El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) a la comunidad nacional e internacional, manifiesta su profunda preocupación frente a acontecimientos que han llevado a la criminalización y condena de defensores de derechos humanos que luchan por un pedazo de tierra en Honduras.
El COFADEH considera que la reciente condena dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, en el departamento de El Paraíso, contra los campesinos Alex Fernando Durón, Francisco Suazo Andino, Randolfo Adonay Laínez, Felipe de Jesús Eguigure Flores, Raymundo Ismael Eguigure Flores y José Antonio Obando Varela del grupo campesino “Hermanos Unidos”, acusados de “usurpación” y que conlleva a una pena máxima de 4 años de reclusión, ratifica la criminalización que el sistema de justicia aplica, sobre aquellos campesinos o aquellas campesinas; que procuren un pedazo de tierra para el sustento de sus familias.
El grupo campesino “Hermanos Unidos” que han poseído tierras durante varios años, en la adea Rancho El Obispo, municipio de Yuscarán, en el departamento de El Paraíso, ha sido criminalizado y enjuiciado por un sistema judicial que responde a una política de estado, donde se anula y penaliza el derecho humano que los campesinos y campesinas tienen, a contar con tierras para su seguridad alimentaria.
En la sentencia contra los seis campesinos del Rancho El Obispo, figura Francisco Suazo Andino, defensor perteneciente a la Red de Comunicadores Sociales y Defensores de Derechos Humanos de El Paraíso, que al igual que el defensor Abel Pérez de la Red de Defensores de Derechos Humanos de la Zona Sur (REDESURH), han formado parte de procesos de formación y capacitación impulsados por el COFADEH.
El COFADEH sostiene que tales acciones emprendidas por este gobierno contradicen la Política Nacional de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos que el gobierno actualmente discute con organizaciones defensoras de los derechos humanos.
El boletín informativo de la Dirección de Comunicación Institucional del Poder Judicial emitido el martes 11 de octubre de 2016, ratifica una vez más que hay una política de Estado destinada a someter a campesinos y campesinas que procuren un pedazo de tierra para sus familias.
De los hechos y de los hechores
¡Ni Olvide ni Perdón!
Tegucigalpa M DC 12 de octubre de 2016
