Tegucigalpa.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación ante la alarmante y continuada violencia dirigida a personas defensoras de derechos humanos durante el segundo cuatrimestre del 2023 y urge que los Estados tomen medidas para prevenirla, así como para investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Entre los meses de mayo y agosto, la CIDH observó que la violencia contra personas defensoras se ha mantenido en números alarmantes conociendo sobre el asesinato al menos 36 personas defensoras en la región.
La mayoría de los asesinatos registrados siguen siendo contra personas que se dedican a la defensa de la tierra, el territorio y al medio ambiente.
La CIDH recuerda a los estados que las personas defensoras de derechos humanos cumplen un rol fundamental en el fortalecimiento y la consolidación de las democracias y que la labor de quienes defienden el medio ambiente es esencial para garantizar el equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
En el caso de Honduras, la CIDH menciona que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), registró el asesinato de al menos cinco personas defensoras entre mayo y agosto.
El informe de la CIDH hace referencia que en el mes de mayo fue asesinado el defensor Tolupán Amílcar Vieda en Yoro, departamento del mismo nombre.
De acuerdo a informes de la zona, Vieda era miembro del Consejo Preventivo de San Francisco de Locomapa y fue asesinado en el sector Las Bridas, en una de las comunidades de la tribu San Francisco de Locomapa en el municipio de Yoro.
El cuerpo del defensor tenía heridas de arma de fuego, así como de quemaduras post mortem.
También la CIDH señala del asesinato del defensor indígena Jacinto Meza en Dulce nombre de Culmí, Olancho, líder de la tribu Pech, quien fuera asesinado tras recibir varios impactos de arma de fuego, luego de ser agredido en su propia vivienda, ubicada en la aldea Jocomico.
En su informe la CID indica que la OACNUDH registró el asesinato de tres personas defensoras más, cuyos nombres se reservan por temas de seguridad.
La Comisión recuerda que la criminalización de personas defensoras promueve el estigma colectivo y envía un mensaje intimidatorio. El inicio de investigaciones penales o querellas judiciales sin fundamento tiene un efecto amedrentador y puede generar una paralización del trabajo en defensa de derechos humanos.
Ante la persistencia de la violencia contra personas defensoras, los Estados deben facilitar las y condiciones necesarias para garantizar el libre ejercicio de las actividades de las personas defensoras de derechos humanos y erradicar violaciones por parte de agentes estatales o particulares.
