Tegucigalpa.- El 19 de mayo el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), El Comité Pro Liberación de los Presos Políticos y la Convergencia contra el Continuismo (CCC), enviaron “una nueva carta” a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para exponerle la realidad que enfrentan “los presos políticos” que se encuentran en condición vulnerable de contraer el coronavirus o covid19 en Honduras.
La misiva explica a manera de contexto que las circunstancias desfavorables de reclusión para más de 22 mil personas privadas de libertad, en los 24 centros penales hondureños, componen un foco de riesgo ante la pandemia del coronavirus COVID-19, debido a que, en un espacio carcelario que debería estar destinado para cuatro personas, hay hasta 9 y 11 internos, hay escasez de agua, falta de medidas de higiene y el personal penitenciario entra y sale de las prisiones continuamente.
Las cárceles son lugares cerrados y no cuentan con sistemas de ventilación porque su infraestructura es antigua, y las modernas son de máxima seguridad, además hay una tasa de ocupación carcelaria sobre poblada con más del 73 por ciento de su capacidad que es sólo para 8 mil reclusos
Las recomendaciones ante la pandemia son que las personas deben mantener distancia de 1.5 a 2 metros; esto es materialmente imposible en las celdas hacinadas. El otro tema es que, en los centros carcelarios, se atienden situaciones médicas básicas.
Únicamente hay un médico por cada mil privados de libertad, lo cual crearía otra problemática en caso de que se registrara un brote de covid19. Además de los traslados riesgosos tanto de reclusos como de custodios, como ya ocurrió en el centro Penal de Támara y en El Porvenir.
La carta resalta la recomendación hecha a los gobiernos por parte de Michelle Bachelet semanas atrás, donde llama a la excarcelación de “todas y cada una de las personas que están encarceladas sin suficiente base legal, incluyendo prisioneros políticos y otros detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, a fin de evitar “consecuencias catastróficas”.
Dichas recomendaciones, así como los llamados del Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura, han sido desoídas. Y la situación para los presos políticos se agrava, explica la misiva.
Los presos políticos defensores del ambiente del caso conocido como “Guapinol” son: José Daniel Márquez (de 42 años, sufre hipertensión, y no recibe un tratamiento adecuado.), Kelvin Alejandro Romero Martínez (de 30 años, sufre de hipertensión y ha desarrollado un cuadro infeccioso urinario que no ha sido tratado.), José Abelino Cedillo (35 años), Porfirio Sorto Cedillo (de 48 años, tiene problemas oculares y alergias que desarrolló en la prisión.).
Ewer Alexander Cedillo (de 28 años sufre de asma y no recibe tratamiento), Orbin Nahun Hernández (de 30 años sufre de jaquecas agudas, no recibe tratamiento), Arnold Javier Alemán Soriano (de 20 años, es alérgico y en los últimos meses, ha presentado cuadros graves y aunque está registrado en el archivo clínico del médico de la prisión, no recibe atención continua ni cuando la necesita). Todos ellos se encuentran recluidos en el Centro Penal de Olanchito, departamento de Yoro.
En este reclusorio, existen serios problemas de hacinamiento, falta de agua potable y falta de ventilación. La celda en la que están recluidos apenas tiene 12 metros cuadrados, y hay entre ocho y diez personas en la misma.
Los presos refirieron que tienen problemas para acceder a alimentos, que la atención sanitaria es deficiente y que no se toman medidas suficientes ni adecuadas para proteger a los internos frente a la ocurrencia y propagación de enfermedades al interior del centro penal.
En una situación similar se encuentra Jeremías Martínez (de 63 años), que forma parte de los ambientalistas de Guapinol, que está preso en el Centro Penal de La Ceiba. Jeremías padece un estado avanzado de úlcera gástrica, que requiere alimentación especial y que se le ha negado por la cuarentena extendida a causa del coronavirus.
Además de este padecimiento Jeremías Martínez sufre de “reflujo” que no le permite dormir acostado, permanece sentado durante día y noche y tiene infección en la próstata, esta última adquirida en prisión.
Entretanto, otros presos políticos como Felipe Antonio Esquivel y Víctor Joseph Castillo, que se encuentran privados de libertad en el Centro Penal de Choluteca, están en riesgo de contraer el coronavirus.
El centro penal de Choluteca, es un edificio antiguo con capacidad para 600 personas, pero alberga a mil 50 hombres y mujeres que viven hacinadas, con altas temperaturas que superan los 42 grados centígrados en verano. Aquí los principales problemas, aparte del hacinamiento, la deficiente alimentación, el acceso al agua, la atención médica y un sistema eléctrico deplorable, representa un riesgo permanente de incendio.
Otro de los presos políticos, es el joven docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, que presenta un cuadro depresivo agudo, y que después de permanecer recluido en una cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva, se encuentra ahora en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa, bajo custodia policial.
El COFADEH, la CCC y el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos le expresaron a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que “nos preocupa que el Estado no esté cumpliendo con sus recomendaciones, ya que tal y como usted expresó, mantener privados de libertad en condiciones de hacinamiento y sin acceso a servicios básicos y de salud durante esta pandemia, conlleva un alto riesgo para la vida y salud de estos; por lo que hacerlo, debería ser exclusivamente una medida de último recurso.
Todavía más preocupante es la situación de la mayoría de los presos políticos que tienen enfermedades crónicas vulnerables al covid19. Los brotes están llegando a las cárceles de Honduras. En dos de éstas, se han detectado casos una con resultados irreparables, sostuvieron los firmantes.
“Por la situación antes descrita le solicitamos respetuosamente que continúe insistiendo a los Estado y en particular al de Honduras, que adopte medidas en forma urgente para resguardar la vida y la integridad de todos los presos políticos en Honduras, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no han cometido delitos, han ejercido su derecho a la protesta y al legítimo ejercicio del derecho a expresar sus pensamientos respecto al régimen ilegitimo que usurpa el gobierno de Honduras”, expone la misiva.
Ver Carta: Comunicación Alta Comisionada de DDHH
