Siguatepeque, Honduras. – El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), logró la libertad de dos líderes campesinos, criminalizados desde hace siete años, en Los Llanos, Taulabé, Comayagua.
Se trata de José Dolores Aguilar (52) y Enrique Rivera (68), quienes fueron criminalizados por el supuesto delito de DESCOMBRO AGRAVADO DE UN TERRENO DE VOCACIÓN FORESTAL, en marzo del 2014. En este casi el fiscal del Ambiente, del Ministerio Público, Maximiliano Rubí solicitó que los declararan culpables.
Pero la abogada Karol Cárdenas, del área de Acceso a la Justicia del COFADEH, apeló que sus representados son inocentes, no logrando demostrar el Ministerio Público la participación de ellos, en lo que se le imputaba.
Durante el juicio Oral y Público desarrollado entre agosto y septiembre, la defensa legal expuso la situación del campesinado hondureño, carente de medios y recursos para sus cultivos, además del uso de suelo forestal para labores agrícolas.
«Ellos no comprendían el fallo absolutorio del Tribunal,.por lo que al salir de la sala de juicios, les explique que estaban ya libres de cargo» dijo Cárdenas a Defensores en Linea.
Los imputados solo deseaban volver a trabajar en paz, situación que no viven desde hace siete años, cuando un patronato los acusó de descombro, al oponerse [más bien] a la tala del bosque.
Aunque este triunfo es solo «un pelo del lobo» ya habrá momento de celebrar, declaró Berta Oliva, coordinadora general del COFADEH, pues quedan casos donde no se debe bajar la guardia para reclamar justicia y libertad para compañeros privados de libertad, entre ellos los líderes indígenas Víctor Vásquez y José Vijil, en La Paz.
Los dirigentes campesinos hoy en libertad absoluta, José Dolores Aguilar y Enrique Rivera, son miembros de la Empresa Asociativa Campesina «12 de septiembre» afiliada a la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), de la que, el COFADEH representa legalmente a otros dirigentes de grupos judicializados en Comayagua y La Paz.
Más de 7 mil campesinos y campesinas han sido criminalizados en Honduras por defender el acceso a la tierra. Y unas 150 personas relacionadas a los procesos de recuperación de tierras, fueron asesinadas en la última década.
El Estado no ha cumplido su deber de cuidar la vida humana y proveer a los campesinos y campesinas las condiciones necesarias para su subsistencia, pese a que la población rural juega un papel productivo muy importante.
