Catacamas, Olancho.- El día 17 de junio del 2024, el equipo del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), específicamente del área de Acceso a la Justicia, se apersonó ante las instalaciones de Juzgado de Seccional de Catacamas, Olancho, con el objeto de revisar y presentar impulsos procesales en el proceso penal instruidos contra defensores de la tierra y territorio de la comunidad de Cuaca, en el municipio de Gualaco, departamento de Olancho.
A estos defensores nahuas se les solicitó la aplicación del Decreto N° 04-22 Ley sobre la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho Para que los Hechos no se Repitan, en relación a Amnistía para Presos Políticos y Presos de Conciencia, a favor de los señores Pedro Iván Juárez, Elvin Orlando Munguía, Martin Selvin Escobar, Laureano Escobar, Juan Pablo Veliz y Jorge Jesús Mejía.
Los defensores nahuas son víctimas de criminalización por el señor Nery Murillo, empresario que está destruyendo la zona con la extracción de la madera y otros minerales que se producen en el sector.
La solicitud de aplicación del decreto de amnistía fue denegada por la jueza Jessica Salgado, procediendo el COFADEH a interponer el correspondiente Recurso de Apelación y, asimismo, se solicitó se requiriera a la acusación privada su notificación para que se continúe con el trámite correspondiente.
Cabe señalar que la audiencia se realizó en horas de la tarde del lunes 13 de noviembre del año anterior, donde la jueza Jessica Salgado en su resolución emitida declara sin lugar la solicitud de aplicación del decreto de amnistía presentada por COFADEH, a favor del grupo de campesino nahuas de la comunidad de Cuaca, quienes han sido criminalizado y judicializados por defender su tierra y territorio.
Los campesinos nahuas afectados con ésta determinación de la jueza Salgado han sido acusados por el Ministerio Público por suponerlos responsables de los delitos de usurpación, daños y amenazas en perjuicio de la Corporación Murillo Tejada S.R.L de C.V., representada por el señor Nery Murillo.
“Es una tristeza y una lástima que las autoridades de nuestro pueblo se consideren de esa manera, porque ninguno de nosotros, los criminalizados, hemos hecho nada, solamente trabajar para la comida, todos los cultivos han sido destruidos por el supuesto dueño”, señaló en su momento Laureano Escobar.
Manifestó, además, que él nació ahí en la zona y tiene alrededor de 70 años de residir en el lugar.
“Yo tengo 70 años cumplidos, yo nací en ese puesto a donde se llama La Majada que fue a donde se adueñado ese señor y tiene la empresa, y que dice que es de la familia, y eso no es nada de cierto; entonces es una lástima que las autoridades que tenemos al frente, que era la esperanza que teníamos, no nos defiendan de personas de esa”.
Don Laureano, que es una persona de la tercera edad y que es el que lleva el sustento de su familia, señala que la situación es crítica debido a la pretensión del supuesto terrateniente.
“La situación es crítica, tenemos tres años de no poder sembrar un grano de frijol, los animales andan vagando, los que han quedado, los otros en la llena (lluvias) se ahogaron; entonces es una tristeza total, lamento el caso y que sea Dios que ponga su mano y él nos va a socorrer de todo peligro”.
Por su parte, Elvin Munguía, otra de las personas criminalizadas, señaló que se sienten decepcionados y afligidos por dicha resolución.
“Nos sentimos un poco afligido al ver que tenemos unos funcionarios públicos que están favoreciendo al terrateniente, debido a que no dan por aprobado el recurso que propone la abogada defensora nuestra, en lo que es la amnistía, sabiendo que sí es aplicable, y ver como la deniegan”.
Munguía hizo un llamado a las altas autoridades de la Corte Suprema de Justicia porque considera que parece que hace falta remplazar algunas autoridades que todavía no tiene la competencia para estar en estos puestos, y así poder analizar bien lo que es a favor y en contra de los pueblos indígenas.
Los campesinos indígenas nahuas esperan que pronto cese la persecución y criminalización en su contra por la defensa de su territorio en el departamento de Olancho.
