Tegucigalpa. – La ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, en representación de la presidenta de la República, Xiomara Castro, recibió ayer de manos de la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), Berta Oliva, una propuesta de Ley Integral para víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional en los años 80.
La entrega de la propuesta de Ley se hizo en el marco de conmemoración del Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
La ceremonia se realizó en el Salón Morazán de Casa Presidencial, con la presencia de familiares, víctimas, sobrevivientes, funcionarios de gobierno, representantes de organismos internacionales, representaciones diplomáticas e invitados especiales.
La propuesta de Ley fue elaborada por el Cofadeh con la asesoría y asistencia técnica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y Memoria Abierta de Argentina.
El proyecto de ley contiene los cinco pilares de la justicia transicional: Memoria, Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.
Verónica Torras, directora de Memoria Abierta de Argentina, y Alejandro Valencia, consultor de Naciones Unidas, fueron los encargados de redactar y dar forma a la propuesta de ley, con los aportes de los familiares, víctimas y sobrevivientes.
Al momento de la entrega, la Coordinadora General del Cofadeh, Bertha Oliva, se hizo acompañar de algunos de los hijos de los detenidos desaparecidos y por los Jóvenes Embajadores de la Memoria.
En su intervención, Oliva manifestó que hoy 30 de agosto se conmemora el Día Nacional del Detenido Desaparecido y Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que son fechas que se han logrado a pulso, tanto en Honduras como en el mundo y que se han logrado por la persistencia, existencia, resistencia y la coordinación.
En cuanto a la Ley presentada al Gobierno de Xiomara Castro, señaló que esta propuesta no es la culminación de una tarea, es el principio, y hay que involucrar a todos los sectores para construir un país que tenga fuertes cimientos en temas de derechos humanos y para que los hechos no se repitan.
Indicó que Honduras no puede continuar con las venas abiertas, hay que cerrarlas para que deje de sangrar.
En su intervención fue clara al manifestar que es consciente que mucha gente no quiere que exista Cofadeh, porque ahí hay memoria, hay historia y hay solidaridad plena.
Dijo que debemos repensar a Honduras, y que repensar no es solo hacer actividades en nombre de la memoria, es potenciarla con instrumentos legales que toquen fondos en lo integral en el tema de los derechos humanos.
Al recibir el documento, la ministra de los Derechos Humanos, Natalie Roque, señaló que «hoy tengo el altísimo honor de recibir de manos de ustedes la confianza depositada en nuestra presidenta para que pueda impulsar esta iniciativa de ley en conjunto con la bancada de Libre para que se haga justicia a las víctimas de la década de los ochenta».
Expresó su profundo compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos en el país y “sobre todo en una fecha como la de hoy al derecho a la verdad de las víctimas y las familias, del derecho al ejercicio de la construcción permanente de memoria y a la búsqueda de la justicia de las víctimas y las familias de graves violaciones a los derechos humanos”.
La ministra Roque sostuvo que “su gobierno tiene la responsabilidad histórica de construir políticas públicas que den respuestas no solo a los hechos de las historia reciente, sin o a las graves violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, e incluso antes, a todas esa graves afrentas a la dignidad humana que se han cubierto con un manto de impunidad de más de 40 años”.
“Este evento marca un hito importante en la respuesta que hacemos en la búsqueda de las familias y las organizaciones representantes de las víctimas de acceso a la justicia y es parte de nuestro compromiso como gobierno para promover la reconciliación de la sociedad hondureña, que no es posible si no hay justicia para las víctimas, si no hay memoria, si no hay castigo para los culpables y reparación”, enfatizo la ministra de los derechos humanos.
“En Honduras existe una deuda histórica para reconocer el derecho de las víctimas en un periodo de violencia sistémica institucional de violaciones a los derechos humanos como fue la década de los 80, por lo que la presentación de esta anteproyecto de ley representa una oportunidad única para avanzar en un verdadero proceso de justicia de transición y consolidación democrática del fortalecimiento del estado de derecho”, expresó la representante de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos en Honduras, Isabel Albaladejo.
Añadió que la presentación de esta Ley es una contribución de alguna manera a saldar esa deuda histórica que tiene el país.
La representante de la Oficina del Alto Comisionado indicó que la Ley contempla “el reconocimiento público de responsabilidad que establece la obligación del Estado para reconocer su responsabilidad de esas graves violaciones a los derechos humanos y asegurar la no repetición de esos hechos del pasado”.
Indicó que en materia específicas de desapariciones forzadas la ley también establece la necesidad de adecuar la normativa nacional a las obligaciones internacionales de derechos humanos, como adecuar el tipo penal de desaparición forzada, el establecimiento de las responsabilidad del superior jerárquico o de particulares, o el hecho de establecer varios elementos que van a contribuir a la búsqueda de personas desaparecidas.
