El Movimiento Indígena Lenca Independiente de La Paz (MILPA) comparece nuevamente en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos (COFADEH) ante los medios de comunicación para expresar su condena frente a los constantes hostigamientos y amenazas por activistas políticos del partido Nacional contra líderes y lideresas de su movimiento, que está provocando división entre familias de la comunidad de Simpinula, Santa María, departamento de La Paz.
El más reciente incidente ocurrió el 17 de marzo de este año, cuando el activista del partido Nacional, Segundo Castillo en evidente estado de ebriedad, ingresó a la casa de Juan Vásquez, (mientras éste no se encontraba), y agredió verbalmente a su esposa, a su suegra e hijos.
La dirigencia de MILPA, que en los últimos meses ha sufrido asesinatos, hostigamientos y amenazas a muerte, considera que la acción ejecutada por Segundo Castillo forma parte de una escalada provocadora contra defensores y defensoras de los bienes comunes de las comunidades lencas, opuestas a los proyectos hidroeléctricos privados, otorgados por el poder político actual.
En este caso la familia Vásquez al igual que centenares de indígenas lencas se oponen al concesionamiento de una represa hidroeléctrica en El Aguacatal, otorgado por el Congreso Nacional y avalado por el alcalde de Santa María, La Paz, Gabino Argueta. Estas acciones del partido Nacional contravienen convenios internacionales y violan el derecho a la consulta previa, libre e informada a que tienen derecho las comunidades lencas.
A juicio de MILPA, no solo el proyecto hidroeléctrico representa una amenaza para las comunidades, sino también la remedición de los terrenos ordenada por la municipalidad de Santa María, los impuestos inconsultos que deberán pagar al Catastro y las concesiones para la explotación de los bosques que causan severos daños a los territorios que habitan y de los cuales cuentan con títulos ancestrales.
La resistencia de los pueblos lencas frente a los proyectos hídricos, eólicos, forestales y mineros, impulsados por grupos económicos movidos por la avaricia de ganancias millonarias, con la complacencia del poder político sigue generando muerte, dolor, persecución, hostigamientos, amenazas y desplazamientos de familias.
Denunciaron que solo en el año 2015 fueron asesinados 20 dirigentes lencas de Santa Elena, departamento de La Paz. Sus muertes obedecen a un patrón de terror impuesto en el lugar que a punta de testaferros, sicarios, alcaldes y terratenientes y la reconocida directiva nacionalista, se está apoderando de los ríos para hidroeléctricas, usurpando los territorios ancestrales de La Paz.
Entre las victimas están Domingo Martínez, Juan Francisco Martínez Márquez hijo, (estuvieron en huelga dos meses en Azacualpa oponiéndose a la hidroeléctrica sobre el rio Chinacla), Selvin Darío Orellana, Javier Vásquez (18) y Silvestre Manueles Gómez (apareció muerto flotando en las aguas del rio Chinacla, fue torturado y le cortaron sus órganos genitales).
Después del golpe de Estado del 2009 el Congreso Nacional concesionó a una de las directivas actuales, Gladys Aurora López, más de 102 kilómetros de territorios ancestrales lencas, sin consulta previa y 10 concesiones mineras en La Paz. Debido a esto cinco comunidades han perdido sus fuentes de agua en San José y Chinacla.
Desde hace varios años MILPA ha planteado que “la problemática es muy fuerte de persecución, criminalización, acusaciones, encarcelamientos, represión, torturas, de todo se da en nuestros pueblos”.
Y añade que los alcaldes de los municipios de Santa Elena (Santos Víctor Ventura Vásquez del partido Liberal), San José La Paz (José Abel García Argueta del partido Nacional), San Marcos de la Sierra en el departamento de Intibucá (Miguel Ángel Bautista Gutiérrez del partido Nacional) junto a la vice presidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López son señalados de promover acciones que violentan los derechos humanos de las comunidades indígenas lencas.
Tegucigalpa MDC 30 de marzo de 2016
