Por Marpa
Tegucigalpa.- En Honduras al igual que el resto de países de América Latina se ejecuta un modelo que plantea la reconcentración de la tierra y la expoliación de los recursos naturales. Esta situación está produciendo graves violaciones a los derechos humanos entre los pueblos originarios y comunidades campesinas, por cuanto el estado abandonó su deber de proteger la vida y los recursos y se dedica ahora a actuar como un regulador del modelo extractivista, que genera conflictos permanentes.
Estas apreciaciones afloraron entre los expertos invitados al foro: “Cultivar Sin Riesgo” que tuvo como propósito visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen en contra de los defensores y defensoras de la tierra y los territorios.
El evento fue convocado por la Fundación Mundubat y las organizaciones socias en Honduras como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), La Vía Campesina y La Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, el Gobierno Vasco y la Cooperación Española.
Los expositores en el foro forman parte de una Misión de Observación en Derechos Humanos que visita Guatemala y Honduras desde el pasado 19 de septiembre y que concluirá el 25 del corriente.
Durante estos días, la misión conformada por expertos y académicos del País Vasco, Guatemala, Perú y Ecuador, se reunió con diversas organizaciones de la sociedad civil, autoridades hondureñas y la delegación diplomática de España en Honduras.
La misión se dividió en dos grupos para visitar a comunidades indígenas de Guatemala y Honduras y ha permanecido en la región desde el 19 de septiembre. En Honduras la misión visitó a varias comunidades indígenas lencas del departamento de La paz para conocer la realidad que enfrentan.
Durante el foro “Cultivar sin Riesgo”, realizado en un hotel capitalino, se abordaron temas como el contexto de desigualdad que existe en cuanto al acceso a la tierra, la lucha campesina y la conflictividad socio-ambiental en Honduras.
La lucha por la tierra en Honduras y Guatemala y los riesgos que enfrentan los defensores y defensoras de la tierra y el territorio, la criminalización de la tierra y su impacto en la vida de las mujeres. Estos, fueron entre otros, los temas que se expusieron a través de paneles integrados por investigadoras y expertos.
La abogada Mirtha Vásquez, de nacionalidad peruana, experta en temas ambientales y en la lucha campesina por los territorios, dijo que en toda América Latina las comunidades están bajo un proceso muy fuerte de expoliciación (que alude a quitar con violencia o con maldad e infamia).
En Honduras hay un proceso muy serio en el que existe una reconcentración de la tierra, expoliación de recursos y conflictos por la posesión de los recursos naturales.
“Estamos frente a una crisis global porque este es un nuevo proceso globalizador y neoliberal que se está profundizando cada vez más en el mundo y que básicamente lo que ha significado es esta explotación de los bienes comunes”, explicó Vásquez.
Es un modelo de desposesión por el capitalismo, que es lo que nosotras llamamos un capitalismo por despojo. La reconcentración de la tierra no ha sido casual, ha sido un proceso que pasa por todo Latinoamérica, aseguró la experta.
“No solo es Honduras, no sólo es Guatemala o Perú, que sufre ese proceso. Con este proceso la consecuencia práctica ha sido la imposición del uso de nuestros territorios, eso genera conflictos”, dijo.
Vásquez añadió que estamos bajo un modelo individualista y privatizador, cuando los actores privados se vuelven propietarios de nuestros territorios y explotan nuestros recursos.
“Estos son conflictos eco-territoriales porque nos estamos disputando el uso del territorio. Nos quieren quitar el territorio que ancestralmente nos ha correspondido y lo quieren destinar a otro uso para beneficio de privados, donde el estado se vuelve un regulador”, detalló.
Para este modelo es indispensable el uso de la fuerza, por eso no debe extrañarse el uso de los estados sobre la militarización, porque básicamente el ejercicio del poder se instrumentaliza a través de las violencias, “porque ellos son pocos los privados, que quieren apropiarse y nosotros somos muchos los pobres, dueños de los territorios y entonces se instrumentaliza la violencia para hacer posible esto, y se da la criminalización, la persecución y los asesinatos . De ahí que la violencia tampoco es una casualidad”, sostuvo Vásquez.
“En este modelo también se profundizan las desigualdades históricas, hemos tenido muchas exclusiones generadas por el tema de clase, hay discriminación por raza, sexo; y eso se profundiza con este modelo colonizador, que ha sido muy patriarcal y excluyente”, apuntó.
En relación al papel de la mujer en la lucha por los territorios, la experta citó que las féminas han sido históricamente invisibilizadas por el modelo, sin embargo, las que luchan por la tierra y el agua son las mujeres, porque nos han asignado un rol, el rol del cuidado de la casa y el hogar; entonces eso nos hace estar en profundo contacto con la tierra y con el agua, explicó.
“Ahora ese papel se está invisibilizando aún más, con la tenencia de la tierra, las mujeres tienen un serio problema de ser titulares o propietarias de la tierra. Para citar un ejemplo, de mil 600 millones de mujeres campesinas en el mundo, sólo el 2 por ciento tiene la titularidad de la tierra”, comentó Mirtha Vásquez.
Por su parte el abogado Ronaldo Galeano del Comité de Unidad Campesina de Guatemala (CUCG), dijo a www.defensoresenlinea.com que una de las cuestiones que hemos visto con los compañeros y compañeras de Honduras es el riesgo constante de que las comunidades sean desalojadas, que haya desalojos violentos, que se esté utilizando fuerza excesiva o por lo menos en Guatemala eso ocurre comúnmente.
“Hemos visto que las fuerzas de seguridad acompañados de particulares, no solamente desalojan a la comunidad, sino que les destruyen sus viviendas, destruyen sus cultivos, les destruyen su indumentaria, que en el caso de Guatemala la indumentaria de la mujer indígena maya, es muy importante, porque es parte de su identidad”, expresó Galeano.
Galeano señaló que en 2011, durante un desalojo, las fuerzas de seguridad dispararon las bombas lacrimógenas en contra de los cuerpos de los campesinos, y uno de ellos falleció.
“Nosotros enfocamos la criminalización como el uso indebido o sin fundamento del derecho penal. Es decir que aun cuando existen vías administrativas o de otro tipo para solucionar problemas que tienen que ver con la posesión y tenencia de la tierra, el estado se ha inclinado por penalizar los casos, por acusar a los campesinos por usurpación y por emitir órdenes de aprehensión en contra de ellos.
Entonces esta situación los deja en una posición de mucha vulnerabilidad porque son campesinos que no tienen acceso a recursos económicos para poder pagar una caución económica y cuando se ordenan las aprehensiones, pasan bastante tiempo privados de su libertad.
