Comayagua, Honduras.- En una ciudad aparentemente tranquila, cuya historia data de 1537 entre el conservadorismo de un asentamiento español, un grupo de personas se apostaron frente al Ministerio Público a exigir que los crímenes recientes que han conmocionado a la sociedad no sean simple estadística de impunidad, sino de justicia.
Considerado un destino cultural, turísticos y religioso donde dos veces al año reúne hasta 25 mil personas para disfrutar de las alfombras de aserrín y procesiones de Semana Santa, o recibir el año nuevo con los 12 repiques de la campana más antigua en Latinoamérica que cuelga de la torre de Catedral, Comayagua ha sido noticia por el crimen contra el periodista Luís Almendares y la niña Fátima Valeria Benítez Jaco.
Ambos crímenes ocurrieron en el marco de toque de queda instaurado por el régimen de Juan Orlando Hernández, según Decreto Ejecutivo PCM 021-2020, del 16 de marzo pasado, supuestamente para evitar el contagio por Covid-19, que ya supera oficialmente los 90 mil casos, pero la cifra puede ser mayor.
Luís Almendares, de 35 años, los describen sus compañeros como un periodista amable, comprometido, conocido y muy querido por el pueblo comayagüense. Fue víctima de una emboscada cerca de su casa la noche del pasado 27 de septiembre, cuando desconocidos le impactaron cuatro disparos en zonas delicadas de su cuerpo. Fue atendido en el Hospital Santa Teresa de Comayagua y trasladado al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa, donde falleció la madrugada del lunes 28.
Mientras que Fátima Benítez, de 10 años, era una niña alegre, estudiosa, religiosa, sociable, cursaba el quinto grado de educación primaria, y formaba parte de una familia respetada y querida en su barrio. Ella estaba en la acera de su casa, cuando una persona en motocicleta le daba persecución a un hombre, haciendo disparos a mansalva que impactaron en la menor, falleciendo minutos después en un centro médico, el 13 de octubre. Según familiares, la policía tardó en llegar.
Estos solo son dos casos que han trascendido el cerco mediático, pero hay otros que están en la impunidad, es así que venimos la Ministerio Público a exigir justicia por Luís, Fátima y todas las demás víctimas de violaciones a los derechos humanos, declaró a Defensores en Línea, el abogado Gerson Soler, parte del grupo convocante a las acciones públicas para exigir justicia.
El grupo se apersonó este martes 20 de octubre, para solicitar información sobre estos últimos crímenes en la cabecera departamental de Comayagua, pero se encontraron con un cerco policial tras el portón de las instalaciones públicas. El grupo se quedó a la orilla de la calle, porque no se darán por vencidos en la búsqueda de justicia.
Soler teme por la vida de todos, porque “si una persona es capaz de asesinar a la voz del pueblo, una persona tan querida como Luís Almendares o impactarle 10 disparos a una niña, realmente nosotros estamos expuestos, nos llena de preocupación a la sociedad civil”, agregó.
Dejó claro que existe desconfianza en la policía y en las autoridades judiciales, por lo que continuarán con manifestaciones auto convocadas y públicas, porque exigir justicia no es delito.
Entre los manifestantes estaba Gustavo Argueta, quien lamentó mucho el crimen contra su amigo Luís, un periodista cuyo único pecado fue decir la verdad; y condenó el asesinato de la niña Fátima, su vecina en el Barrio Arriba, dejando luto en una familia muy querida, la familia Amador.
En Honduras la justicia está engavetada -afirmó Argueta- no hay justicia. Las autoridades saben quiénes son los autores materiales e intelectuales de estos dos crímenes, pero la policía nunca investiga nada, la gente que muere de esta manera solo viene a ser una estadística más, aquí no tenemos autoridades ni justicia, desde el gobierno de la República que es un usurpador que está allí, hasta los alcaldes, especialmente en de Comayagua.
Por lo que es necesario esta clase de protestas, que son permitidas por la ley y estamos pidiendo que nos aclaren estos asesinatos y otros que han ocurrido en Comayagua, agregó Argueta mientras portaba una pancarta con la leyenda “Justicia para Fátima”.
Lamentó que “en este país se caya la verdad, por que decirla es un crimen. Pero a los delincuentes que gobiernan están tranquilos, nadie los toca por esa razón estamos elevando nuestra voz de protesta”.
La policía está ocultando información porque hay autores intelectuales en el crimen contra Luisito, él era un hombre que ayudaba a las personas humildes, a alguna gente le decía sus verdades y por eso lo mataron, más o menos se sabe quiénes son los responsables. Exigimos que el Ministerio Público acelere el proceso contra estas personas, puntualizó Gustavo Argueta.
Es posible que muchas personas quisieran acudir a los actos de protesta, pero la crisis sanitaria no lo permite. El velorio de Luisito hizo que más de cuatro mil personas desatendieran la orden gubernamental del toque de queda, para dar el último adiós al comunicador que se convirtió en la tercera víctima mortal en el gremio periodístico hondureño este 2020. Reiterando que los crímenes se ejecutaron en el tiempo de la pandemia donde la policía y militares tienen la custodia ciudadana.
El hermano de Luisito, Franklin Almendares, dejó rodar sus lágrimas al recordar todo el bien que hizo el periodista, sin saber de dónde sacaría los medios necesarios para ayudar a la población que lo buscaba, y que todavía lo llora.
Había infantes llorando “Luisito era como mi papá” decían porque él se movía para llevarle alimentos o medicina a la gente que solicitaba su ayuda, si alguien ocupaba una silla de ruedas, muletas, camisa, lo que necesitara la gente, no sé cómo le hacía, pero lo conseguía, afirmo Franklin.
Añadió que la familia tiene miedo de las represalias por exigir justicia. Y aunque sea una familia humilde que no tiene problemas con nadie no se cansará de clamar justicia, por que quisieron callar la voz de una persona, pero es todo un pueblo con ellos reclamando que quien cometió el crimen debe pagar y que le caiga todo el peso de la ley.
También afirmó que, la policía ya sabe quiénes son los responsables, pero que la información no es pública, hasta esperar el juicio.
Estamos esperando que se haga justicia, que agarren a las personas que cometieron el error de asesinar a mi hermano. Antes de fallecer él dio nombres e información, todo mundo sabe, pero la policía dice que quiere esclarecer bien el caso, detalló Franklin.
El hermano del periodista confía en que los próximos días la policía capture al hechor con evidencia correcta, según las autoridades han dicho.
La finalizar la activad, salió a la calle Carlos Ávila, vocero del Ministerio Público de Comayagua, sin dar mayores detalles, afirmó que el caso del periodista Luís Almendares, por ser de impacto nacional fue remitido a la Fiscalía de Delitos contra la Vida en Tegucigalpa. Mientras que el caso de Fátima Benítez está a cargo de la Dirección Policial de Investigación (DPI), por lo que lo que ahí no había información.
El Estado tiene la obligación de proteger la vida y labor de los defensores de derechos humanos y periodistas, según la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, aprobada por el Congreso Nacional el 15 de mayo del 2015, según decreto 34-2015 y publicada en el Diario Oficial La Gaceta número 33,730.
El pueblo de Comayagua, una ciudad conservadora, ha salido a las calles exigiendo justicia en los crímenes que atentan contra la vida y que mantienen la impunidad en el 80 por ciento de los casos que llegan al Ministerio Público, por falta de capacidad de los órganos de investigación, según declaraciones del entonces Fiscal General Luís Rubí, ante el Congreso Nacional, en abril de 2014.
