El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, presentó Recurso de Inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el Decreto Legislativo 252 – 2013 que generó el conflicto en Guapinol, Tocoa, Colón, que hoy tiene en prisión a 12 defensores de la vida.
A iniciativa del exdiputado nacionalista por Colón, Ricardo Antonio Diaz, y bajo el pretexto de ampliar la zona de amortiguamiento del Área Protegida Parque Nacional Montaña de Botaderos, el Congreso Nacional aprobó con dispensa de dos debates, la reducción de su zona núcleo en 217 hectáreas, mismas que coincidentemente fueron entregadas en concesión minera, al empresario Lenir Pérez y su esposa Ana Facussé, propietarios de Inversiones Los Pinares.
El otorgamiento de ambas concesiones en área restringida para la minería, por ser zona de recarga hídrica, según el Plan de Manejo del parque, provocó la indignación de la población que desde entonces se mantiene movilizada en defensa de ese bien común, desatándose una campaña de desprestigio, intimidación y persecución en su contra.
Las denuncias de los pobladores ante el Ministerio Público no encontraron respuesta; que si atendió con diligencia a los empresarios, presentando dos requerimientos fiscales ante Juzgados de Jurisdicción Nacional que tratan delitos de criminalidad organizada, contra 32 defensores del área protegida, para quienes solicitó libramiento de órdenes de captura como si se tratase de delincuentes.
Doce defensores criminalizados que se presentaron voluntariamente, fueron enviados a prisión desde la noche del sábado por el juez de Jurisdicción Nacional, Víctor Méndez, quien anticipó su decisión, violando su obligación de ser imparcial.
Siendo que el Decreto Legislativo 252 – 2013, presentado, dictaminado, discutido, aprobado, sancionado y publicado en sólo 23 días, determina el origen del conflicto en la comunidad de Guapinol y que el mismo se aprobó sin seguir el procedimiento que manda la Constitución de la República, el Recurso de Inconstitucionalidad busca que la Sala de lo Constitucional haga justicia con su fallo, a quienes defienden con su vida los bienes comunes de la naturaleza.
Tegucigalpa, 25 de febrero del 2019.
