Tegucigalpa.- La coordinadora general del comité de familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, hizo un llamado a los diputados del Congreso Nacional para que sometan a discusión y aprobación el anteproyecto de Ley para el Cumplimiento de los Tratados Internacionales para las Víctimas de la Implementación de la Doctrina de Seguridad Nacional 1980- 1993.
En abril del 2024, el Cofadeh, en representación de las víctimas de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, entregó al pleno del Congreso Nacional la propuesta de Ley, la que cuenta con los cinco pilares de la justicia transicional, como son Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.
La propuesta de Ley fue elaborada por el Cofadeh con la asesoría y asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Memoria Abierta de Argentina.
“Es una ley que moviliza no solo a las víctimas sobrevivientes, sino a los familiares de las víctimas. Y también moviliza a nivel de región, a nivel de continente, porque esta propuesta es una propuesta modelo y podíamos decirlo única, inédita”, sostuvo la coordinadora del Cofadeh en la emisión del programa Voces contra El Olvido del 8 de marzo pasado.
Añadió que “sentaríamos nuevamente jurisprudencia en temas de derechos humanos”
Sostuvo, además, que la comunidad internacional de derechos humanos que orientan los gobiernos en la región, está pendiente de esa aprobación en el Congreso Nacional.
La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional se da cuando en 1981 Honduras retorna al proceso democrático, después de 20 años de dictaduras militares.
El retorno del poder a manos de los civiles no significó respeto al Estado constitucionalista ni a los derechos humanos, al contrario, siguiendo mandatos de los EE.UU, es que se aplica la Doctrina de Seguridad Nacional que ya se aplicaba en la América del Sur.
La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional implicaba entre otras cosas, la militarización de la sociedad y la subordinación de los poderes públicos a las fuerzas armadas.
A través de esta Ley se busca garantizar la reparación de las víctimas y honrar la memoria.
