Yuscarán, El Paraíso.
Por Sandra Rodríguez
Toda su vida se ha dedicado a cultivar la tierra, es padre de 12 hijos, y a sus 57 años de edad, Francisco Suazo Andino fue criminalizado por el Tribunal de Sentencia de Danlí, El Paraíso, quien lo declaró culpable por el delito de usurpación.
Don Francisco es conocido como “Chico” en el Rancho del Obispo, una comunidad del municipio de Yuscarán, cabecera departamental de El Paraíso, a unos 60 kilómetros al oriente de Tegucigalpa, habitada por cientos de familias de vocación agrícola, pero sin tierras, porque están en poder de pocas manos.
Hace cuatro años, Chico fue invitado a una reunión convocada por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, con el objetivo de ser parte de una red de Defensores de Derechos Humanos, fortaleciendo temas de derecho al Agua y a la Alimentación, así mismo una gama de temas relacionados para empoderarse de los conocimientos y compartirlos con otras personas.
Por el derecho al acceso a la tierra, Suazo ya estaba organizado en el grupo campesino “Hermanos Unidos” que forma parte de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, y recién había sido requerido en el 2012, por las autoridades judiciales de Yuscarán, junto a Alex Fernando Durón, Randolfo Adonay Laínez, Felipe de Jesús Eguigure Flores, Raymundo Ismael Eguigure Flores y José Antonio Obando Varela, y otros que por diferentes motivos no llegaron a la etapa del juicio oral y público.
En el proceso de formación desde el COFADEH, Francisco Suazo ha compartido su experiencia con otras personas en diferentes municipios del departamento de El Paraíso, así mismo ha participado en talleres de formación e intercambio con otras redes de defensores y defensoras de derechos humanos a nivel nacional, que también acompaña esta organización.
El defensor de DDHH y campesino, desde que fue criminalizado por usurpación de tierras en el 2012, ha cumplido con las medidas sustitutivas a la prisión, al igual que sus compañeros, por lo que, al ser encontrados culpables de usurpación, según el Tribunal de Danlí, les concedieron seguir en libertad condicional, pese a que no están de acuerdo con el fallo, ya que si decidieron recuperar esas 32 manzanas de tierra en Rancho del Obispo, es porque tienen conocimiento que fueron adquiridas por el estado de Honduras y que estaban ociosas.
Francisco Suazo recuerda que “las tierras estaban sin cercos, la población era pequeña, hay parientes y vecinos enterrados en el cementerio local, desde hace más de 20 años, y ante el crecimiento de las familias nos vimos en la necesidad de recuperar la tierra, y es cuando surge un supuesto dueño, Ramón Rosa Flores Montoya”.
Suazo construyó una pequeña casa en los predios en litigio, la cual está abandonada porque no puede acercarse a los predios, pese a que tiene ocho hijos entre 2 y 18 años de edad, la situación es más complicada porque su situación legal no es precisa, ante la condena emitida.
Parte de cumplir con el proceso judicial, es mostrar respeto por la Ley, sin embargo como defensor de derechos humanos no faltaré a mis principios, no dejaré de luchar por el bien de los demás, agregó Suazo.
Más de 700 personas viven en Rancho del Obispo, y siempre que hay audiencias se turnan para viajar en un camión a los seis criminalizados, ya que el sufrimiento de uno es de todos, aquí aprendemos a ser familia y por eso nos apoyamos mutuamente, aún más cuando tenemos las mismas necesidades y conocimientos, declaró Ana Flores, integrante de la Red de Defensores/as de Derechos Humanos y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso, además secretaria departamental de la CNTC y vecina del Rancho del Obispo.
Cuando un compañero es criminalizado nos afecta en general, porque existe el temor de la persecución, las amenazas y que se pueda perder lo que se cosecha en los predios, vamos a seguir en la lucha, porque estamos en defendiendo el derecho a la tierra, los compañeros procesados no tienen otra forma de vivir, sino de los cultivos, y de ahí se provee la alimentación de sus familias, agregó Flores.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, considera que la criminalización y enjuiciamiento de los defensores de la tierra, por un Sistema Judicial, “responde a una política de Estado, donde se anula y penaliza el derecho humano que los campesinos y campesinas tienen, a contar con tierras para su seguridad alimentaria”.
Dos defensores de DDHH que forman parte de los procesos de formación del COFADEH, enfrentan procesos judiciales acusados de usurpación, Francisco Suazo Andino, de la Red de Defensores de Derechos Humanos y Comunicadores Sociales de El Paraíso; y Abel Pérez de la Red de Defensores de Derechos Humanos de la Zona Sur (REDESURH), quien estuvo más de cien días en prisión, recobrando su libertad condicional el 31 de agosto reciente.
El capítulo IV del Código Penal de Honduras, referido al tipo penal de Usurpación, en el artículo 231 especifica que “Quien detente el suelo o espacio correspondiente al derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde paseo u otros lugares de uso o dominio público o de cualquier otro bien raíz del Estado o de las municipalidades será sancionado con reclusión de tres a cinco años, sin perjuicio de desocupar el suelo o espacio detentado, cuando el bien detentado sea una playa la pena se aumentará en dos tercios”.
Hasta el 31 de octubre se conocerá la individualización de la pena, la que se dictará en los Tribunales de Justicia de la ciudad de Danlí.
En Honduras más de cinco mil campesinos, entre ellos 2200 mujeres, están criminalizados por el delito de usurpación. Cerca de 300 mil familias campesinas no tienen acceso a tierras para cultivar sus alimentos y más de una decena de compañeros guardan prisión en diferentes centros penales a nivel nacional.
