Tegucigalpa.- A 9 años del golpe de Estado, los asesinatos de campesinos en la finca “El Tumbador”; la brutal represión de manifestantes vivida en El Durazno; y el asesinato del periodista Nahúm Palacios se presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la Fundación San Alonso Rodríguez (FSAR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Estos crímenes, perpetrados después del golpe, se mantienen en la impunidad y representan los ataques del Estado contra la libertad de expresión, así como la represión y criminalización de la protesta social: violaciones a los derechos humanos que se mantienen vigentes en la crisis post electoral que enfrenta el país actualmente.
Así, en el marco de la visita de la CIDH a Honduras, las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, junto a sus familiares y las organizaciones que las acompañan, brindarán una conferencia de prensa el próximo martes 31 de julio a las 10:30am en las oficinas de COFADEH, con el fin de abordar el impacto de los casos y su presentación ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Sobre los casos
El caso conocido como El Durazno representa la brutal represión desatada por fuerzas de seguridad del Estado en contra de manifestantes en junio del 2009. A raíz de estos ataques, Roger Abraham Vallejo falleció, un número indeterminado de manifestantes fueron heridos y al menos 97 personas estuvieron detenidas.
Posteriormente, en noviembre del 2010, el ataque de efectivos militares y guardias privados contra campesinos y campesinas que exigían una parcela de tierra para subsistir, resultó en el asesinato de cinco personas en la finca “El Tumbador”.
Ese mismo año, en un contexto de ataques sin precedentes a comunicadores, el periodista Nahúm Palacios Arteaga fue asesinado frente de su casa. Pese a que la situación de riesgo de Palacios era del conocimiento del Estado de Honduras, las autoridades no tomaron ninguna medida para protegerlo y, hasta la fecha, ninguna persona ha sido sancionada por su asesinato.
Estos son tan solo algunos de los casos de asesinatos, detenciones arbitrarias, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, criminalización y hostigamiento que se mantienen en total impunidad desde el golpe de Estado y que han dado lugar a la grave crisis de derechos humanos que enfrenta hoy en día la sociedad hondureña.
