Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica el informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”. Este informe es uno de los principales resultados del proyecto “Erradicación de la Violencia y de la Discriminación contra mujeres y niñas en América Latina y en el Caribe”, llevado a cabo por la CIDH gracias al valioso apoyo del Gobierno de Canadá. El informe fue lanzado en la sede de la OEA, el 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y de los 16 días de activismo contra la violencia de género.
Dado el contexto de violencia y discriminación que enfrentan las mujeres, niñas y adolescentes en la región, la Comisión las ha identificado como personas en situación particular de discriminación y, en consecuencia, ha priorizado sus líneas de trabajo para promover y garantizar sus derechos fundamentales. Con base en lo anterior, la CIDH ha mantenido un rol esencial en el desarrollo de estándares legales para la protección y la defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes, a la vez ha formulado recomendaciones para identificar y superar la discriminación estructural y las formas intersecciones de discriminación que les afectan específicamente. En el marco de su mandato, la Comisión Interamericana ha acompañado también a los Estados miembros de la OEA en sus esfuerzos concretos para cumplir con las decisiones y las recomendaciones de los órganos interamericanos de derechos humanos, tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Para la preparación del informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe”, la Comisión se basó en la información recibida a través de sus distintos mecanismos de monitoreo, incluyendo visitas de trabajo, visitas in loco, audiencias públicas y solicitudes de información a los Estados y también, de informaciones relacionadas con el sistema de peticiones, casos y de medidas cautelares. Asimismo, en el marco de la elaboración del presente informe, la CIDH realizó dos reuniones de con personas expertas en la materia; recibió información de parte de 12 Estados y de 20 organizaciones de la sociedad civil en respuesta a un cuestionario de consulta; y también, analizó las más de 800 recomendaciones formuladas en los informes temáticos publicados por la Comisión en los últimos 10 años.
Como resultado de la información abalizada, la Comisión presenta en este informe una serie de iniciativas positivas encaminadas por los Estados de América Latina y del Caribe para el avance en la promoción y garantía de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Así, el informe incluye un listado no exhaustivo de buenas prácticas, en particular de leyes, políticas públicas y decisiones de justicia, que representan ejemplos de avances concretos para enfrentar la violencia y de la discriminación. Al respecto, la CIDH reitera su llamado a los Estados a continuar sus esfuerzos en la materia y consolidar los avances logrados.
Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, la Comisión identificó la persistencia de numerosos desafíos en el abordaje de la violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas. Uno de los hallazgos principales del informe, se relaciona con la persistente invisibilidad de las necesidades específicas de las niñas. Ellas permanecen bajo la categoría general y sin edad de «mujeres», que no considera las necesidades especiales de protección requeridas por su condición de personas en crecimiento; y, también permanecen invisibilizadas en la categoría «niñez», que no tiene en cuenta su género. Analizando en profundidad la violencia y la discriminación contra las niñas, la Comisión identificó la prevalencia de diversas formas de violencia y discriminación específicas, tales como matrimonio infantil y uniones de hecho; embarazos precoces y resultantes de la violencia sexual; trabajo infantil, explotación laboral y trata de personas; y violencia en el campo de las nuevas tecnologías.
Asimismo, la Comisión identificó profundos desafíos que persisten para la eliminación de los factores estructurales de discriminación contra las mujeres y las niñas, como el sexismo, el machismo y la prevalencia de estereotipos de género profundamente arraigados en el tejido social de la región, resultando en elevados niveles de tolerancia hacia la violencia contra las mujeres. En este informe, la CIDH advierte que, la violencia y la discriminación no afectan a todas las mujeres por igual: las mujeres afro-descendientes, indígenas y lesbianas, bisexuales, trans e intersex (LBTI) sufren violencia y discriminación en una base doble e incluso triple, además de su género. Más específicamente, la Comisión observa la prevalencia de leyes discriminatorias contra mujeres y niñas en la región; el aumento de tendencias y discursos contra los derechos de las mujeres; la violencia y la discriminación contra las mujeres que desafían los estereotipos de género como periodistas, defensoras de derechos humanos y mujeres con compromisos políticos; así como los múltiples desafíos que continúan socavando el acceso a la justicia para mujeres y niñas, víctimas de violencia.
En este informe, la Comisión también analiza patrones de violencia que afectan especialmente a las mujeres y las niñas, tales como la prevalencia de asesinatos por motivos de género y la profunda brecha entre el desarrollo de marcos regulatorios y tipos penales con su aplicación específica; las preocupantes cifras de casos de desapariciones de mujeres y niñas, y las fallas en investigarlas adecuadamente; así como los elevados niveles de violencia sexual y las fallas para prevenirla, investigarla y ofrecer atención médica adecuada a las víctimas. Asimismo, el informe aborda deficiencias en el abordaje de ciertas formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, inadecuada o incompletamente tratadas por los Estados, lo cual se expresa por el menor grado de desarrollo de estándares, de políticas públicas y la ausencia de análisis en profundidad. Entre estas formas de violencia se encuentran: la violencia obstétrica, una práctica común en toda la región que resulta de una relación asimétrica entre el personal de salud y las mujeres; los efectos de la criminalización total del aborto sobre los derechos de las mujeres y adolescentes; así como el impacto del crimen organizado en los derechos de las mujeres, entre otros.
El informe “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe” se relaciona con la persistente invisibilidad de las necesidades específicas de las niñas y culmina con una serie de recomendaciones para acompañar a los Estados en el abordaje de estos desafíos e incluye, igualmente dos anexos. El primer anexo contiene una Compilación de principales estándares y recomendaciones de la CIDH en materia de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes. El segundo anexo se relaciona con los impactos y desafíos en casos de violencia y discriminación contra las mujeres.
“A la luz de los hallazgos presentados en este informe, la Comisión aborda de manera específica formas de violencia y discriminación que han de ser debidamente abordados por los Estados latinoamericanos y caribeños para garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres, niñas y adolescentes. Esperamos que este análisis sea de utilidad para enfrentar problemáticas invisibilizadas o normalizadas y erradicar definitivamente todas las formas de violencia y discriminación» afirmó la Comisionada Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la CIDH.
Por su parte, la Presidenta de la CIDH y Relatora sobre los Derechos de la Niñez, Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño agradeció el apoyo del Gobierno de Canadá en la realización del proyecto que permitió la preparación de este informe temático.
“Es esencial que los Estados reflexionen sobre el contexto particular de vulnerabilidad que enfrentan a las niñas y adolescentes en las Américas, no solamente por su condición de mujeres, sino también como personas en proceso de desarrollo. Confiamos en que este informe sirva como llamado a los Estados para continuar avanzando en la protección y garantía de los derechos de todas las mujeres y niñas”, concluyó la Presidenta.
