Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó hoy el informe «Situación de derechos humanos en Honduras», que aborda la situación de los derechos humanos tras la visita in loco realizada del 24 al 28 de abril de 2023, a partir de lo documentado en su último informe de país de 2019.
Honduras ha pasado por varias crisis político-institucionales ocurridas en los últimos años que han profundizado la compleja situación de derechos humanos asumida por el actual gobierno. La Comisión reconoce el compromiso del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro de poner a los derechos humanos como uno de los ejes centrales de su administración.
En el informe se identifica la persistencia de una serie de problemas estructurales como la pobreza, la desigualdad, la conflictividad social, territorial, agraria y/o ambiental, y la violencia que confluyen y afectan de manera transversal en la garantía de los derechos humanos y la afectación diferenciada en ciertos grupos de la población que, por décadas, han restringido el pleno y efectivo disfrute de los derechos humanos de la población y que deben ser atendidos.
Al respecto, la CIDH conoce sobre algunas medidas adoptadas por el Estado para hacer frente a esta conflictividad, y recuerda que la eficacia de estas medidas dependerá del compromiso al más alto nivel y del desarrollo e implementación de una política integral comprehensiva que propicie los cambios estructurales requeridos.
Si bien se ha observado una disminución en la tasa de homicidios, Honduras sigue siendo el país más violento en Centroamérica y el segundo con la mayor tasa de homicidios en el continente. La reducción de homicidios estaría en las zonas urbanas, mas no así en zonas remotas o rurales en donde confluyen otros factores como la conflictividad relacionada con el acceso a la tierra, el territorio y los recursos naturales y la insuficiente capacidad del Estado para ejercer el control efectivo en estas áreas.
La violencia en Honduras se ve exacerbada por una alta presencia de organizaciones criminales, especialmente maras y pandillas. Preocupa a la Comisión que, en respuesta a esta violencia, Honduras haya adoptado un régimen de estado de excepción que se viene prolongando en el tiempo, y que se traduce en que las fuerzas armadas continúen ejerciendo funciones de seguridad pública, lo cual no condice con la voluntad inicial del Estado de desmilitarizar al país.
La violencia ha producido graves consecuencias en la base del tejido comunitario y otras violaciones de derechos humanos asociadas, como el desplazamiento forzado y sigue impactando de manera diferenciada a determinados grupos de población.
En el presente informe se analiza de manera particular la situación de grupos y personas de especial preocupación, entre ellos mujeres; niñas, niños y adolescentes; personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI); personas privadas de libertad; pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades garífunas; personas en contexto de movilidad humana, personas mayores, personas con discapacidad.
Asimismo, el documento profundiza en los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, en particular quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio, así como periodistas y comunicadoras sociales. En este marco, el mecanismo nacional de protección presenta varios desafíos que erosionan la institución y su capacidad de dar respuesta efectiva. Del mismo modo, la situación de los derechos de las personas privadas de libertad continúa siendo de especial preocupación.
En Honduras persisten altos niveles de impunidad junto con una percepción generalizada de desconfianza en las instituciones encargadas de la investigación y persecución del delito. La CIDH alienta al Estado a seguir removiendo los obstáculos que impidan el acceso efectivo a la justicia, entre ellos las deficiencias de recursos materiales, humanos y técnicos asignados al Ministerio Público y a seguir con su compromiso en la lucha contra la corrupción.
Honduras concluyó el proceso de selección de la nueva composición de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, se observaron cuestionamientos en el proceso para elegir a las nuevas personas titulares de la Fiscalía General de la República. Continúa pendiente la promulgación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial ajustada a los estándares internacionales.
Honduras se encuentra ante la oportunidad de recuperar la confianza en las instituciones estatales, y para ello es prioritario fortalecer las instituciones, dotarlas de suficientes recursos, asegurar una capacidad de gestión pública y de ejecución de políticas y presupuesto desde los más altos niveles posibles; así como mantener el respeto y garantía de la independencia de los poderes públicos para brindar una justicia oportuna, y de un trabajo coordinado que tenga como fin último el beneficio de su población.
El informe contiene una serie de recomendaciones, mediante las cuales, la Comisión Interamericana reitera su compromiso de colaborar con el Estado para el cumplimiento de las mismas.
