Tegucigalpa. El pasado martes 2 de abril, la coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Berta Oliva, presentó ante el pleno del Congreso Nacional (CN) la Ley de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos ocurridas en Honduras como producto de la implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN).
Esta ley, presentada por la reconocida defensora de derechos humanos en Honduras, reconoce y garantiza los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, en el marco de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en especial el derecho, a la verdad, la justicia, la reparación integral, restitución de sus derechos violados, medidas de satisfacción, no repetición y conforme a los estándares Internacionales de derechos humanos de los que el Estado hondureños es parte.
Además, contempla la definición de víctima de conformidad con el estándar internacional, que también comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir, para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.
Es importante señalar que la Ley que se presentó al pleno del Congreso nacional reconoce a las víctimas de desaparición forzada, homicidio, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes y violencia sexual, cometidas en Honduras como producto de la implementación de la DSN, a los asilados por razones políticas.
Esta iniciativa obliga a las autoridades de los tres Poderes del Estado, autoridades autónomas a cumplir con sus obligaciones postergadas en relación a las víctimas de la DSN.
Esta Ley establece obligación de adoptar una Política pública de memoria, que incluya la creación y administración de un Registro Nacional de Sitios de Memoria (sitios estatales y de sociedad civil), así como incluir el diseño curricular educativo y formación docente.
Además de la obligación de investigar o juzgar, aun cuando el cuerpo de la víctima no hubiera podido ser recuperado, como desaparición forzada, teniendo en cuenta que es un delito de ejecución permanente.
La Propuesta de Ley, fue construida con el apoyo técnico de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), Memora Abierta de Argentina y la Cooperación de la Mesa Técnica integrada por la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación y la Secretaría de las Culturas, las Artes y los Patrimonios de los Pueblos de Honduras (SECAPPH). Y la participación de las víctimas.
