Tegucigalpa.- El pasado 30 de marzo el juez de la Corte del Distrito Sur de New York, Kevin Castel, aplicó a Juan Antonio (Tony) Hernández, la sentencia de cadena perpetua más 30 años en prisión, por narcotráfico a gran escala hacia territorio estadounidense. También se le condenó a pagar 138.5 millones de dólares al tesoro de Estados Unidos.
“El ex congresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras, de varias toneladas de cocaína destinadas a Estados Unidos”, afirmó el fiscal federal en Manhattan, Geoffrey Berman.
Según los fiscales, a lo largo de 12 años Tony Hernández habría introducido a Estados Unidos 185 mil kilogramos de cocaína, ayudado por su hermano Juan Orlando Hernández, que usurpa el cargo de presidente de Honduras, y quien utilizó las estructuras policiales, militares y de justicia para las operaciones ilícitas.
Entretanto, el agente especial a cargo, Raymond Donovan, señaló que el sentenciado y sus asociados criminales, conspiraron con algunas de las redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia para inundar las calles de Estados Unidos con drogas mortales.
En 2019, Tony Hernández fue encontrado culpable por el jurado de la Corte del Distrito Sur de New York, de los cargos de conspirar para transportar drogas a Estados Unidos, portación ilegal de armas, conspiración para usar armas y dispositivos destructivos y hacer declaraciones falsas a agentes federales.
Durante el juicio, los fiscales señalaron que el jefe del régimen en Honduras, Juan Orlando Hernández, habría sido un “socio clave” de su hermano para las operaciones de narcotráfico.
Tony Hernández operaba «con total impunidad» gracias a la protección de su hermano y contribuyó a la «putrefacción» de las instituciones de Honduras, dijeron fiscales durante el juicio.
Para abordar las repercusiones que supondría la condena de Tony Hernández para la sociedad hondureña, el periódico digital www.defensoresenlinea.com entrevistó al líder sindical Carlos H. Reyes, al sacerdote jesuita Ismael Moreno, a la reconocida defensora de derechos humanos Bertha Oliva (integrantes de la Convergencia contra el Continuismo), así como al jurista Ramón Barrios.
Más de 35 organizaciones de la auténtica sociedad civil conforman la Convergencia contra (CCC), que es un espacio de análisis, organización, articulación y movilización de distintas fuerzas sociales aglutinadas en el movimiento social hondureño.
Para el abogado y jurista Ramón Barrios, la condena del hermano de Juan Orlando Hernández, es preocupante para Honduras, por el hecho de que un tribunal de justicia federal de Estados Unidos, se haya convertido en el gran “justiciero de la sociedad hondureña”.
Barrios señaló que “por supuesto que la justicia aplicada por la Corte del Distrito Sur de New York se convierta en nuestra Fiscalía General del estado, se convierta en nuestro poder judicial, en nuestra Corte Suprema de Justicia; es el fin de una de las soberanías más preciadas que tiene un estado, y es la administración y la impartición de justicia”.
El jurista señaló que los Estados Unidos tienen responsabilidad compartida con otros sectores que apoyaron el gobierno ilegítimo de Juan Orlando Hernández, puesto que la nación del norte, fue la primera en reconocer el fraude electoral de 2017.
“Me parece que las consecuencias que va a dejar este fallo condenatorio contra Tony Hernández es, primero: la deslegitimación de la sociedad hondureña , llámese Fuerzas Armadas de Honduras, llámese Policía Nacional, llámese Fiscalía General, llámese Corte Suprema de Justicia, pero además deja en entredicho a un presidente de la República que su hermano, es decir; el círculo más cercano, es considerado para la justicia norteamericana como un traficante a gran escala, igual que Joaquín El Chapo Guzmán. De hecho se le ha dado la misma pena”.
Consultado el sacerdote jesuita Ismael Moreno (padre Melo), director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús sobre si ¿la condena aplicada a Tony Hernández podrá disuadir a una clase política, corrupta, narcotraficante y criminal?, el padre Melo expresó que podría ser un disuasivo para una sociedad que tiene bases importantes de institucional y para una sociedad en donde los valores éticos todavía tienen una actualidad en los miembros de una sociedad.
Pero en el caso de Honduras, la disuasión se convierte también por una parte, en ese sector exclusivo de criminales. Se convierte en una especie de amenaza. Y la respuesta, más que disuadirse, lo que provoca más bien; es una defensa, advirtió Moreno.
Moreno explicó que para “este sector político, para este sector corrupto, para estas mafias, la decisión del juez Castel en Estados Unidos, se convierte en una respuesta defensiva y agresiva. Es decir esta gente lo que hace es prepararse para atacar. Y de esa manera seguir amenazando a la sociedad y buscar de diversas maneras, protegerse ante el eventual peligro que puede significar para ellos”.
El sacerdote jesuita señaló que disuadirse éticamente o disuadirse políticamente no. No hay disuasión para este sector político corrupto. Lo que hay es, insisto, una respuesta defensiva, agresiva y prepararse para el ataque.
Pero, ¿qué significa para el movimiento social hondureño y para los sectores defensores de derechos humanos que están liderando la lucha por la defensa del ambiente, el agua y los territorios?, se le preguntó al padre Melo.
En ese sentido, respondió que “significa que la vulnerabilidad llega a su máxima expresión. Estos tiempos que estamos viviendo son de altísima peligrosidad para toda la gente que ha expresado una oposición frontal a la política dictatorial y para quienes han denunciado, tanto a nivel nacional como internacional, a quienes conducen y lideran esta dictadura”.
El sacerdote jesuita añadió que este tipo de personas, estas organizaciones, “hoy se convierten en una mira para este sector mafioso que lidera Juan Orlando Hernández. Recordemos que, como dice el dicho popular: La fiera, cuanto más herida se encuentra, más peligrosa es con sus garras.
Por lo tanto estos tiempos que estamos viviendo, deben convertirse en una oportunidad para que las distintas organizaciones sociales, ambientales, de derechos humanos, feministas, todas las organizaciones, nos podamos encontrar, podamos definir nuestras propias maneras de protección, de auto-defensa, para evitar que nuestras compañeras y compañeros corran el riesgo en sus vidas.
Porque la situación es altamente precaria para todas estas organizaciones y para quienes las lideran y por consiguiente la necesidad de crear condiciones para disminuir esos riesgos, está en nosotros mismos, en las propias organizaciones para que podamos nosotros, saber situarnos ante una situación de altísima emergencia y de amenaza para nuestras vidas, recomendó el sacerdote católico Ismael Moreno.
Moreno también fue consultado sobre el panorama y los escenarios que se abren, tras la decisión del juez Castel en relación con la condena de Juan Antonio (Tony) Hernández.
Al respecto dijo que el panorama y el escenario que se abre será de confrontación, porque el sector vinculado con los Hernández Alvarado, (que es esta mafia corrupta y criminal), se siente atacada y amenazada.
Para la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, la sentencia de cadena perpetua más 30 años, aplicada contra Tony Hernández es una decisión y una determinación que debería ser de profunda reflexión para los que están involucrados en el crimen organizado y en la narco-actividad.
“Y digo esto porque aquí, lejos de estar preparándose para hacer una entrega, los que han sido, y en este caso Juan Orlando Hernández, su hermano, que aparece como al mismo nivel de él en ese negocio, debería de entregarse a la justicia norteamericana”.
Oliva apuntó que Juan Orlando Hernández ya no tiene en términos de alegatos jurídicos, alguna justificación para decir que no está involucrado.
“No hay duda que la sentencia es un golpe al hígado de ese cártel, y por supuesto, está casi como establecido que ese cártel, es el cártel de los Hernández. Y es una vergüenza para Honduras, para nosotras y nosotros, estar siendo conducidos por un cartel del narcotráfico”, apuntó.
Bertha Oliva llamó a meditar sobre toda esta situación porque Honduras está siendo nuevamente vista desde el exterior de forma vergonzosa. “Yo creo que aquí hay mucha responsabilidad de la clase política, y me refiero a todos, los que ejercen las acciones políticas partidarias, los líderes. No se debería permitir la competencia ni en elecciones internas ni en las generales con liderazgos que están directamente vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico, aunque ya hayan pagado penas o no, advirtió.
La Coordinadora Genera del COFADEH dijo que la sentencia contra Juan Antonio Hernández desencadenará un tsunami en el país, porque “no creemos que el accionar y la intervención de Estados Unidos haya concluido, al contrario, a mí me preocupa la situación de Honduras; porque ahorita está en control de narcotraficantes y lógicamente ese juicio ha arrojado datos de personas que tienen que ser llamadas para ser juzgadas en Estados Unidos”.
Acerca de la situación que podría derivarse sobre el tema de los derechos humanos, Bertha Oliva expresó que “que si ya estaban en precariedad los aspirantes a cargos de elección popular, o sea todo lo que es oposición contra el régimen, porque el recuento y las acciones lo dicen, no digamos ahora que ya no importa nada”.
La situación entonces se agrava en términos de derechos humanos, en términos de violaciones directas y en términos de credibilidad.
“Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo, un esfuerzo común, un esfuerzo político y en todos los ámbitos, para recuperar a Honduras y sacarla del atasco donde la han llevado los criminales, los que están en el crimen organizado y el cártel único que está gobernando el país”, indicó.
Bertha Oliva subrayó que el accionar de los defensores y defensoras de derechos humanos está en riesgo y fundamentalmente las comunidades, las que hacen defensa de los territorios y los que defienden los recursos naturales. ¿Por qué?, porque se trata de inversión, se trata de plata, se trata de dinero. Pero eso no quiere decir que los que hacemos el acompañamiento no estemos en menor riesgo que las comunidades.
Y otro aspecto es que el desasosiego, la impunidad y la corrupción que galopa en las Fuerzas Armadas (FFAA) y en las fuerzas del orden público, es impresionante. Ellos son los que tienen las armas, tienen el poder y tienen el sistema de justicia a su servicio.
“Por eso la situación para los defensores y defensoras de derechos humanos nos va a tocar muy difícil, porque vienen nuevos hechos de enfrentar juicios ante los tribunales, porque sí van a deducir responsabilidad al que hace defensa de derechos humanos, al que hace defensa de territorios; al que hace defensa de lo público, a los que concurren a las manifestaciones a expresar su malestar por lo que está pasando en el país, ahí sí va a operar el sistema de justicia”, vaticinó Oliva.
Acerca de si la sentencia emitida por la Corte del Distrito Sur de New York, podría enterrar al partido Nacional del escenario político, así como con las prácticas del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, Oliva respondió que aún las condiciones no están claras.
“No hay muchas opciones en ese sentido si se termina con el partido Nacional, donde un país ha perdido la ética, la moral, producto de la poca ejemplar actuación en transparencia. Aquí se han invertido lo papeles, los corruptos, los narcotraficantes son los “dones” y “los señores”, porque han sometido a la sociedad hondureña a eso, en ir perdiendo los canales de ética.
“Yo creo que esto va a ser bastante complicado, bastante difícil, porque hay que desmontar todas las estructuras legitimadas por un estado fallido, por un estado fracasado, para poder pensar que en un futuro no muy lejano, se pueda retomar el control, la ética y la dignidad en las instituciones públicas del estado”, reflexionó.
Bertha Oliva indicó que hay que hacer esfuerzos sobre-humanos para lograrlo, porque Honduras no es sólo que está herida, está agonizando en materia de dignidad y transparencia y “se siente el olor a patria casi muerta”.
Por último el líder sindical y presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS), Carlos H. Reyes, dijo que el mensaje implícito dirigido al régimen a través de la condena contra Tony Hernández “es directo y no solamente para Juan Orlando Hernández, sino que también para sus cómplices, y tanto él como ellos, quedan expuestos a que los acusen en la Corte de New York para juzgarlos y condenarlos”.
Reyes añadió que en el caso de Juan Orlando, la condena puede ser igual a la del hermano, o sea de cadena perpetua. Ahora, la cosa es ¿cuándo?. Podrán hacerlo yá , pero también puede ser que lo hagan con posterioridad.
El líder sindical dijo que la violencia podría recrudecerse en la medida que el pueblo pueda hacer uso de la insurrección o por efectos del proceso electoral.
“Ya en el país hay violencia, y en todo sentido, desde el momento mismo de que hay decretos que suspenden garantías constitucionales, pero como digo la represión puede recrudecerse en la medida que el pueblo actúe frente a este régimen que es usurpador, que es violador de la Constitución de la República”, sostuvo.
Reyes se refirió al proceso eleccionario y comentó que incluso el fallo de la Corte del Distrito Sur de New York está incidiendo fundamentalmente en las bases del partido Nacional e incidirá negativamente en las elecciones, en dependencia lógicamente de la acción que adopte la oposición.
Por último, Carlos H. Reyes expresó que el futuro de Juan Orlando Hernández va a depender de si lo juzgan en Estados Unidos por narcotráfico o si lo juzgan en Honduras por traición a la patria. Y también va a depender y evitando esto, que escape del país a otra nación en donde impidan la extradición; pero lógicamente el futuro de Juan Orlando Hernández como persona está totalmente destruido, él ya prácticamente es un fracasado por todo lo que ha hecho.
El lunes 5 de abril y en conferencia de prensa, las organizaciones aglutinadas en la Convergencia contra el Continuismo (CCC) demandaron la inmediata salida del poder de Juan Orlando Hernández, así como de los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, el Ministerio Público (MP) y la Procuraduría General de la República (PGR).
En un comunicado las organizaciones hicieron un llamamiento patriótico para conformar un gobierno de transición y expresaron que nunca antes ha estado tan apremiada la patria de un cambio como hoy. Cuando una familia criminal, corrupta y vende patria, se ha posesionado del poder público a través de una reelección inconstitucional y mediante sucesivos fraudes electorales en 2009, 2013 y 2017, que lograron imponer mediante una represión que costó la vida a cientos de hondureños.
En otro párrafo se lee: Somos testigos de la destrucción del Estado de derecho y de la construcción de una dictadura de partido que ha devenido en un narco-estado y en el que solo la élite del alto mando de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han sostenido a este régimen a sangre y fuego con el apoyo y la complicidad del gobierno norteamericano de Donald Trump y otros pocos aliados externos.
