Tegucigalpa.- En vista de la emergencia sanitaria decretada a nivel mundial por la influencia letal del coronavirus, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió el 10 de abril, la Resolución 1/2020, titulada: “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”.
En dicha resolución, el organismo instó a los países del continente americano, a “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad”.
La CIDH solicitó a los estados miembros, dar prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
El órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) instó a los estados, a adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole requeridas, para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia.
Adicionalmente, la CIDH urgió al Estado a realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes que prevén la aplicación de beneficios de excarcelación.
“Asegurar que, en los casos de personas en situación de riesgo en contexto de pandemia, se evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión”, resalta la resolución 1/2020 emitida el 10 de abril.
En ese sentido el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) reiteró que la situación de los presos políticos y defensores de derechos humanos, que se encuentran privados de libertad, enfrentan una situación de gravedad y urgencia que podría derivar en pérdidas irreparables, a consecuencia del coronavirus en Honduras.
En una carta fechada el 13 de abril, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva planteó con suma preocupación al Relator Especial sobre Privados de Libertad de la CIDH, Joel Hernández, en torno a la condición de riesgo a la salud y la vida de los “presos políticos y defensores de derechos ambientales”, que permanecen recluidos en diferentes centro penales del país, en situaciones de precariedad, incrementadas a partir de las medidas sanitarias de emergencia aplicadas en Honduras, por la propagación del Corona Virus (covid19).
Por otro lado, la carta explicó al funcionario de la OEA, que el 24 de marzo, el COFADEH, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), el Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) con el objeto de que el Estado “sustituya la prisión preventiva, a favor de 12 líderes sociales, que guardan prisión en diferentes centros penales, centros de internamiento de menores y en hospitales psiquiátricos”.
Las víctimas potenciales de contagio por covid19 son José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el Centro Penal de Olanchito y en La Ceiba Jeremías Martínez Díaz, respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
El recurso también se interpuso a favor de Víctor Castillo, preso en el Centro Penal de Choluteca, del joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Hasta el momento la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), no ha emitido ninguna resolución respecto del recurso de Hábeas Corpus Correctivo interpuesto por el COFADEH y las organizaciones antes apuntadas.
Por otro lado y en relación a las condiciones de los centros de detención, en su informe de derechos humanos respecto a Honduras y publicado en octubre de 2019, la CIDH expresó su especial preocupación por las condiciones de detención que caracterizan las cárceles en Honduras, y que presentan riesgo a la vida e integridad de las personas privadas de la libertad.
“Dichas condiciones se caracterizan principalmente por alarmantes niveles de hacinamiento, falta de separación entre personas procesadas y sentenciadas, deficiente infraestructura, falta de higiene, y de servicios sanitarios y lugares dignos para pernoctar”
De igual forma, en los recintos penitenciarios prevalece la atención médica negligente, la alimentación insuficiente y de poco valor nutricional, el escaso e inadecuado acceso al agua, y la ausencia de programas efectivos de reinserción social, apuntó el informe.
Sobre la precaria situación de los servicios de salud en las cárceles hondureñas, la CIDH observó y fue informada sobre atención médica negligente provista en las cárceles hondureñas, derivada principalmente de la carencia del personal médico, falta de medicamentos y equipos, y de la dificultad de acceso a hospitales generales.
En ese sentido, el órgano autónomo de la OEA, advirtió que el hacinamiento, la falta de higiene e inadecuada ventilación, constituyen una seria amenaza para la salud de las personas detenidas.
Lo anterior, debido al incremento del riesgo de contagio de enfermedades de tipo infeccioso, tales como la tuberculosis. En particular, la Comisión cuenta con información sobre la presencia de esta enfermedad en las mega cárceles de Ilama y de Tolva, resaltó el informe de la CIDH de octubre de 2019.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.
Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal y tiene su sede en Washington, D.C. Fue creada por la OEA en 1959 y, en forma conjunta con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), instalada en 1979, es una institución del Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos (SIDH).
