Tegucigalpa.- La experta en derecho internacional de los derechos humanos, de nacionalidad costarricense, Marcia Aguiluz, brindó un análisis a www.defensoresenlinea.com, sobre las medidas adoptadas por el régimen de Honduras, el rol y comportamiento mostrado por las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Nacional (PN) en el marco de la crisis sanitaria generada por la pandemia del coronavirus y la condición vulnerable frente a un virtual contagio, que enfrentan defensores del ambiente que se encuentran privados de libertad.
Aguiluz instó al Ministerio Público (MP) a investigar las actuaciones de efectivos policiales y militares que vayan en contra de los derechos de la población y advirtió que el estado de excepción “no significa una carta abierta para la comisión de violaciones a derechos humanos”.
A continuación la entrevista:
Periodista: ¿Cuál es la situación actual de Costa Rica en medio de la propagación del coronavirus? ¿Cuantos contagios?, ¿hay fallecidos por el coronavirus?. Qué medidas ha adoptado el gobierno costarricense para enfrentar la pandemia?
Marcia: En Costa Rica al igual que en el resto del mundo, la situación es bastante complicada. Al día 25 de marzo sumaban 200 personas contagiadas, de las cuales dos, ya fallecieron lamentablemente y 4 cuatro se encuentran en condición crítica; en cuidados intensivos.
Desde hace varias semanas el gobierno viene tomando una serie de medidas que se han ido, digamos, acrecentando paulatinamente. Ya hace un par de semanas se había ordenado que la mayoría del sector público y privado que pudiese hacerlo, trabajara desde casa y cada día se han anunciado medidas más restrictivas; como el cierre de gimnasios, iglesias, restaurantes, de bares. Eso ha ido pasando paulatinamente.
El país está bastante paralizado. Los servicios públicos esenciales por supuesto están todavía abiertos, también hay acceso a supermercados por ejemplo y farmacias; eso no se ha cerrado.
Pero sí hay una recomendación muy fuerte del gobierno, de no salir de las casas y tratar de respetar las reglas de aislamiento que llaman. Afortunadamente, según ha dicho el Ministerio de Salud de nuestro país, no hay una transmisión comunitaria.
Básicamente éstas 200 personas que se han contagiado, es porque han estado fuera del país y han regresado o bien han tenido contacto con alguna persona que ha viajado. Entonces digamos que se conoce cuál es el nexo epidemiológico y por lo tanto, no hay transmisión comunitaria, que esa es una buena noticia en medio de todo. Cada día hay alrededor de entre 15 y 20 casos nuevos que se han identificado, entonces la situación es bastante compleja.
Pero claramente tenemos un gobierno que ha tratado de establecer planes de emergencia razonables, ya desde hace algunos días han prohibido la circulación en las noches, de 10:00 pm a 5:00 am y esto tiene el objetivo de evitar que la gente se vaya a bares, a restaurantes clandestinos o que haga visa social nocturna.
Pero más allá de eso, durante el día podemos circular libremente, solamente que hay una fuerte campaña de todos los medios de comunicación y del gobierno de no hacerlo, porque la medida que hasta ahora se ha probado más eficaz y efectiva; es indudablemente estar en casa y mantenerse aislado de otras personas.
Periodista: ¿Cómo evalúas la situación que enfrenta el pueblo hondureño, luego de leer el comunicado del COFADEH, sobre las violaciones que militares y fuerzas policiales han cometido contra poblaciones que buscan y demandan la dotación de alimentos y agua?. La policía ha dispersado protestas utilizando gas lacrimógeno y balas de goma contra las personas que demandan alimentos y agua.
Marcia: Bueno analizando las noticias que se están escuchado sobre Honduras, el toque de queda y las detenciones que se han dado en ese marco, con acusaciones de uso excesivo de la fuerza, como lo ha señalado el COFADEH, la verdad es que es tremendamente lamentable que en una situación de crisis como la que se vive ahora, la primera respuesta del gobierno hondureño sea el uso de la fuerza y la represión.
Claramente hay una situación muy compleja que no es única de Honduras, es una situación mundial, requiere de medidas extraordinarias, pero el gran reto no es usar al ejército para reprimir, sino generar una sensibilización y una consciencia en la población, para que respeten los lineamientos que permitan a toda la población estar segura.
Realmente me parece muy triste y muy fuerte, que se esté reprimiendo a personas que están saliendo, según entiendo a buscar alimentos, a buscar medicinas y por lo tanto están obligadas a hacerlo.
Entonces resulta evidentemente contraproducente; no pareciera que es una acción proporcional, y en todo caso, lo que está generando,( que son detenciones arbitrarias masivas) digamos es más conmoción social, pues claramente dichas medidas no son efectivas.
Creo que el gobierno debería revisar estas actuaciones y entender que la forma más exitosa de abordar esta problemática es a través del diálogo, de la sensibilización y de un trabajo coordinado con todos los sectores.
Si la población no tiene confianza en el gobierno, como lamentablemente ocurre en Honduras; pues difícilmente van a acatar, porque no hay legitimidad; y ese es uno de los principales desafíos. Si el gobierno quiere tener esa legitimidad, va a tener que abrirse a otros sectores de la oposición, a otros sectores críticos, a organizaciones expertas en este tema que puedan ayudar a diseñar un plan que realmente sea acatado por las mayorías.
Periodista: En una sociedad militarizada como la de Honduras, y tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas han tomado un rol protagónico en el manejo de la crisis sanitaria; a su juicio ¿cuál debería ser el rol que deben desempeñar los militares en medio de la crisis?
Marcia: El rol de los militares lamentablemente no debería ser el que está teniendo. El problema es que esto tiene raíces estructurales más fuertes, y es que se ha venido paulatinamente militarizando la sociedad y casi que la función pública.
Tenemos militares presentes en muchas instituciones públicas, liderando instituciones públicas, y esto ya es un problema.
Lo cierto es que ahorita uno podría pensar que tiene sentido que los militares por ejemplo ayuden a organizar o a construir hospitales, que realicen actividades de índole humanitario; pero no de represión; si no, se profundiza la crisis.
La angustia que la población tiene por la situación del virus, se suma a la angustia de no confiar en la institucionalidad, se suma a la angustia de que haya militares que están haciendo un uso excesivo de la fuerza y que claramente no están preparados para lidiar con esta situación .
Entonces, por supuesto que se tiene que replantear, ni siquiera en Estados Unidos los militares están haciendo un rol tan relevante como lo están teniendo en Honduras, y eso pues ya dice mucho.
Periodista: En un estado de excepción, como el que experimenta Honduras, ¿las violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del estado, pueden estar sujetas a persecución penal, una vez que se restauren todos los derechos constitucionales?
Marcia: El estado de excepción no significa una carta abierta para la comisión de violaciones a derechos humanos. Por supuesto que las personas son responsables, al menos internacionalmente; claro que sí que serán responsables.
El estado podría ser responsable, y en el caso a nivel nacional creo que, yo esperaría que el Ministerio Público (MP) esté vigilante y de oficio incluso inicie investigaciones respecto al uso excesivo de la fuerza.
Lamentablemente la institucionalidad hondureña no funciona con la independencia y la efectividad que se requiere para estos momentos, y habrá entonces que la comunidad de defensores y defensoras de derechos humanos tendrán que interponer las denuncias respectivas; pero claramente lo que hagan los militares, los funcionarios de la policía, no significa que tienen una inmunidad.
Entonces por supuesto podrían respetar algunas decisiones del gobierno, pero nunca haciendo uso excesivo de la fuerza, eso no se justifica y por lo tanto sí que podrán tener responsabilidad penal.
Periodista: Honduras cuenta con presos políticos, como el caso de los defensores del agua y los bienes comunes, de la comunidad de Guapinol en Tocoa, Colón, que están privados de libertad en Olanchito, Yoro.
También destaca el caso del joven docente Rommel Baldemar Herrera, que inicialmente estuvo recluido en la cárcel de máxima seguridad de Morocelí, El Paraíso y luego por intervención del COFADEH, está recluido en un hospital psiquiátrico. Herrera fue acusado de quemar llantas frente al portón principal de la embajada de Estados Unidos durante una protesta organizada por la Plataforma en Defensa de la Salud y la Educación.
Sobre este tema el Cofadeh y juristas de Latinoamérica han presentado un Hábeas Corpus Correctivo para que ellos puedan salir de la cárcel y del hospital psiquiátrico, para que enfrenten los juicios en libertad.
El Hábeas Corpus correctivo basa su solicitud ante la amenaza que existe, de que los “presos políticos” sean víctimas de contagio por efecto de la propagación del coronavirus.
¿Qué opinas de esta acción adoptada por los juristas y si existen otras acciones contempladas en los estándares internacionales para ventilar estos casos excepcionales de presos políticos?
Marcia: Es muy lamentable la situación de las personas que están privadas de libertad, defensoras y defensores de derechos humanos que no tienen que estar privados de libertad. No se justifica, lamentablemente en Honduras se está haciendo un uso indebido del derecho penal, no se investiga a quienes sí tiene que investigarse, pero se investiga indebidamente a personas defensoras de derechos humanos que luchan por el ambiente, que luchan por el territorio, que luchan por proteger los recursos naturales.
Esto ya es realmente condenable. En el caso de las personas que todavía permanecen privadas de su libertad, como los integrantes de la comunidad de Guapinol por ejemplo; claramente nunca se les debió aplicar la prisión preventiva. No se justifica.
Los supuestos para aplicar la prisión preventiva son supuestos que tienen que ser aplicados en una situación extrema. Esas personas no representan ningún peligro para la comunidad, no representan ningún peligro para el proceso y básicamente se les ha aplicado la prisión preventiva para sancionarlos por su labor de defensa de derechos humanos.
He tenido conocimiento de esta acción de Hábeas Corpus que han interpuesto diversas personas en Honduras, y juristas internacionales, y me parece que es una excelente acción, es una excelente iniciativa.
En contextos actuales en los que las personas privadas de libertad están aún en mayor riesgo que las personas que no lo están; no se justifica que defensoras y defensores de derechos humanos, asuman ese riesgo y que permanezcan en prisión.
Yo hago un llamado a las autoridades de la Sala Constitucional y de las autoridades penitenciarias inclusive, para que puedan revisar la acción de la medida de prisión preventiva y permitir que esas personas puedan obtener su libertad y pasar esta emergencia en sus casas con sus familias.
Si algo llegara a ocurrirle a estas personas que están privadas de libertad, indudablemente el Estado sería responsable de lo que les pase y podría generar una responsabilidad internacional y mayores consecuencias para el país.
