Por: Sandra Rodríguez
Esta mañana, la Coalición contra la Impunidad, presentó una denuncia en contra de todas las autoridades de justicia del municipio de Tela, desde el jefe de la policía preventiva, el jefe de investigación, la fiscal, el titular del proyecto hidroeléctrico que afecta a las comunidades de Pajuiles, detalló Víctor Fernández, integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), que a su vez forma parte de la Coalición.
El abogado Fernández, declaró que esta denuncia está situada en los hechos que se produjeron el 15 de agosto, el cual el MADJ lo conceptualiza en un ataque sostenido a la comunidad de Pajuiles, que duró varias horas y hubo lanzamiento de gases lacrimógenos dentro de las viviendas de los y las defensoras del ambiente en la costa norte de Honduras, específicamente los bienes de la Montaña Gracias a Dios.
Agregó que, ese día, el nivel de hostilidad constituyó actos de tortura, actos de allanamiento ilegal de moradas de habitantes que forman parte de los núcleos del Movimiento Amplio, y refleja la instrumentalización el sometimiento absoluto del sistema de justicia, a los intereses de este empresario de Hidroeléctricas de El Progreso (HIDROCEP).
“Y nosotros venimos insistiendo que no guarda ninguna proporción un proyecto como este que va a producir 1.4 megavatios de energía, en términos económicos-comerciales es insignificante en relación con las miles de personas que están siendo afectadas en sus derechos humanos al agua, a la participación y a la decisión sobre la riqueza natural de sus comunidades. Este es un caso testigo como el poder económico subyuga a la institucionalizad entre estos pequeños hasta los grandes proyectos”.
No tenemos otra institucionalidad, no confiamos en ella, pero hay que venir a reclamarles, es la denuncia número 11 en relación con el conflicto en Pajuiles, tenemos el silencio cómplice o la coparticipación de los funcionarios del Ministerio Público, junto al empresario. Nunca prosperan las acciones contra esta empresa, ni en contra de quienes abusan contra la comunidad en Pajuiles, pero la gente de la comunidad si tiene 10 causas penales en su contra y el próximo lunes vamos a defender otras cinco, puntualizó Fernández, cuando se presentaba la denuncia en Tegucigalpa.
Continuación compartimos el comunicado difundido por el MADJ, con respecto a esta denuncia.
DENUNCIA EN CONTRA DE POLICÍAS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS POR REPRESIÓN Y DESALOJO ILEGAL EL 15 DE AGOSTO:
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, junto a la Coalición contra la Impunidad, integrada por 54 organizaciones más, además del MADJ en todo el país, acudieron esta mañana al Ministerio Público en Tegucigalpa a interponer denuncia en contra agentes policiales y funcionarios públicos involucrados en los hechos violentos protagonizados por la policía nacional el pasado 15 de agosto en Pajuiles, quienes haciendo uso de bombas lacrimógenas, llevaron a cabo un desalojo ilegal de los dos campamentos, detuvieron a 5 integrantes del Movimiento Amplio, incluyendo la detención ilegal de un menor de edad.
Dentro de los detenidos, se encuentra Albertina López, quien fue sometida a condiciones adversas a pesar de su evidente estado de embarazo. Como consecuencia de toda la ilegalidad desde la cual opera la policía nacional e confabulación de la empresa HIDROCEP y el Ministerio Púbico, hoy suman 17 personas criminalizadas en Pajuiles por defender el agua, acusadas de los delitos de usurpación por detentación de espacios públicos y coacción, y el otro grupo de los capturados el 15 de agosto, acusados de participación en reuniones ilícitas y daños.
Hoy se ha denunciado formalmente estos hechos, indicando agentes identificados quienes reiteradamente han hostigado a las comunidades del Sector Pajuiles por defender el agua y se ha exigido al Ministerio Público investigue a los demás funcionarios quienes desde su pasividad y permisividad han permitido y provocado la escalada de violencia en la zona.
