Tegucigalpa, Honduras.- Esther Yolanda Ponce Maradiaga (retirada) y Aracely Janeth García Romero (activa), después de 12 años fueron encontradas culpables por el delito de véjameles en perjuicio de la profesora Agustina Flores, durante una manifestación en contra del golpe de Estado de 2009.
Las abogadas Karol Cárdenas y Dora Oliva en representación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) y su coordinadora general Berta Oliva, acompañaron desde un inicio a la maestra Agustina, que con su perseverancia han llegado al primer caso juzgado del Golpe de Estado en el país.
La individualización de la pena será el próximo martes 11 de enero, aunque el delito por el que finalmente se les culpó solo consistirá en una multa1, el COFADEH sienta un precedente más en la búsqueda de verdad, justicia y relación en temas de violaciones a los derechos humanos.
La juez del Tribunal de Sentencia de la Sala I que preside la abogada Wendy Carolina Rivera, decidió condenar a las policías Ponce y García, únicamente por el delito de vejámenes, debido a que la misma Corte de Apelaciones en el transcurso del caso fue eliminando los cargos por torturas y detención ilegal, detalló Cárdenas.
En este caso, se aplicará el principio de retroactividad de la ley, establecido en el –nuevo-Código Penal -de la impunidad- donde establece el cambio de la tipificación del delito de vejámenes sólo por falta.
Pero, legalmente COFADEH sienta un precedente en la lucha por la defensa de los derechos humanos, como ser la comparecencia en la silla de los acusados a dos agentes policiales y poner en la palestra pública a estas dos policías torturadoras.
Además, marca precedente de una condena y esperar que este tipo de delitos no se repita, tal como lo expresó la víctima durante el juicio Oral y Público, que, desde el año 2017 se había pospuesto por seis veces, declarando el “expediente muerto”, según el Tribunal de la Sala primera.
Doce años de tortura psicológica, de silencio que ha vivido la profesora Agustina, para nosotras esto no es justicia, pero vamos a seguir trabajando y acompañando a la gente que resiste y ha resistido ante los ataques de este régimen. Hay que seguir trabajando por un sistema justo, declaró la abogada Dora Oliva.
Por su parte la profesora ya jubilada, Agustina Flores reaccionó a través de su cuenta en la red social de Facebook, de la siguiente manera:
De los cientos de casos de asesinatos, desapariciones, agresiones, torturas y violación de DDHH, acaecidos en el marco del golpe de Estado del 2009 en Honduras, el mío es el único caso que ha llegado a una sala de juicios orales, aunque después de casi 12 años de haber interpuesto la demanda por abuso de autoridad, violación de DDHH, tortura, daño físico, emocional y psicológico, las juezas al frente de las audiencias fueron minimizando los delitos cometidos por las policías a vejámenes y por ultimo a faltas, con el objetivo de favorecer a las agresoras.-
Trataron de rendirnos con las múltiples suspensiones de las audiencias, cansarnos y desanimarnos con el pasar de los años, pero también se equivocaron, no nos cansaron, no nos desanimaron, no nos rindieron y con el acompañamiento permanente de la Coordinadora General de COFADEH doña Bertha Oliva, las abogadas Karol Chinchilla y Dorita Oliva de la misma institución, llegamos a la etapa final con la sentencia de «CULPABLES»
Gracias doña Bertha, gracias Abogadas, gracias COFADEH. Defender nuestros derechos nos hace fuertes y minimiza la impunidad. Este logro lo dedico a todos los mártires le la resistencia contra el Golpe de Estado. Hasta Siempre Compañer@s.
Golpe de Estado 2009
Desde que se dio la captura de la maestra que vive en Olancho, acusada supuestamente por el delito de Daños Agravados, la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Cáceres Flores (asesinada en 2016), se puso en comunicación con Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), ya que su hermana Agustina había sido atacada y apresada por elementos de la Policía Nacional.
Esta redada fue durante un desalojo violento en las cercanías a la Embajada de Brasil, la noche del 22 de septiembre de 2009, donde estaba desde un día antes, el derrocado presidente José Manuel Zelaya.
Este crimen suma a los hechos que obedecían órdenes hacía todo acto protesta contra el presidente de facto Roberto Micheletti, las Fuerzas Armadas de Honduras y la Policía Nacional.
