Tegucigalpa.
Por Marvin Palacios
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) concluyó el jueves 30 de marzo, un ciclo de capacitaciones en derechos humanos en el marco del proyecto “Defendiendo Derechos y Libertades para Vos y para tu Voz”, beneficiando a unas 30 personas, entre líderes magisteriales, pedagogos, ambientalistas, sindicalistas, feministas, diversidad sexual, estudiantes, campesinos e indígenas y defensores de la tierra, entre otros.
Con el apoyo de Diakonia-Unión Europea, se desarrolló el último taller en un hotel capitalino en las fechas del 28 al 30 de marzo de 2017, donde actuó como facilitadora la socióloga y politóloga, Ana Ortega, quien impartió el tema sobre Veeduría y Fiscalización Social.
En esta última jornada de capacitación, los asistentes recibieron la visita de la Representante Residente de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), María Soledad Pazo, quien expuso sobre el mandato de esta oficina en el país.
María Soledad Pazo dijo que el país pasa por una situación compleja en materia de derechos humanos, y que ha percibido una gran polarización en la sociedad hondureña, que surgió desde golpe de Estado de 2009, y que éste aspecto pone en precario las libertades de grupos vulnerables en el país, como los pueblos originarios, las mujeres y los defensores y defensoras de derechos humanos.
Pazo destacó que en el caso de las mujeres, en Honduras se criminaliza a las féminas, por ser mujeres, por ser campesinas y por ser defensoras de la tierra y los bienes comunes, por lo que existe impotencia frente a un sistema que criminaliza.
“Hay estigmatización, censura mediática y falta de visibilidad. Hay un compromiso retórico del gobierno, pero en la práctica se ve poco”, sostuvo la funcionaria de la Organización de Naciones Unidas.
Pazo dijo a los defensores y defensoras de derechos humanos que no están solos, que tienen el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y los instó a seguir monitoreando y denunciando las violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.
Desde Tocoa, asistió al taller, la dirigenta de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Haydeé Saravia, quien dijo a www.defensoresenlínea.com que la capacitación ha sido muy importante porque se abordó el tema de la veeduría social, que es algo que en todas nuestras comunidades, municipios y departamentos, debemos conocer las acciones que realizan los funcionarios.
“Debemos ser vigilantes en estas instituciones públicas, donde hay tanta corrupción, así que la población debe saber cómo es que sucede y por qué está sucediendo toda esta impunidad y que no hay leyes, y que es necesario tener una veeduría social”, expresó Saravia.
Consultada acerca de los obstáculos que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos para obtener información pública, la dirigenta de COPA respondió que a pesar que existen 16 leyes que dan la potestad a la ciudadanía de hacer una vigilancia social, éstas no se cumplen, porque hay muros que impiden penetrar en las investigaciones.
EMITEN COMUNICADO URGENTE PARA CONDENAR CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO
Otro aspecto importante que surgió de este taller es que a raíz de una campaña mediática de desprestigio y descalificación divulgada en redes de internet, que señala a líderes sociales, religiosos y defensoras de derechos humanos, de estar vinculadas al narcotráfico, el crimen organizado y a recibir respaldo del partido de oposición Libertad y Refundación (LIBRE), tuvo impacto y reacción entre los participantes y las participantes al taller.
Al respecto los representantes de las organizaciones emitieron un comunicado urgente para condenar los ataques plasmados en esta nueva campaña de descalificación.
Desde hace varias semanas circulan anuncios posteados en redes sociales que han difamado y calumniado a reconocidas defensoras de derechos humanos como la Coordinadora General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Bertha Oliva, al director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y director de Radio Progreso, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, al director de Vía Campesina, Rafael Alegría y al líder lenca Salvador Zúniga, de la Coordinadora Indígena del Poder Popular en Honduras (CINPH).
También han sido víctimas de calumnias el ex presidente de la República, coordinador del partido LIBRE y actual diputado, Manuel Zelaya Rosales, su hermano Carlos Zelaya y organizaciones como el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
Firmaron el comunicado las organizaciones siguientes: El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia (SITRAPANI), Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), Colegio de Pedagogos de Honduras (COLPEDAGOGOSH), Colegio Profesional Unión Magisterial de Honduras (COPRUMH), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), La Vía Campesina (LVC).
Asociación Nacional de Campesinos de Honduras (ANACH),Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH), Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), Comité Ambientalista del Valle de Siria (CAVS), Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA), Red de Defesores/as de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), Red de Defesores/as de Derechos Humanos y Comunicadores/as Sociales de El Paraíso (Red-Oriente), Defensores Ocotepecanos de Derechos Humanos (DEOCODERH), y la Red de Defesores/as de Derechos Humanos de Lempira (Red-Lempira).
En uno de sus párrafos el comunicado señala que: “Una Marca País en crisis por la extradición de sus pivotes hacia cortes federales de Estados Unidos por delitos de fraude, lavado de activos, crimen organizado y narcotráfico, es una estrategia fallida que sólo le queda recurrir al infundio, la descalificación vulgar y la creación de condiciones de peligro para los auténticos liderazgos de Honduras que proponen el fin del continuismo de la muerte”.
Un Partido Político asociado ilícitamente con otro para agitar venganzas contra el ex presidente Manuel Zelaya y su esposa la candidata de una fuerza opositora, expropiándoles su casa de habitación como estrategia de rendición electoral, demuestra su clara intención de descomponer el clima político-electoral a su favor, sin importar las consecuencias de semejante perversidad, destaca el documento.
“Denunciamos que ante su derrota internacional los impulsores de las ciudades modelo, la militarización asociada al transporte de drogas y la represión política, y los saqueadores de Honduras, están impulsando además una campaña contra los compañeros Ismael Moreno – sacerdote jesuita que dirige Radio Progreso – y Salvador Zúniga, dirigente de la Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras (CINPH), apuntándoles con su ventilador de estiércol que esparce la pútrida élite nacional narca y corrupta”, subraya el comunicado urgente.
Y agrega que “la sucia campaña – diseñada y difundida por asesores de imagen del modelo continuista de miseria y muerte — es en respuesta al posicionamiento claro, independiente y firme de Moreno y Zúniga frente al desplome del golpismo de 2009 – 2017, que ha confirmado una ilícita asociación política, económica, militar y religiosa para saquear a Honduras al estilo de los delincuentes organizados. Y que pretenden continuar por la vía electoral en noviembre próximo.
La jornada concluyó con una planificación que le dará vida al proyecto a través de la incidencia y auditoria social en 3 instituciones estatales como son: El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de derechos Humanos, comunicadores Sociales, Periodistas y Operadores de Justicia.
El jueves 30 de marzo fue el último día del ciclo de capacitaciones y estuvieron presentes, los directores, coordinadoras y representantes de las organizaciones beneficiarias, en respaldo el plan de acción que se ha ido construyendo a lo largo del proceso con más de cien defensores y defensoras de DDHH a nivel nacional.
