COFADEH continúa documentación previo a juicio de criminalización campesina

Siguatepeque, Honduras.-  Los socios de la Empresa Asociativa Campesina “12 de febrero” José Dolores Aguilar (53) y Enrique Rivera (68), continúan bajo medidas sustitutivas a las prisión, mientras se llega la fecha del juicio oral y Público citado para el próximo 26 de agosto.

Los defensores de la tierra acusados por el supuesto delito de descombro agravado, llegaron este jueves 22 de julio a firmar al Tribunal de Siguatepeque, lo que implica un oneroso gasto y días sin trabajar; además permanecen alejados de los predios por el que se les acusa de descombro.

Hoy se reunieron con la abogada Karol Cárdenas, representante legal del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), como su defensa legal, quien debe presentar un informe mensual sobre los criminalizados.

Aprovecharon la oportunidad para continuar recabando documentos e información que los acredita como dueños de las parcelas donde habitan y cultivan, en la comunidad Los Llanos, municipio de Taulabé, Comayagua.

En este caso, el juicio debió iniciar el miércoles 21 de abril, pero el Ministerio Público no estaba listo, pese a que existía citación anticipada y pretendió culpar por la falta a la defensa, en este caso a las representantes legales del COFADEH.

Los campesinos José Dolores Aguilar (53) y Enrique Rivera (68), en el año 2015 permanecieron seis meses privados de libertad, logrando medidas sustitutivas a la prisión siendo el COFADEH, su garante.

Los criminalizados y demás familias de Los Llanos, protegen el bosque por que es la fuente de agua de donde se abastecen y necesitan para su cultivo y sobrevivencia en  general; sin embargo, el 21 de marzo de 2014, los representantes del entonces patronato acusó a José Dolores Aguilar, Enrique Rivera y Rogelio Vásquez (fallecido), de talar los árboles, cuando en realidad eran ellos (patronato) que operaban la tala y venta de madera sin el consentimiento de la mayoría, violentando el derechos a la consulta libre, previa e informada.

Entonces fueron criminalizados y encarcelados por seis meses en el 2015, acusándolos por el supuesto delito de “explotación ilegal de los recursos naturales” en perjuicio del Estado de Honduras, sumando a la lista de más de siete mil campesinos y campesinas criminalizadas por la defensa de los bienes comunes de la naturaleza.

Según la comunidad, cuando se limpió el bosque, se debió a una limpieza de árboles de ocote afectados por la plaga del gorgojo del pino que afectó el bosque hondureño. Actualmente el 45% del ecosistema de bosque de pino peligra ante el gorgojo descortezador, según el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la causa es por falta de lluvia necesaria para la producción de resina, protección natural de los árboles, además de la falta de aves como controladores biológicos como el pájaro carpintero.

A la espera de títulos de propiedad

Los campesinos de la empresa “12 de febrero” esperan que el Instituto Nacional Agrario (INA) les entregue títulos de propiedad que los acredite como responsables de sus parcelas y no tener miedo a ser criminalizados por cuidar el bosque del entorno, por lo que el proceso lo mantienen con la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), organización a la que están afiliados.

Mientras tanto, cultivan frijol, maíz, café y demás hortalizas de temporada para consumo familiar, arriesgándose ante la necesidad de tierras que enfrenta más de 300 mil familias campesinas.

Honduras es un país de 112,492 km2 , se estima que la superficie de tierras con vocación forestal es de 98,629 hectáreas  (87.7% del territorio), según estudio de la Organización de las Nacionales Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La cobertura forestal es den 5.680.52 hectáreas  (50.5% del territorio).