WASHINGTON, D.C.
Después del asesinato trágico de la líder hondureña Berta Cáceres el 2 de mayo, 2016, el Congresista Hank Johnson (GA-04) introdujo legislación para suspender la entrega de fondos a la República de Honduras para sus operaciones policiales y militares, incluyendo los fondos para entrenamiento y equipo militar, hasta que el gobierno hondureño investigue informes creíbles que indican que la policía y el ejército están violando los derechos humanos de sus ciudadanos.
El Departamento de Defensa de los EEUU está entregando $18 millones al gobierno hondureño en el año 2016 para asistir con la infraestructura de seguridad en el país.
“La ley Berta Cáceres de los derechos humanos en Honduras” (H.R. 5474) suspendería estos fondos- y prohibiría los préstamos internacionales para asistir con la infraestructura de seguridad en el país- a menos que Honduras haga incursiones serias para tomar medidas con respecto a las evidentes violaciones de los derechos humanos por la policía nacional y el ejército.
“Proporcionamos millones de dólares para asistir con la infraestructura de seguridad en Honduras cada año, pero ha sido descubierto que estas mismas fuerzas atacan y asesinan activistas ambientales, laborales, y aquellos quienes demandan derechos humanos básicos como Cáceres sin una respuesta eficaz de los autoridades hondureñas,” dijo el Congresista Hank Johnson. “Es hora que nuestro gobierno envié un mensaje mas fuerte suspendiendo fondos para la asistencia de seguridad y préstamos multilaterales para poner una presión real y perdurable en el gobierno hondureño para proteger sus activistas y perseguir los responsables de estos indignantes crímenes”.
En marzo, el Congresista Hank Johnson dirigió una carta firmada por más que 60 colegas del congreso llamando por una investigación internacional independiente del asesinato de Cáceres con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Departamento del Estado, The New York Times, el Associated Press y varios grupos de derechos humanos han documentado que la policía y el ejército hondureña se han establecido como profundamente corruptos y han perpetrado abusos graves de los derechos humanos- incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato- con impunidad.
El proyecto de ley- copatrocinado por el miembro superior del comité judicial John Conyers (MI-13), el Congresista Keith Ellison (MN-05), las Congresista Marcy Kaptur (OF-09), la Congresista Jan Schakowsky (IL-09) y el Congresista José E. Serrano (NY-15)- requiere investigaciones de un serie de asesinatos sospechosos de activistas de los derechos humanos y demanda que el gobierno hondureño proteja los derechos de sindicalistas; periodistas, defendesores de los derechos humanos; indígenas; afro-indígenas, pequeños cultivadores y activistas de la comunidad LGBTI; los críticos del gobierno y otros activistas de la sociedad civil para que puedan operar sin la intervención de la policía ni el ejército.
“Como muchos a través del mundo, me puse muy triste al oír que la querida activista de los derechos humanos Berta Cáceres se convirtió en la última víctima de la violencia e impunidad en Honduras a comienzos de este año,” dijo el Sr. Conyers. “Estoy orgulloso de apoyar esta ley que asegurará que los fondos para asistir la infraestructura de seguridad para la policía nacional y militar se dispense solo cuando las instituciones hondureñas hayan demostrado un compromiso firme para traer los autores de la violencia a la justicia.”
“Berta Cáceres arriesgó su vida para luchar por la igualdad y la justicia en Honduras,” dijo el congresista Ellison. “Desde su muerte, y la continua violencia contra activistas, ya es hora de reconocer los derechos humanos en Honduras. Los miembros del congreso han escrito cartas sobre este tema por años, pero la situación sigue deteriorándose. Es el momento de tomar medidas más fuertes. Esta ley suspenderá fondos para la asistencia de seguridad a Honduras hasta que los derechos humanos sean protegidos, miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras admitan responsabilidad por violar derechos humanos y que la justicia sea servida para las víctimas”.
“Hay abusos de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, y preguntas sin respuestas sobre el asesinato de Berta Cáceres y otros activistas,” dijo la congresista Kaptur. “Como notó el presidente Truman, ‘Una vez que un gobierno se ha comprometido a silenciar las voces de la oposición, solo hay un camino a seguir.’ Estos abusos han creado un clima de miedo e intimidación, y hasta que la estructura legal sea restaurada, tenemos una obligación moral a suspender toda la asistencia policial y militar para Honduras”.
“Estoy orgullosa de estar con el congresista Hank Johnson en proponer la suspensión de asistencia estadounidense al ejército hondureño y la policía nacional,” dijo la congresista Schakowsky. “El gobierno hondureño no ha hecho nada mientras activistas ambientales como Berta Cáceres y sindicalistas han sido asesinados por demandar protección para los trabajadores, el medioambiente y su país. El gobierno hondureño ha permitido que sus oficiales violen los derechos legales de su gente y usen la violencia con el intento de intimidar activistas para que cayen. No podemos pedir a los contribuyentes de los EEUU que financien estas acciones antidemocráticas. Hasta que y a menos que el gobierno hondureño termine estas prácticas y trabaje con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conducir una investigación imparcial y exhaustiva de los abusos pasados, no merece el apoyo de los EEUU.”
“Varios informes de respetables organizaciones de derechos humanos establecen el grado en el que la policía nacional y el ejército hondureño incurren en prácticas corruptas y barbaros abusos de los derechos humanos en Honduras,” dijo el congresista Serrano. “Cuando ocurren estos abusos, los hondureños a menudo no tienen acceso a un sistema judicial fuerte y justo. La impunidad no puede ser y no será tolerada. Suspender la asistencia de seguridad de los EEUU a Honduras enviará un mensaje fuerte, limitará los fondos para instituciones rotas, y servirá como mecanismo para forzar el gobierno hondureño a investigar estos crímenes, atacar la corrupción, y restaurar la estructura legal.”
