Tegucigalpa, Honduras.-El Estado de Honduras debe tomar acciones preventivas para evitar situaciones como las que tiene en alarma el sistema nacional penitenciario, recomendó este día Joel Hernández, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante el 175 Periodo de Sesiones, en Puerto Príncipe, Haití.
Hasta el caribe hondureño, la Coalición Contra la Impunidad, representada por las abogadas Isabel Valdez, de la Pastoral Social Cáritas- San Pedro Sula; y Karol Cárdenas, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), expusieron la situación de los privados de libertad y las constantes violaciones a los derechos humanos en los centros penales.
Ellas fueron escuchadas por la mesa de la CIDH, integrada por el comisionado presidente Joel Hernández, relator de país para Honduras y ex relator de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad; Flavia Pievesan, Segunda Vicepresidenta; Stuar Ralon, actual Relator de Personas Privadas de Libertad; y Esmeralda Arosamena de Troitiño, Comisionada ex presidenta.
La representación gubernamental estuvo a cargo de Estela Cardona, Procuradora General de la República; Rosa Seamans, de la Dirección de Control de Convencionalidad Jurídica de la Cancillería; y Nelson Molina, de la Dirección de Asuntos Internacionales Procuraduría.
Entre las reacciones de parte del Estado durante la audiencia que evidenció la crisis en el sistema penitenciario, es que los temas eran los mismos a los que se había referido la CIDH en sus recomendaciones 2018, y por ello informó que está trabajando Medidas Legislativas y Administrativas para la liberación de privados de libertad entre como ser un indulto y dispositivos electrónicos.
Además, justificó el hecho que se ha suscrito un convenio para desarrollar una estrategia penitenciaria en la cuarta reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para autoridades penitenciarias, que garanticen la reinserción y rehabilitación .
Cardona, a nombre de la delegación estatal afirmó a la CIDH que el crimen organizado los está poniendo en una situación precaria, y que no es lo mismo llegar a un lugar a relatar algo a verlo «in situ».
Por lo que el Estado de Honduras está haciendo todo a su alcance para evitar más muertes de personas, vengan de donde vengan.
Por su parte, la CIDH solicitó permiso para que el relator Stuar Ralon, realice una visita a Honduras, pais en el que, unicamente en diciembre del 2019, se dieron cuatro masacres comn un slado de 49 privados de libertad muertos, incluso cuando las cárceles estaban bajo custodia militar.
La ex Comisionada Presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, solicitó a las representantes del régimen que ampliaran más sobre la intervención en los centros penales del país. Que aclararán más las políticas excarceladoras y penas alternativas a las prisiones.
Al jurista mexicano, quien ha visitado en varias ocasiones Honduras, y ha escuchado sobre la situación de privados de libertad y presos políticos, Joel Hernández, le llamó la atención el estado de emergencia penitenciaria en que se encuentra el país, ya que son temas estructurales que no han sido atendidos.
Es así que, construir más centros penales no es la solución, sino la prolongación del problema, porque “a mayor espacio mayor encarcelamiento”. Le preocupa si persiste el problema en cuanto al acceso para visitar a los privados de libertad (el coste económico para el papeleo requerido, oscila en unos 3,500.00 lempiras, según familiares) y si ya estaba resuelto.
La CIDH considera que, se debe de generar confianza con los familiares y las organizaciones sociales que velan por los derechos de los privados de libertad e integrarlas a la comisión interventora de los centros penales.
Ante los señalamientos de la Comisión Interamericana, la representación estatal sólo se refirió a aceptar la solicitud de la visita del Relator de Personas Privadas de Libertad, Stuar Ralon.
Finalmete, el mexicano Joel Hernandez y la panameña Esmeralda Arosamena felicitaron la sociedad civil, en este caso, representada por la Coalición Contra la Impunidad, mediante Váldez y Cárdenas, de Cáritas y COFADEH, respectivamente, por llevar el tema a debate internacional.
En la audiencia sobre “Violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Honduras”, se expuso sobre el contexto marcado por la violencia que enfrentan más de 22 mil personas en los centros penales, el uso excesivo de la fuerza de los cuerpos de seguridad del Estado y las muertes en custodia del Estado de Honduras ocurridas en el año 2019.
“Las malas condiciones de reclusión que son en gran parte, un síntoma de las deficiencias sistémicas de los sistemas de justicia penal del Estado y de sus políticas, incluyendo: Medidas insuficientes para prevenir el delito, el uso excesivo de la prisión preventiva, la falta de acceso a la asistencia jurídica, las políticas de justicia penal de corte punitivo y el uso inadecuado de la prisión”, expusieron Isabel Valdez y Karol Cárdenas.
También se refirieron al escaso uso de medidas alternativas al encarcelamiento, la insuficiencia de medidas para promover la reintegración social, administración y gestión penitenciaria e infraestructura inadecuada, el uso de la prisión como primer recurso para niños y niñas en conflicto con la ley, la falta de atención a las necesidades específicas de las mujeres infractoras y privadas de libertad.
El Estado ha olvidado por años el objetivo primordial de la prisión, que es la rehabilitación y la reinserción de los detenidos.
