Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
La Articulación 611 que reúne a unas 50 organizaciones de derechos humanos denunció hoy a través de un pronunciamiento que a pesar de haber planteado propuestas y redactado un documento con observaciones, referentes a las reformas al nuevo Código Penal, éstas no han sido tomadas en cuenta por los legisladores y legisladoras hondureñas.
“Nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta en la redacción del documento final del Código específicamente en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, criminalización de la protesta y despenalización del aborto por tres causales, entre otros, señala el pronunciamiento.
Persiste una falta de transparencia en la socialización de este nuevo Código incluso entre los diputados y diputadas pertenecientes a la Comisión de socialización de dictamen del Código Penal, quienes han denunciado en el seno del Congreso Nacional, desconocer el contenido total de este nuevo Código así como del dictamen y los artículos de discusión de este texto, en las sesiones del Congreso, apunta el documento de la Articulación 611 hecho público a la prensa en la Plaza La Merced de Tegucigalpa, cercana a la sede del Congreso Nacional.
El abogado Guillermo López Lone de la Coalición contra la Impunidad, que respalda a la Articulación 611 dijo que estamos muy alarmados de que este Código se está aprobando prácticamente con una prisa inusitada con respecto a otras leyes, siendo tan importante y que hay una discusión muy fuerte alrededor de algunos artículos que tienen que ver con la criminalización de la protesta social, por un lado y por otro lado con la despenalización del aborto.
“Nosotros lo que estamos pidiendo es que este proceso debiera tener mayor publicidad, que se abriera a la sociedad la discusión de la aprobación del Código Penal, que se ponga cuidado en la aprobación de figuras penales que vayan a criminalizar la protesta social, como el delito de manifestaciones ilícitas, el delito de asociación ilícita, los delitos de usurpación; por decir algo, y sobre todo que se despenalice el aborto, nos parece que es realmente inaudito que en este país sigamos penalizando a las mujeres, condenándolas a la muerte, que no tengan la posibilidad de poder tener autonomía sobre sus cuerpos, sus decisiones de vida, en temas tan sensibles como el del aborto”, señaló López Lone.
Reformas conducen hacia un estado policíaco en Honduras
Al ser consultado sobre si dichas reformas tienen algún propósito para el actual régimen, López Lone apuntó que “yo creo que las reformas forman parte de un cuerpo de leyes que vienen aprobando en los últimos años en el Congreso Nacional (CN), que si nosotros lo vemos en su conjunto junto a otras medidas que se están tomando, yo creo que lo que se está instaurando es un régimen de control social de la ciudadanía, de los movimientos sociales, que tienden prácticamente hacia un estado policíaco aquí en Honduras”.
Las leyes a las que se refiere el entrevistado son: La Ley de Secretos Oficiales, la Ley de Inteligencia, la Ley de Intervención de las Comunicaciones Privadas, la creación de los tribunales de jurisdicción nacional y la Ley de Extinción de Dominio, entre otras.
“O sea estamos degradando el estado de derecho a una expresión máxima, no quedamos conformes con lo que sucedió en el golpe de estado donde prácticamente colapsaron las instituciones del sistema de seguridad, sino que ahora todo este cuerpo de leyes lo que va a traer como consecuencia es que la mayor parte de las conductas dirigidas a protestar, a reaccionar, a oponerse a políticas públicas, van a tener como consecuencia que nos van a penalizar”.
“Nos van a criminalizar y nos van a llevar a procesos penales donde seguramente nos van desgastar, nos van a desarticular y luego con el riesgo del sufrimiento de que vayamos a ventilar procesos donde tengamos que pasar por prisiones preventivas y hasta por condenas penales, advirtió el ex juez de los tribunales de la República.
Por su parte, María Elena Méndez del Centro de Estudios de la Mujer-Honduras (CEM-H) comentó que si se apruebas dichas reformas, a las mujeres les espera ver en retroceso sus derechos.
“Estamos ilustrando a la comisión dictaminadora que el hecho que no se apruebe lo del aborto terapéutico en las condiciones en que se plantea, significa una violación a los derechos humanos y que los derechos humanos no tienen que ver con la Biblia, no tienen que ver con la religión; los derechos humanos tienen que ver con los derechos de la ciudadanía, de los ciudadanos y el estado tiene el deber de protegerlos”, señaló Méndez.
Méndez añadió que esto pone en evidencia a la clase política como “oportunista, que sabe que ésta sociedad es conservadora y están haciendo un cálculo político y hay una cultura patriarcal donde la mayor parte de los diputados son hombres y las mujeres apropiadas de un discurso moral, de un discurso religioso, algunas diputadas que están apropiadas de un discurso moral y no un discurso ético, porque no es lo mismo, lo moral y lo ético, entonces eso nos demuestra que la clase política está aliada con los grupos conservadores de este país”.
El pronunciamiento distribuido a la prensa señala que “hemos realizado a lo largo del año pasado y el presente, propuestas en relación al Nuevo Código Penal desde sociedad civil, logrando consolidar un documento que fue presentado tanto a la Comisión de Dictamen de este Código, como a los consultores/as españoles y a Gerencia Legislativa”.
A pesar de haber tenido reuniones consecutivas, nuestras propuestas no han sido tomadas en cuenta en la redacción del documento final del Código específicamente en lo que se refiere a los delitos de terrorismo, criminalización de la protesta y despenalización del aborto por tres causales, entre otros.
El desconocimiento de la población en general del contenido de este nuevo Código Penal es casi total, lo que resulta incompatible con el carácter público que debería concedérsele a la aprobación de una ley penal que tiene como finalidad regular las relaciones en la sociedad para evitar agresiones, y en caso de que se produzcan sancionarlas conforme a sus disposiciones.
Creemos que este nuevo Código va encaminado a sancionar y reprimir los derechos humanos y los derechos de mujeres, población indígena, campesina, defensores/as de derechos humanos y otros colectivos de forma específica.
Adicionalmente algunos delitos como el de terrorismo y pérdida de nacionalidad son un claro ejemplo de cómo puede afectar a cualquiera de los habitantes del territorio nacional, sea cual sea su filiación política, religiosa o social.
Que en caso de no incorporarse las demandas planteadas por organizaciones de sociedad civil estaríamos expresando nuestro total repudio a un proceso que no ha sido ampliamente socializado, analizado y compartido con el pueblo hondureño, que es a quien nos debemos, advirtieron las organizaciones integradas en la Articulación 611.
