El Estado de Honduras debe responder la próxima semana en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en San José, Costa Rica, por el asesinato de Herminio Deras García cometido el 29 de enero de 1983 en la avenida Junior de San Pedro Sula.
El juicio, acordado por las partes en agosto de 2020, responderá igualmente por todos los daños directos – incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y exilios — provocados contra toda la familia Deras García en El Progreso, Yoro, desde 1977 hasta aún después del crimen.
Deras García era educador, consejero sindical y dirigente del Partido Comunista de Honduras al momento de su ejecución extrajudicial por el militar Marco Tulio Regalado Hernández, miembro del batallón de la muerte 3-16 en la zona norte de Honduras.
El escuadronero Regalado Hernández fue capturado por este crimen el 4 de octubre de 1999 y condenado a 12 años de prisión, pero un juez de sentencia lo dejó en libertad cuatro años después y la Corte Suprema liberal-nacionalista ratificó su absolución. Sin embargo, el imputado bajo presión social fue supuestamente recapturado el 26 de octubre de 2016 y deberá cumplir condena hasta finales de 2023.
El contexto en el cual ocurrió el asesinato del líder social Herminio Deras estaba marcado por la “doctrina de seguridad nacional” impuesta por Estados Unidos y adoptada ciegamente por el régimen militar-liberal-nacionalista de Gustavo Álvarez y Roberto Suazo, quienes prejuzgaban la condición sindical y militancia comunista como objetivos de exterminio.
El Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), que representa y acompaña a la familia Deras García en este juicio internacional, pone sobre la mesa el respeto al derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y las garantías judiciales a la honra y la dignidad, la libertad de asociación, de circulación y residencia, de protección judicial y derechos de niñas y niños establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Cofadeh confía que la petición de fondo para reparar integralmente las violaciones de derechos humanos en este caso, a satisfacción plena de los familiares, será cumplida por el Estado de Honduras sin dilaciones y sin recriminaciones de ninguna naturaleza.
Asimismo, que las medidas de atención en salud física y mental necesarias, a voluntad de las víctimas y de manera concertada, sean acatadas con profunda responsabilidad humana a partir de la fecha.
Por último, igualmente importante, el Estado debe completar la investigación que responsabiliza a Marco Tulio Regalado como ejecutor material del crimen y establecer todas las demás responsabilidades en justicia penal ordinaria, para que la estructura criminal que cometió tales atrocidades comprenda que sus actos no prescriben.
Dado en la Plaza de los Desaparecidos durante el plantón del primer viernes de mayo.
De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón.
COFADEH, 6 de mayo 2022
