Tegucigalpa, Honduras. – Por falta de tiempo, la representación estatal no informó hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre acciones de protección y seguridad que ejecuta en favor de defensores, al realizarse el 179º Periodo Ordinario de Sesiones en la Audiencia Pública “Derechos Humanos y proyectos extractivos en Honduras”.
En la reunión virtual que inició a las 7:00 a.m. de este viernes 19 de marzo y concluyó cerca de las 8:40 a.m, organizaciones de sociedad civil, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) expusieron la situación de defensores de derechos humanos y el significativo impacto de la instalación y operación de proyectos extractivos, facilitados por la legislación hondureña, en la garantía de los derechos humanos de la población.
Los departamentos de Cortés, Olancho, Atlántida y Santa Bárbara registran más proyectos hidroeléctricos. Para 2018, informes de organizaciones no gubernamentales, registraron 315 plantas generadoras de energía en el territorio, de las cuales 157 se tipifican como hidroeléctricas. Datos del 2019 registran que el 65% de los municipios del país son áreas de concesión minera y proyectos de generación de energía eléctrica en 194 municipios.
De manera específica, más de 137 concesiones mineras y de energía se encuentran en estado de exploración y distribuidas alrededor o dentro de territorios indígenas, la mayoría en los departamentos de Yoro, Intibucá, Lempira y La Paz, en este último es la causa de al menos 60 conflictos ambientales que incluye criminalización y persecución de personas defensoras.
En la audiencia participaron la Asociación de Organismos no Gubernamentales de Honduras (Asonog), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), el Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA), el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia (MADJ), Protection International Mesoamérica, y la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos.
Lorena Rubí, en representación del COFADEH expuso que, las organizaciones solicitantes, requieren que el Estado se abstenga del uso del derecho penal para la criminalizar y judicializar a personas defensoras de tierra y territorios y líderes sociales, mediante el uso de delitos como la usurpación, la asociación ilícita, entre otros.
El Estado debe garantizar investigaciones diligentes, actuación imparcial y apegado a derecho del Poder Judicial en hechos que involucren a líderes ambientalistas como víctimas, tal es el caso contra David Castillo por el asesinato de Berta Cáceres, lideresa indígena coordinadora del COPINH.
Rubí agregó que el Estado debe reformar la legislación ambigua para evitar que personas defensoras de derechos humanos en el marco de actividades empresariales de extracción, explotación o desarrollo, las sometan a juicios infundados. Esto incluye las disposiciones legislativas y ejecutivas que incrementan la presencia militar en los territorios y en la institucionalidad vinculada a los proyectos de desarrollo económico.
Otra exigencia es garantizar el acceso a la información con apego a los estándares de derechos humanos, tanto de la Ley de Acceso a la Información, como de los acuerdos ministeriales y política pública relacionada con el otorgamiento de concesiones y desarrollo de proyectos extractivos.
El Estado es de los principales afectados por atraso de proyectos extractivistas
La comisión gubernamental compuesta por Nelson Molina, Director de Derechos Humanos y Litigios Internacionales de la Procuraduría General de la República; Óscar Guillén, secretaria del Ambiente de la PGR; Francisco Danilo León, del Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin); Vera Matute Cano, jefa de la unidad de Responsabilidad Social y Ambiental de la secretaría de Energía; y Rosa Seaman, sub Secretaria de Protección en el despacho de Derechos Humanos, afirmaron que desde 2018 se ha procedido a acciones de análisis sobre impacto ambiental obligando a las empresas a rendir informes.
Manifestaron sobre la conformación de las fuerzas vivas para la resolución de conflictos derivados por el desarrollo de proyectos mineros y la existencia de un monitoreo de impacto ambiental de proyectos mineros.
En cuanto a concesiones de zonas protegidas como la montaña de Botaderos o Parque Nacional “Carlos Escaleras”, que protege la comunidad de Guapinol y San Pedro, en Tocoa departamento de Colón, los representantes del régimen de Juan Orlando Hernández, se excusaron en que esos esta licencia fue otorgada cuando aún no era zona de amortiguamiento.
Como relator de país, Joel Hernández, expresó que, tras escuchar a los solicitantes y acciones de Gobierno, le queda claro que existen planes, medidas y leyes, se presentan situaciones que hacen ver la necesidad de su implementación efectiva. Situaciones como la de Guapinol, refeja que se realizan actividades extractivas sin tomar en cuenta la consulta libre, previa e informada, además no existen mecanismos que protejan a los defensores, por el contario se les excluye.
El Estado presentó un conjunto de acciones y obligaciones convencionales que ha venido adoptando, pero también hay un déficit, no vemos en las organizaciones solicitantes un espacio de satisfacción de cómo se lleva a cabo las actividades extractivas, pero no es de esta audiencia, sino un tema recurrente en la agenda de derechos humanos y que está plasmado en el informe de país de año 2018, afirmó el Comisionado Hernández.
Los y las Comisionadas en la reunión, solicitaron saber más sobre cómo funcionan las mesas de diálogos que mencionó la representación gubernamental, criterios para activar protocolos cuando hay señal de emergencias entre los y las defensoras de derechos humanos, qué avance existe sobre el trágico asesinato de Berta Cáceres, pese a que no hubo representacion del Ministerio Público.
También existe interés sobre si existen normas específicas para prevenir difamación contra mujeres y defensores de derechos humanos, y situación de personas mayores. Así cómo si existe la intención del Estado para la firma y ratificación del acuerdo de ESCAZÚ, lo que solucionaría conflictos como los expuestos en esta reunión.
La presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, preguntó ¿Bajo qué criterios hay información técnica sobre los proyectos extractivos?
Los empleados estatales se refirieron brevemente a casos como el del asesinato del defensor del a zona sur, Marvin Castro, está en investigación; Por la muerte Adán Mejía (habitante tolupán) hay dos personas detenidas (no especificaron que se trata del defensor y líder indígena Luís Mejía –beneficiario de medidas de protección- y su hijo); igual hay cuatro órdenes de captura pendientes y tres personas privadas de libertad por el asesinato del líder indígena Félix Vásquez; mencionaros que a uno de los defensores por el caso del río Guapinol, se le dio sobreseimiento definitivo y puesto en libertad, sin especificar que se trata de Jeremías Martínez, de 62 años, quien continúa privado de libertad porque hay un segundo expediente en su contra.
La representante de Energía, Vera Matute, explicó sobre las mesas de diálogo, desde donde se ha invitado a algunas de las organizaciones de sociedad civil presentes, ya que como Estado es de los principales afectados con más de 160 millones de dólares detenidos por inversión en el sector energético encaminado a proyectos de energías más renovables, debido a la oposición de las comunidades y es necesario avanzar “porque tienen compromisos nacionales e internacionales”.
Referente a los protocolos para defensores de derechos humanos en vulnerabilidad que preguntaron Joel Hernández y Julissa Mantilla de la CIDH, la funcionaria Rosa Seaman expresó que en relación a los protocolos diferenciados y enfoques de género para prevenir ataques a defensores que se trabajan en el Mecanismo de Protección, harán llegar posteriormente esa información a la CIDH, porque se terminaba el tiempo de participación.
En la audiencia participó el pleno de la nueva Junta Directiva para 2021, Presidenta: Antonia Urrejola Noguera y Comisionada para los Pueblos Indígenas; 1ra. Vice Presidenta: Julissa Mantilla Falcón; 2da. Vice Pdta: Flávia Piovesan; ex presidente Comisionado Joel Hernández, Relator para Honduras; Soledad García, secretaria para los derechos Economicos, Sociales y Ambientales; María Claudia Pulido, Secretaria interina y demás integrantes de la Secretaría.
Por la Sociedad Civil, participó Liliana Caballero (CEJIL), Juan Ramón Ávila (ASONOG), Koritza Ortez (MADJ), Mario Rojas (C-LIBRE), Delmy Martínez (Protection International Mesoamérica), German Chirinos (MASSVIDA), Nidia Castillo (Red de Abogadas), y Lorena Rubí (COFADEH).
