El Comité Por la Liberación de los Presos Políticos en Honduras y la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) manifiestan su repudio a las acciones continuistas y de venganza estatal contra los oponentes políticos al Golpe de Estado de 2009. En los días subsiguientes al 28 de junio la población se manifestó en forma continua contra la ruptura constitucional que instauró una dictadura de 12 años. Inmediatamente las detenciones arbitrarias se realizaron sin orden de aprehensión bajo el argumento por parte de las fuerzas de seguridad y de la Fiscalía General de la República de que las detenciones se motivaron por la flagrancia.
Estas acciones demuestran que se utilizó de mala fe el Sistema de Justicia para detener a los manifestantes y disuadir la protesta. A las personas ya estando en custodia se les acusó por otros delitos que no tenían fundamento legal ni fáctico. Una de estas víctimas fue José Antonio Torres Meza, capturado el 11 de agosto de 2009, cuando tenía 28 años, acusado de los delitos de daños e incendio agravado en perjuicio del Estado de Honduras, grupo Industrias Turísticas (INTUR) y Ladislao Augusto Servellón Aguilar.
Ante la falta de aportación de pruebas, fue liberado el 17 de agosto de 2009, y nuevamente capturado en la Aduana del Amatillo el viernes 11 de febrero de 2022, por los mismos delitos y trasladado a la cárcel de mediana seguridad de El Porvenir, ubicada en el Valle de Siria, Francisco Morazán. Aun cuando el Congreso Nacional aprobó el Decreto Legislativo 004-2022 que contiene la Ley de Amnistía para la liberación de los presos políticos y defensores de la Soberanía Nacional, de carácter general, amplia e incondicional, publicado el 04 de febrero de 2022, que cubre las criminalizaciones imputadas entre el 28 de junio de 2009 al 2022, a todas las personas en contra de quienes se hayan ejercitado acción penal pública, hayan sido procesadas o se les haya dictado sentencia firme y en ejecución, ante los Tribunales de la República o que se encuentren en proceso de investigación, por los supuestos delitos cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley.
A pesar de las pruebas existentes que demuestran que varias de las personas detenidas no se encontraban en el lugar de los hechos y que varios de ellos fueron torturados, la autoridad judicial hasta ahora no ha valorado en su justa dimensión las pruebas y testimonios de los acusados, ni ha investigado los hechos de tortura y graves violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad en contra de los oponentes políticos, manifestantes y ambientalistas.
Organizaciones integrantes de este Comité expresamos nuestra preocupación por el mantenimiento de un patrón de criminalización que busca tratar de acallar las voces de las personas defensoras de derechos humanos, un patrón que ha sido también corroborado por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas que, en los últimos años ha emitido opiniones declarando la detención de las personas defensoras de Guapinol como arbitraria, exigiendo su liberación inmediata.
Demandamos que se ponga fin a la detención arbitraria de José Antonio Torres Meza y los seis Defensores de Guapinol.
Exigimos que se inicie una investigación independiente e imparcial sobre las graves violaciones de derechos humanos que se han reportado incluyendo el uso indebido del Derecho Penal, así como las alegaciones de tortura y malos tratos y de ejecuciones extrajudiciales en los 12 años de la dictadura.
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de febrero de 2022
