Tegucigalpa.- El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) ha documentado esta semana casos de violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas del estado al mando del narco dictador de Juan Orlando Hernández (actualmente juzgado en una corte de EEUU por narcotráfico), en el marco de la suspensión de garantías constitucionales por la pandemia del coronavirus o Covid 19 a nivel nacional, según el PCM 021-2020, para evitar más contagios.
Uno de los muchos casos en los que el régimen utilizó las armas en contra del pueblo y que el comité ha documentado es el de la familia Alvarado Santiago, donde elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) asesinaron a Marvin Alvarado Santiago, y dejaron gravemente herido a su hermano Héctor Arturo, sumado a eso también les propinaron golpes a Ronal y Jaime Alvarado Santiago, todos hermanos, hecho ocurrido el 24 de abril de 2020 en la comunidad de El Paraíso, Omoa, Cortés.
En un intento por salvarle la vida, Marvin fue trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas donde murió debido a la gravedad de sus heridas, mientras Héctor pudo sobrevivir, y, a pesar que no se había recuperado totalmente, lo fueron a sacar del hospital donde se encontraba para acusarlo del delito de daños en perjuicio de la seguridad del Estado, junto a Marvin y Ronal cuando las víctimas eran ellos.
De todo esto la familia Alvarado aún no pudo reponerse, ya que esto les género un ambiente de injusticias y depresión, dando como resultado que Danilo Alvarado Santiago, el hermano más apegado a Marvin, el que caminaba con él, tomara la fatal decisión de suicidarse frente a su tumba, al cumplirse dos meses del asesinato de su hermano.
En el cementerio los dos hermanos permanecen juntos y a dos años de estos hechos, su familia exige justicia y que estos crímenes no se queden en la impunidad, porque fueron atacados injustamente por los cuerpos represores del Estado, comandados por el régimen del en ese entonces dictador Juan Orlando Hernández.
“Nosotros lo que queremos es justicia, que se encarcele a los policías que nos hicieron esto, ya que mi hermano está muerto y yo he quedado con consecuencias graves en mi cabeza que no me permiten trabajar, y ellos andan libres”, señaló Héctor Alvarado Santiago.
La Coordinadora General del COFADEH, Berta Oliva, expresó que durante la dictadura y la militarización y la re militarización del país, la población estuvo en absoluta y total indefensión y la familia Alvarado Santiago, de Cortés, especialmente de Omoa, fueron víctima de los peores atropellos de la fuerza de seguridad interior y de las fuerzas militares del país.
“Esto lógicamente sucede en el marco de la suspensión de garantías constitucionales, que emite la dictadura bajo la justificación de controlar la pandemia, en el marco del COVID 19, Y así, como ésta familia, un gran número de hogares hondureños, se han visto con estas tragedias, pero yo considero que aún sigue el sistema de justicia y los encargados de la misma haciendo estragos, en contra de la población hondureña, en contra de las víctimas de ese terrorismo de Estado que estuvimos sometidos”.
Señaló además que “en esta familia no solo le asesinan a uno de sus miembros, si no que luego de asesinarlos, los acusan de atentar contra la seguridad del estado, pero previo, intentan inclusive por orden del Ministerio Público irlos a sacar del hospital, a uno de ellos que quedó gravemente herido, a mí me parece inaudito, todo esto que hemos estado viendo”.
Expresó además que sumado a eso la familia Alvarado Santiago no volvió a ser la misma, porque el ataque policial del que fue víctima les genero otra desgracia.
“Luego, imagínense que la depresión llega a tanto que uno de sus miembros de la familia decide suicidarse, porque no tiene respuesta, porque su única respuesta es la persecución, la acusación y lógicamente la gente en el marco de la pandemia, con la suspensión de las garantías, con la militarización encima, lo que podía pensar que le iba a pasar, lo que le pasó al hermano, que fue asesinado por la policía militar”.
“Y hoy gozan todos estos, aunque fue un hecho en público y que quisieron ir a sustraer uno de los que quedó gravemente herido, después de haber ido a golpear a toda esta familia, los que cometieron estos delitos de libertad”, añadió.
La defensora de derechos humanos señaló que hay un poder judicial, un sistema de justicia que opera a favor de los ejecutores, y que aun en este momento siguen actuado de la misma manera, porque ese poder del estado sigue en control del narco dictadura, y que este caso rompe todos los paradigmas.
“Este es un caso que rompe los paradigmas también, por sí mismo es emblemático, porque ellos no son enemigos del Estado de Honduras, se convierten en objetivo del Estado de Honduras, del estado de seguridad.
“Cuando ellos asumen su voz de protesta, por la suspensión de garantías, la pérdida de sus trabajos que en ese momento se dio, pero además la falta de asistencia del estado, si los encerraba, tenía que por lo menos la dictadura garantizarles alimentos”.
La coordinadora de COFADEH añadió que como esta familias han sido víctimas a nivel nacional muchas más hondureños, y que es lo que hay que hacer con ellos, una intervención de ayuda, pero no para decir que tenemos un caso en cuestión de violaciones a los derechos humanos, si no para ayudarlos, primero a devolverles la confianza en sí mismos, y a estabilizar las emociones, tratar de estabilizarlos psicológica y emocionalmente, hacerles un acompañamiento de tal manera que se puedan sentir reivindicados en algunas de las aristas y sufrimientos.
“Lógicamente que no van a sentirse reivindicados en el tema de la pérdida de su hermano, y luego a los dos meses la decisión fatal por la persecución del estado, que asume otro de sus miembros, de tomar la decisión de quitarse la vida”, agregó.
Cabe mencionar que el COFADEH está documentando de manera audiovisual este y otros casos emblemáticos, donde el comité dará a conocer en un video, a nivel nacional e internacional, estos casos donde se puede ver un poder judicial, un sistema de justicia que opera a favor de los ejecutores, y no a favor de las víctimas de torturas y de crímenes de lesa humanidad.
La documentación audiovisual se realiza el marco del Proyecto “Promoción y Defensa de los Derechos Humanos en Honduras” (PRODEHONDURAS), que beneficiará de forma indirecta a 600 mil habitantes de 28 municipios en ocho departamentos del país: Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Yoro, Atlántida y Cortés.
