Tegucigalpa. – La Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción por unanimidad de votos confirmó el Auto de Formal Procesamiento y ordenó por mayoría que se dicte Prisión Preventiva para el Coronel de las Fuerzas Armadas de Honduras, Víctor Alonzo Ponce Martínez, resolución confirmada luego del Recurso de Reposición que fue declarado Sin Lugar.
En su parte resolutiva, los Magistrados confirmaron el delito de Falsificación de Documentos Públicos en perjuicio de la Fe Pública y reformaron el delito de Abuso de Autoridad por el delito de Violación de los Deberes de los funcionarios en perjuicio de la Administración Pública.
Además, se revocó el Sobreseimiento Definitivo por el delito de Homicidio y asimismo se ordena al Juez de Primera Instancia que proceda a emitir el correspondiente Auto de formal Procesamiento y por último se declara Sin Lugar el Sobreseimiento Definitivo peticionado por la Defensa del imputado.
El Tribunal de Alzada apreció en su fundamentación “que en este caso la autoría por estimar la existencia de indicios que el acusado se encontraba en la posición de oficial de mayor jerarquía y de jefe del pelotón para dar o proferir la orden de disparar o en todo caso de revocarla, se ha acreditado la existencia de una determinada estructura antimotines y dependencia jerárquica y se demostró indiciariamente que efectivamente hubo contacto o relación temporal compatible entre el Coronel Ponce, con la cadena de oficiales de menor rango presentes en el lugar de los hechos, relación de la que, en conjunción con el anterior elemento se puede deducir que existió la orden de disparar”.
Los hechos señalados en el Requerimiento Fiscal presentado en fecha 13 de febrero de 2024, suponen que el acusado es responsable de la comisión de cinco delitos de Homicidio, en perjuicio de los jóvenes Víctor Evelio Martinez Álvarez, Roger Alberto Vásquez Reyes, José David Ramos Lambert, Mauricio Yonathan Echeverria Hernández y Michael Yair Ponce Sauceda, quienes protestaban por el resultado de las elecciones del año 2017 y la reelección presidencial, en una zona del departamento de Cortés.
Según el Ministerio Público, el 1 de diciembre de 2017 un grupo de pobladores protestaban en una de las calles de la colonia López Arellano de San Pedro Sula, seguidamente, el ahora acusado, al mando de 172 policías militares, llegó a la zona con el propósito de desalojar a los manifestantes.
Los hechos señalan que los manifestantes intentaban abrir paso al conductor de una rastra, quien expresó que llevaba un familiar enfermo y necesitaba llegar a un hospital.
En ese momento, los Policías Militares, siguiendo la orden superior, se ubicaron en posición de ataque, utilizando sus armas de uso oficial, abriendo fuego contra la humanidad de los protestantes, acción que cobró la vida de cinco personas, quedando sus cuerpos tendidos en la carretera.
Luego de hacer los disparos, los agentes militares comenzaron a perseguir a los pobladores, quienes, atrapados por el pánico, huían de las balas en todas las direcciones, propinándoles golpes con sus armas, toletes y patadas lo que provocó que otros resultaran heridos.
De acuerdo al Ministerio Público, los uniformados, siguiendo órdenes del coronel Víctor Alonzo Ponce Martínez, comenzaron a manipular el lugar de los hechos, recogiendo casquillos y colocando armas de fuego para hacer creer que los manifestantes portaban pistolas; sin embargo, la Fiscalía logró comprobar que eso nunca ocurrió.
También los uniformados tiraron tierra con sus pies a los charcos de sangre que habían quedado en el lugar, con la finalidad de ocultarlos.
