Por: Sandra Rodríguez
Amapala, Valle.- Cuatro integrantes de la Asociación Para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), continuaron hoy un proceso en el que se les criminaliza por la defensa de la playa y las tierras en la comunidad de Playa Blanca, una de las diez comunidades de la Península de Zacate Grande.
Las defensoras son Oneida Gonzalez, Veneranda Cruz, Jessica Cárcamo y el defensor Jacinto Hernández, quienes deben comparecer al Juzgado de Amapala, municipio de Valle.
Se les acusa por los supuestos delitos de usurpación, daños a la propiedad privada y amenazas contra empleados del terrateniente Jorge Luis Cassis, informó la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), parte de sus integrantes acompañan la audiencia.
A las y el imputado se les señala por la defensa de un terreno por el cual, en el 2015, se procesó a Abel Pérez, Santos Hernández y Tomás García, a los primeros dos se les condenó a cinco años y un mes de prisión, actualmente el proceso está en Casación, informó la abogada Karol Cárdenas del Área de Acceso a la Justicia del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que lleva parte de la representación jurídica.
Lo que cambia en este nuevo caso, es que las supuestas amenazas son contra los empleados de Cassis, mientras que a Abel y Santos el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, los condenó directamente por amenazas contra el terrateniente, explicó un integrante de la REDEHSUR.
Oneida Gonzalez, Veneranda Cruz, Yesica Cárcamo y el defensor Jacinto Hernández, tienen estas acusaciones desde abril del 2018, y fueron presentados hasta hace unas semanas por la Red de Abogados de la zona sur de Honduras, quedando con medidas sustitutivas a la prisión de no salir del país, no acercarse al predio en disputa, no tener contacto con el terrateniente ni empleados e ir a firmar cada 15 días al juzgado de Amapala.
Entre estas medidas, los y las defensoras destacan que, el predio al cual tienen prohibido el acceso, es un paso obligado para llegar a sus comunidades en Playa Blanca y Puerto Sierra, y es un lugar de carga y descarga no solo para los pobladores, sino para el comercio.
Por otra parte, ir hasta la Isla del Tigre, representa un coste económico difícil de sostener, por esta razón Abel y Santos estuvieron 101 días en prisión entre mayo y agosto del 2016, ya que, al no poder cumplir siempre esta medida fueron acusados de desobediencia.
La idea de recuperar el plantel de unas 50 varas cuadradas tiene un objetivo comunitario, en 2015 se limpió y adecuó el solar para parqueo y atender a las visitas en la Semana Santa, acción que realizaba un grupo campesino organizado que su vez son miembros de ADEPZA, y que se formó en noviembre del 2014.
Se llamó a una persona por vivienda, eran 34 familias, y ahora, según denunció la REDEHSUR y ADEPZA, vuelven a criminalizar tras la ampliación de requerimiento por daños a Abel Pérez, integrante de ambas organizaciones, Santos Hernández y su compañera de hogar María Concepción Martínez.
La defensora Nidia Castillo, de la Red de Abogados, explicó a defensoresenlinea.com que la audiencia seguirá mañana miércoles 21 de noviembre, con una inspección en el predio.
La criminalización por la defensa de la tierra, ha deteriorado la salud de los criminalzados, don Tomás ha decaído mucho, aunque no fue condecorado estuvo sometido dos años al proceso judicial, y está noche doña Veneranda de 64 años, está en un hospital público ante la presión de la audiencia denunció ADEPZA.
El plantel ya había sido solicitado por los habitantes de Playa Blanca y Puerto Sierra al Instituto Nacional Agrario (INA), pero cuando se derogó el decreto 18-2008 se canceló la solicitud, ya estaban a punto de obtener el predio con la documentación que solo esperaba la firma de los representantes del Instituto de la Propiedad (IP), en Nacaome, detalló un defensor y poblador.
Supuestamente Cassis se lo compró a Carmen Malespin, quien irrespetó el decreto de la Constitución de la República que dice que 50 metro de tierra a la playa es de carácter nacional, y ellos (los terratenientes) se adueñan hasta de la playa, incluso hay un muro que recorre todo el caserío de Puerto Sierra hasta una propiedad de otro terrateniente entre la comunidad de El Zope y Playa Blanca, detalló el aldeano.
La comunidad se mantiene del cerco hacia el mar, sin embargo el terrateniente tiene documentos que se dice dueño de todo, agregó.
Por el momento se desconoce qué va a suceder con los nuevos criminalizados, los recriminados y se teme por la salud de los acusados. La REDEHSUR continúa con su labor de acompañamiento, documentación y denuncia, además se solidariza con su compañero miembro, Abel Pérez.
