Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha reiterado que la situación de los presos políticos y defensores de derechos humanos, que se encuentran privados de libertad, enfrentan una situación de gravedad y urgencia que podría derivar en pérdidas irreparables, a consecuencia del coronavirus en Honduras.
Es por ello que ante la falta de respuesta oportuna por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respecto de una “pronta” resolución al Hábeas Corpus Correctivo presentado el 24 de marzo y a favor de defensores del ambiente y presos políticos, remitió una carta al Relator Especial sobre Privados de Libertad de la Organización de Estados Americanos (OEA), Joel Hernández.
En la carta fechada el 13 de abril, la Coordinadora General del COFADEH, Bertha Oliva plantea con suma preocupación la situación de riesgo a la salud y la vida de los presos políticos y defensores de derechos ambientales, que permanecen recluidos en diferentes centro penales del país, en situaciones de precariedad, incrementadas a partir de las medidas sanitarias de emergencia aplicadas en Honduras, por la propagación del Corona Virus (covid19).
Bertha Oliva solicitó al Relator de la OEA sobre los privados de libertad, que le haga un llamado al régimen de Juan Orlando Hernández para que el Estado de Honduras, adopte las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida, integridad personal y salud de los defensores de derechos humanos y opositores políticos, ordenando su excarcelación.
En la misiva se informa al Relator sobre las disposiciones del régimen relacionadas a la suspensión de las garantías constitucionales y el impacto en las personas privadas de libertad, a quienes se les han prohibido las visitas de sus familiares desde el 13 de marzo.
No está claro o se desconocen las medidas internas adoptadas para evitar el contagio del coronavirus en los centros penales o si la población penitenciaria cuenta con mascarillas y guantes para su protección.
Por otro lado, la carta explica al funcionario de la OEA, que el 24 de marzo, el COFADEH, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC), el Grupo de Litigantes contra la Tortura y la Impunidad para América Latina y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), interpusieron un Recurso de Hábeas Corpus Correctivo, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) con el objeto de que el Estado “sustituya la prisión preventiva, a favor de 12 líderes sociales, que guardan prisión en diferentes centros penales, centros de internamiento de menores y en hospitales psiquiátricos”.
Luego el lunes 6 de abril se interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, “una solicitud de pronta resolución” del Hábeas Corpus Correctivo presentado el 24 de marzo de 2020 a favor de los defensores del medio ambiente de Guapinol y de los presos políticos.
Esto con el propósito de garantizar su derecho a la salud y a la vida, ante la pandemia del coronavirus (Covid19), aplicando una medida alterna a la prisión.
Las víctimas potenciales de contagio por covid19 son José Daniel Márquez, Kelvin Alejandro Romero, José Abelino Cedillo, Porfirio Sorto Cedillo, Ewer Alexander Cedillo, Orbin Nahúm Hernández y Arnold Javier Alemán recluidos en el centro Penal de Olanchito y La Ceiba respectivamente. Todos ellos son defensores del agua y los bienes comunes de Tocoa, departamento de Colón.
El recurso también se interpuso a favor de Víctor Castillo, preso en el Centro Penal de Choluteca, del joven Carlos Daniel Tinoco que se encuentra en el Centro de Reclusión de Menores localizado en Jalteva, Francisco Morazán y del docente Rommel Baldemar Herrera Portillo, interno en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza de Tegucigalpa.
Por su parte el Comité Nacional de Prevención contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes (MNP-CONAPREV), interpuso el 31 de marzo un Hábeas Corpus Humanitario ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para las personas privadas de libertad que padecen enfermedades crónicas como: la diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, personas de 60 años, así como quienes padezcan del VIH, y otras enfermedades, que por su condición inmunológica están en riesgo inminente su Salud y su vida ante la pandemia del COVID19.
Al respecto la Corte resolvió favorablemente y liberó a 52 internos e internas de los centros penales, pero no ha respondido ante los dos recursos presentados a favor de los ambientalistas y presos políticos.
La situación de precariedad de los centros penales hondureños no es desconocida para la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien le ha dado seguimiento en los últimos 20 años.
En su más reciente informe del 27 de agosto de 2019, la CIDH observó que la “situación se caracteriza por altos niveles de hacinamiento (con una sobrepoblación del 88%), excesivo uso de la prisión preventiva (53% del total de la población carcelaria), militarización de la función penitenciaria, y condiciones deplorables de detención.
Además, durante los últimos años, el Estado ha enfocado sus esfuerzos en la construcción de las conocidas “mega cárceles”, que para el COFADEH son cárceles de tortura. Ello, ha incrementado la utilización de regímenes de máxima seguridad, y por lo tanto, la aplicación del aislamiento prolongado” .
En este mismo informe La “CIDH urge al Estado a realizar acciones dirigidas a aplicar de manera eficiente las iniciativas existentes que permitan, la aplicación de beneficios de excarcelación, que además de reducir la población carcelaria, propician la reinserción social de las personas privadas de libertad”.
Asimismo la CIDH observaba que el hacinamiento en los centros penales está directamente vinculado a la excesiva y desproporcional aplicación de la prisión preventiva. “La prisión preventiva se presenta como una de las principales causas que repercute en los altos niveles de hacinamiento, y constituye uno de los problemas más graves que enfrentan las personas privadas de libertad en Honduras”.
Los centros penales no están en condiciones de impedir que los privados de libertad se contagien del COVID-19, es más, por las condiciones de reclusión sería muy proclive que la pandemia pueda replicarse rápidamente entre los internos y el personal penitenciario, tanto por la mala alimentación como por la falta de sol, la falta de higiene general y el acceso a agua potable para el aseo personal y consumo.
Pareciera ser que la única medida tomada es la restricción de las visitas familiares, medida equivocada porque, generalmente son las que subsidian alimentos, productos de higiene y agua, y medicamentos, que deberían ser obligación del Estado de Honduras.
Ver Carta: Comunicación a la Relatoría de Privados de Libertad
