Hasta el momento de esta emisión, más de 30 personas imputadas de delitos mayores – robo de bienes públicos, falsificación de documentos, lavado de dinero sucio, narcotráfico y asesinatos – han sido devueltos a casa con el nuevo código de los salvajes.
Como había sido denunciado con insistencia desde 2018, todo el año 2019 y en 2020, el nuevo código de la dictadura está hecho para favorecer a los delincuentes y embutir a la oposición social, moral y política de Honduras.
Esta semana la Corte de Apelaciones de Tegucigalpa ha dado un ejemplo de esa conducta nefasta de los magistrados y jueces que están al servicio de la dictadura, que saben utolizar los instrumentos del poder para construir un nuevo orden de injusticia. Las víctimas son otra vez los defensores del agua en Guapinol y San Pedro, territorio donde los herederos del ladrón de Conadi siembran minas de terror y ensucian las aguas de la montaña.
Las magistradas María Luisa Ramos Matute, Erika Geraldina Dubón Padilla y Ramiro Alejandro Ramírez decidieron eliminar el sobreseimiento definitivo que había sido otorgado en marzo a cinco ambientalistas de Colón y, además, confirmaron con embuste el encarcelamiento de sus ocho compañeros en Olanchito y La Ceiba.
Según esta resolución criminalizante desde la capital, Juan López, Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos y José Cedillo se enfrentan otra vez al riesgo de ser encarcelados para satisfacción de las Inversiones Pinares y de todas esas inversiones detestables que irrespetan la vida de la gente.
Como había señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe del año pasado, la justicia en Honduras va lenta, en exceso tardía para atrapar a los corruptos, narcos y violadores de derechos humanos, pero avanza veloz para proteger sus intereses.
La CIDH dijo que “el sometimiento de personas defensoras a largos procesos penales, en los que además se imponen medidas sustitutivas, tiene un efecto multiplicador de amedrentamiento que se extiende a quienes defienden causas similares”. Eso es criminalizar y perseguir. Esa es la intención maléfica del sistema creado por los asaltantes golpistas de 2009 hasta nuestros días.
También la CIDH sugirió que el Estado de Honduras impida que las autoridades o terceros manipulen el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar a defensoras y defensores de derechos humanos. O sea, impedir que los carteles del crimen organizado impongan la fuerza bruta y la fuerza de su código en los territorios, utilizando municipalidades, jueces, magistrados u otras instituciones mojigatas.
Pero desde luego eso es pedirle leche al mar, porque la dinámica que hemos visto en los últimos 30 días es un chorro de cartas de libertad definitivas a los corruptos de Pandora y del Arca Abierta, auténticos delincuentes con poder que se han repartido millones de dólares entre ellos aprovechándose del golpismo. Y por la misma vía avanzan a favorecer a los asesinos de Berta Cáceres y a los ejecutivos del banco que financió esa atrocidad.
Las iniciativas penales contra los magistrados que hacen esta barbaridad son admirables, pero el blindaje ya está hecho al amparo del nuevo código penal de los impíos, para evitar la justicia. Para reirse de los justos. Para burlarse del pueblo hondureño. Miserables, sabandijas!
En el caso del narcotráfico, la empresa más rentable de las élites golpistas, los imputados están quedando tranquilos con poder político y con las riquezas acumuladas. El nuevo código no les hace ni cosquillas y les permite vengarse de sus enemigos usando a los militares mercenarios.
Respecto al robo del dinero que fue autorizado por el Congreso de Mauricio Oliva so pretexto de combatir el Covid-19, ese es otro desastre nacional. El Ministerio Público debe pedir anticipadamente de favor “los buenos oficios” de la ministra de finanzas para obtener la información. No la pueden allanar. Y así los malditos ladrones pueden tener todo el tiempo para destruir la evidencia y entregar baratijas de papeles a los obedientes investigadores. Ese es el nuevo código.
Por eso, cuando Radio Progreso le preguntó a Leonel George qué pensaba del riesgo de volver a prisión tras el fallo de las magistradas Matute, Padilla y Ramírez, el ambientalista contestó: “al sistema judicial no le interesa la vida de ningún ciudadano ni el ambiente de ninguna comunidad, eso es sólo una ventanilla de trámite para las empresas”.
De nuevo la misma pregunta nos asalta: qué hacer? Esperar que Rocío Tábora diga dónde está el dinero después de abandonar su puesto o que el poder judicial de Estados Unidos venga por los líderes del cartel de Lempira, que son los mismos que han recibido las transferencias del dinero Covid?
El padre Melo ya dijo quién es el jefe ladrón, es posible que ya casi sabemos todo. Todo de todo, pero falta el siguiente paso. La distancia social es grande, los militares armados son muchos, pero insuficientes. Han recibido refuerzos de Puerto Rico y de Colombia. El pueblo es mucho más que ellos, pero el sacrificio es grande, enorme.
Qué hacer? Cómo lo hacemos? Pensemos, actuemos.
Editorial Voces contra El Olvido, sábado 22 de agosto 2020
