Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) surge el 30 de noviembre de 1982, dentro del contexto de la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, por lo que este mes cumple 42 años de ser garante de los derechos humanos en el país.
La doctrina implicaba entre otras cosas, la militarización de la sociedad y la subordinación de los poderes públicos a las fuerzas armadas. Además, incluía violaciones en forma sistemática y selectiva a los derechos humanos.
Las violaciones más emblemáticas fueron las torturas, los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas.
a aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional se da cuando en 1981 Honduras retorna al proceso democrático, después de 20 años de dictaduras militares.
Pero el retorno del poder a manos de los civiles no significó respeto al Estado constitucionalista ni a los derechos humanos, al contrario, siguiendo mandatos de los EE.UU, es que se aplica la Doctrina de Seguridad Nacional que ya se aplicaba en la América del Sur.
La aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional implicaba entre otras cosas, la militarización de la sociedad y la subordinación de los poderes públicos a las fuerzas armadas.
Después de 20 años de dictaduras militares, en 1981 Honduras retorna al proceso democrático, pero este retorno del poder a manos de los civiles no significó respeto al Estado constitucionalista ni a los derechos humanos, por el contrario es en esta época que aplica -siguiendo mandatos de los EE.UU- la doctrina de Seguridad Nacional que ya se aplicaba en la América del Sur.
Para 1982, 69 familias eran víctima de la desaparición forzada, y a finales de ese año, el 30 de noviembre, 12 familias se aglutinan y conforman el Cofadeh.
El Comité nace con objetivos claros y definidos de recuperar con vida a sus parientes desaparecidos por el Estado. En algunos casos se logró el objetivo, en la mayoría de ellos no.
Entre 1980 y 1989 ciento ochenta y cuatro personas desaparecieron sin que las autoridades investigaran y sancionaran a los responsables.
En 1988 y 1989, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos encontró al Estado de Honduras responsable de la desaparición de Manfredo Velásquez y Saúl Godínez Cruz y lo condenó a indemnizar a los familiares de las víctimas y castigar a los responsables.
Nuevamente, en el año 2003 el Estado de Honduras volvió a ser condenado en la misma Corte por la desaparición seguida de muerte de Juan Humberto Sánchez, ocurrido en 1992.
A partir de los años noventa, el Cofadeh reformula sus objetivos, incorporando la defensa y representación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la promoción y capacitación en derechos humanos, la investigación y documentación de casos.
Asimismo, establece alianzas estratégicas con organismos similares, conservando su independencia y su filosofía de trabajo.
También a mitad de la década de los noventa emprende la tarea de recuperar de los cementerios clandestinos los restos de los desaparecidos, actividad que después de legitimarse, coordina con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Y a finales de la década de los noventa, en 1998, incorpora a su labor la defensa de los derechos colectivos, el derecho al medio ambiente y el derecho a la libertad de expresión.
A lo largo de los 42 años de existencia, el Cofadeh ha contribuido también a la desmilitarización del país y la construcción de procesos democráticos, y la vigilancia permanente de las actuaciones de los poderes públicos y cuerpos de seguridad del Estado para el respeto de los derechos humanos en el país.
En el año 2001, el Estado de Honduras le otorga personalidad Jurídica, bajo resolución 24-2001 y, en ese mismo año, se hace acreedor al Premio Nacional de Derechos Humanos que anualmente otorga el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
En este nuevo siglo, el Cofadeh ha trabajado en la recuperación de sitios que durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional fueron utilizados como centros de tortura, cárcel clandestina y cementerio clandestino.
Uno de esos lugares es la propiedad que fue conocida como la “casa del terror” que se ubica en ale valle de Amarateca, Francisco Morazán, y que era del coronel Amílcar Zelaya.
Hoy, ahí el Cofadeh erige el Museo Contra el Olvido, espacio de reflexión sobre las violaciones a la dignidad humana durante la aplicación de la doctrina de seguridad nacional en la década de los 80, que dejó un centenar de muertos por razones políticas, un sin número de personas torturadas y a más de 184 personas desaparecidas.
Además, en esta segunda década del 2000, el Cofadeh ha elaborado una propuesta de ley que fue presentada en agosto de 2023 a la presidenta Xiomara Castro y a inicios de abril del año en curso al pleno del Congreso Nacional.
Se trata de la Ley de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de la Doctrina de Seguridad Nacional, que representaría una oportunidad única para avanzar en un verdadero proceso de justicia de transición y consolidación democrática y de estado de derecho.
En la elaboración de esta propuesta de ley, el Cofadeh ha contado con la asesoría y asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Memoria Abierta de Argentina.
El proyecto de ley contiene los cinco pilares de la justicia transicional como es Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.
También se trabaja para que en el sistema educativo, los hechos ocurridos durante la aplicación de la doctrina de seguridad nacional estén en la curricula educativa, con el objetivo que las nuevas generaciones conozcan esos hechos y no se olvide lo que pasó en esa época oscura en el país.
A nivel nacional, el Cofadeh ha conformado y capacitado a varias redes de defensores y defensoras de derechos humanos, como son la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos Indígenas Lencas de La Paz (REDHIL-PAZ), la Red de Defensores y Defensoras de El Paraíso, la Red de Defensores y Defensoras de Olancho, la Red de Defensores y Defensoras Ocotepecana de Derechos Humanos (DEOCODERH) y la Red de Defensores y Defensoras de derechos Humanos del Sur (Redehsur); todas ellas aglutinadas en la Red Nacional de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (RENADH).
El Cofadeh es una fuente obligada de consulta en materia de derechos humanos y seguridad pública, forma parte de importantes coaliciones de la sociedad civil, y es interlocutor de los organismos internacionales especializados en derechos humanos.
La visión del Cofadeh es una institución consolidada y beligerante, reconocida por la sociedad, trabajando en una Honduras libre de impunidad, con una ciudadanía empoderada de los derechos humanos y la memoria histórica.
