Tegucigalpa.- Cumplir con la Recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dar atención y tratamiento médico urgente y especializado a los presos políticos, liberarlos de inmediato y aprobar amnistía general e incondicional a las 174 personas acusadas en el contexto post electoral de 2017, exigió este martes el Comité por la Liberación de Presos Políticos en Honduras.
Así lo demandaron durante una comparecencia frente al Ministerio Público, donde participaron miembros del comité y familiares de los privados de libertad por razones políticas, donde también denunciaron que los presos políticos son objeto de abuso de autoridad y se encuentran indebidamente en prisión y que el Estado está obligado a reparar el daño causado.
Tras el proceso electoral de 2017 se generó una crisis política en Honduras por el fraude electoral que se dio en favor de Juan Orlando Hernández, donde fue reelegido de marea ilegal y arbitraria con el beneplácito de Estados Unidos, la Unión Europea, los militares y el empresariado hondureño.
Ante el robo electoral la población salió a las calles a exigir se respetara su voluntad, lo que generó que el gobierno de Juan Orlando Hernández a través de la Policía Militar y Preventiva reprimiera a los protestantes que no aceptaban el fraude electoral porque se les estaba imponiendo a un presidente por el que no había votado.
Esa “casería” que se hizo fue salvaje para proteger el fraude electoral de Juan Orlando Hernández, donde dejó a más de 74 personas judicializadas, de las cuales tres personas todavía permanecen encarcelados.
Los que aún continúan privados de libertad por razones políticas son Gustavo Cáceres preso en el centro penal de El Progreso, Edwin Espinal y Raúl Álvarez recluidos en la cárcel de máxima seguridad conocida como La Tolva.
Durante su comparecencia frente al Ministerio Público el Comité por la Liberación de Presos Políticos en Honduras recordaron al Estado que durante la crisis post electoral el Comisionado Nacional de Derechos Humanos mostró su preocupación por que en sus inspecciones en los Juzgados y Tribunales y verificaron que el Ministerio Público realizó presentó requerimientos fiscales por los delitos de asociación ilícita, robo agravado, incendio, daño y atentado agravado,sin un sustento sólido.
Además, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe preliminar de fin de visita en agosto de 2018, recomendó “Asegurar el debido proceso, acceso a la amplia defensa para todas las personas detenidas en el contexto postelectoral de conformidad con los estándares interamericanos de derechos humanos”.
También denunciaron que el Ministerio Público presentó 174 requerimientos fiscales contra manifestantes y contra algunos transeúntes, y más grave aún contra personas que se encontraban fuera del País como el caso de Eduardo Enrique Urbina Ayala.
Estos requerimientos el Ministerio Público los presentó en forma subjetiva, sin diligencias de investigación técnico científicas a las que está obligado conforme a la Ley Penal y su propia Ley.
