque furibundo” de esta semana, el protagonizado por sectores de la derecha ultraconservadora en contra del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
“Se pretende deslegitimar desde ahora el Congreso Nacional para en su momento deslegitimar la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ). A eso están apostando, advirtió el funcionario.
¿Y por qué están apostando hasta ahí?, se preguntó, al tiempo que respondió: Basados en esa política de imposición en el seno del partido Nacional y de sus fuertes represalias contra aquellos que no siguen una línea partidista que viene desde un grupo delincuencial al interior de ese partido, pretenden entonces crear pánico en éstos diputados del partido Nacional para que no voten por el arreglo que pueda haber por una verdadera Corte Suprema de Justicia (CSJ), expuso el pedagogo y vice ministro de Educación del actual gobierno.
Cuando hablamos de arreglo no es la simple repartición de puestos sino que buscar los hombres y mujeres más idóneas para conducir la Corte Suprema de Justicia, dijo.
Hernández destacó que por primera vez en la historia, un grupo selecto de hondureños y hondureñas han querido hacer las cosas bien en la Junta Nominadora, para seleccionar a los más capaces para integrar el máximo tribunal de justicia del país.
“Y eso es lo que les preocupa a estos sectores de la ultraderecha nacional y a los amigos de la narco-dictadura, porque saben que la fiesta se les terminaría, y probablemente varios de éstos sectores están pujando por desacreditar la labor que está haciendo el Congreso Nacional”, interpretó el funcionario.
En torno a las muertes violentas del sector de Guapinol, el entrevistado manifestó que eso no es otra cosa que crear terror en la población, y anunció que más temprano que tarde se tendrán que ir las compañías extractivas que operan ahí y que tanto daño están haciendo en el departamento de Colón.
El vice ministro de Educación expresó que todo lo que está ocurriendo proviene de sectores que pretenden desestabilizar el país y poner en riesgo los derechos del pueblo.
Hernández señaló que el pueblo hondureño se encuentra en alerta y dando seguimiento a los acontecimientos que están sucediendo.
“El posicionamiento de la Convergencia contra el Continuismo no es otra cosa más que hay que alertar, que hay que cerrar las filas para acompañar el bello trabajo de la Junta Nominadora y para defender la democracia en el país”, sostuvo.
En estos momentos coyunturales a la derecha no le queda de otra que hacerse a un lado pero se resisten, manifestó.
“Ellos quieren mantenerse para defender sus intereses pero sobre todo evitar lo que va a ser inevitable en algún momento, como es la ida a la cárcel de parte de ellos”, advirtió.
Por su parte Bertha Oliva dijo que no hay duda que estamos en el preludio de tener una nueva Corte Suprema en donde nuestra apuesta, nuestro sueño es que se enfoque a valorar quiénes tienen conocimiento, apropiación y compromiso con los derechos humanos.
En un país como el que tenemos, después de una dictadura tan feroz que violentó los derechos humanos y la Constitución de la República, que se mantuvo a la fuerza ilegalmente en el poder, es lógico que lo que más se requiere son expertos comprometidos con el abordaje de los derechos humanos.
“Si queremos levantar a Honduras no podemos estar nunca de acuerdo con ningún violador de los derechos humanos, sino que apostarle a ir adecentando esa pudrición que se ha manejado en el sistema de operadores de justicia”, manifestó.
Por eso no se puede entender el cinismo con que los operadores de justicia abordan los casos que se presentan desde el Ministerio Público (MP) con una línea para liberar a los que cometieron los delitos que eran parte del golpismo y someter a los que se opusieron.
“No entendemos, no hay argumentaciones válidas. Por eso es la urgencia de tener nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema y es urgente también que en el Congreso Nacional, hagan revisión de que, los que fueron seleccionados por la Junta Nominadora, realmente tengan un compromiso con el tema de los derechos humanos”, expuso.
Hay que tener mucho cuidado. Hay gente que hace justificaciones en el marco de la legalidad para que se queden los perpetradores de la impunidad. Y la lucha debe ser evidenciar a los perpetradores, llevarlos ante los tribunales y que haya jueces y magistrados que no les tiemble la mano para castigarlos, comentó.
Porque de lo contrario continuará el desfile ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Continuará Honduras enfrentando juicios como el próximo que está por enfrentar el 6 y 7 de febrero en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica por la violación que se generó con la cancelación de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, donde el único que votó a favor de los intereses de la dictadura, es el que está ejerciendo como Fiscal General de la República.
Por su parte Edwin Hernández dijo que aún persisten estructuras en el poder judicial que defienden a los actores intelectuales y materiales que han perpetrado crímenes de lesa humanidad en los últimos 12 años de la dictadura de Juan Orlando Hernández.
“Necesitamos urgentemente un cambio de timón en la Corte Suprema de Justicia y los cuadros intermedios para que verdaderamente se haga lo que se tiene que hacer. No estarle negando la justicia a los familiares de las víctimas”, sostuvo.
La Convergencia contra el Continuismo (CCC) en rueda de prensa desarrollada el pasado 18 de enero manifestó que: “Instamos a los diputados del Congreso Nacional a que elijan una Corte Suprema de Justicia que responda a las ansias de la sociedad hondureña de desmontar la estructura de criminalidad que ha caracterizado al poder judicial, para que sea independiente de otros poderes, fácticos o formales, que se sustente en la institucionalidad del Estado de derecho y escuche y atienda a los clamores de justicia de la sociedad hondureña y especialmente de los amplios sectores que han sido víctimas de la impunidad y la corrupción. Insistimos, demandamos que en esta elección queden fuera los reducidos grupos que históricamente han manoseado la justicia hondureña”.
