Tegucigalpa.- Para que las víctimas de violaciones a los derechos humanos en la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en la década de los 80, cuenten con un mecanismo real y legal para que puedan exigir derecho, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), continúa con el proceso de elaboración de un proyecto de Ley de Reparación Integral.
Continuando con el proceso de recolectar información y propuestas, los consultores responsables de la elaboración del proyecto de la ley, Verónica Torras de Argentina y Alejandro Valencia de Colombia, se reunieron el lunes de esta semana con más de una veintena de familiares y víctimas.
Verónica Torras es la directora ejecutiva de la organización Memoria Abierta de Argentina, es licenciada en Filosofía, tiene una Especialización en Memoria, Derechos Humanos y Resistencias y cuenta con doctorado en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús.
Por su parte, Alejandro Valencia es abogado colombiano, defensor de derechos humanos, trabajó con las comisiones de verdad de Ecuador, Paraguay, Perú y Guatemala, ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y consultor de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para diversos proyectos y actividades en América Latina.
En el proceso de la elaboración de la Ley de Reparación Integral para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos de la década de los 80, el Cofadeh cuenta con la colaboración y asesoramiento de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la organización Memoria Abierta de Argentina.
“El objetivo es que nos pueda ayudar a empoderarse como víctima, porque se contaría con un mecanismo real y legal que pueda exigir derecho”, les expresó a los familiares y víctimas el consultor Alejandro Valencia.
Les explicó a los familiares y víctimas que la propuesta de ley contará con cinco ejes fundamentales como ser memoria, verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
La coordinadora del Cofadeh, Berta Oliva, expresó que este año es de desafío para el comité que dirige, al elaborar un proyecto de Ley para las víctimas, iniciando con la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Indicó, además, que el silencio de las víctimas y de las familias es provechoso para perpetradores de las desapariciones forzadas, de las violaciones a los derechos humanos, de los asesinatos políticos, de las torturas y el exilio que vivió la gente.
“La justicia en tema de derechos violados es política, y deberíamos reclamarla integral”, sostuvo Oliva.
“En los 40 años que hemos venido trabajando el tema sabemos que hay unas deficiencias terribles en el marco legal y por mucho que llevemos casos individuales al sistema interamericano de derechos humanos, retorna a Honduras para que continuemos exigiendo a los gobiernos, en representación del estado, el cumplimiento de esas sentencias”, manifestó.
Finalmente indicó que “nuestra apuesta es tener terminada esta propuesta para el 30 de agosto, Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada, para presentárselas a las autoridades de nuestro país”.
Tania Sagastume, quien en este proceso participan en representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras, indicó que es muy importante la etapa de consulta a las víctimas, a las personas afectadas y a los familiares, para que puedan dar orientaciones hacia donde debe dirigirse la ley.
“Este proyecto de ley busca ser lo más integral posible, es decir, no solo fijarse en un aspecto que puede ser justicia, o buscar solo verdad, o buscar solo memoria, sino tomar lo que llamamos cinco pilares de la justicia transicional”, señaló Sagastume.
