San José, Costa Rica.- El pasado martes 24 de noviembre, la joven Laura Carolina Valentín Dolmo, defensora garífuna e integrante de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), fue encontrada sin vida en el río Danto de la ciudad de la Ceiba, Honduras. Este asesinato se da en un contexto de violencia sistemática perpetrada en contra de la población garífuna y de persecución en contra de quienes defienden derechos humanos en Honduras, sin que se les garantice por su labor el debido reconocimiento y protección por parte del Estado.
Desde el Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL) condenamos enérgicamente el asesinato de la defensora, así como los demás hechos de violencia en contra de la población garífuna, y hacemos un llamado al Estado hondureño para cumplir con su obligación de dar inicio inmediato a la investigación diligente de estos hechos y determinar las respectivas responsabilidades.
Reconocemos, además, que este 2020, los asesinatos, desapariciones y la criminalización de personas defensoras en Honduras no han dejado de ser foco de sostenida denuncia internacional. En particular, las agresiones en contra de la población garífuna y OFRANEH se han recrudecido en los últimos meses.
Al respecto, destacamos la situación de Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García, Gerardo Misael Trochez Calix y Albert Snaider Centeno Thomas, lideres garífunas desaparecidos desde hace más de 130 días. Sumado a estos hechos, la OFRANEH ha denunciado una campaña de estigmatización en su contra, entre otras agresiones perpetradas en contra de la organización y las comunidades.
Es urgente que el Estado hondureño desarrolle e implemente de manera eficiente y oportuna, políticas públicas y medidas efectivas de protección para las personas defensoras que resisten a un contexto de suma violencia por la labor que realizan. Estas medidas, además, deben contar con enfoque de género y garantizar respuestas diferenciadas para poblaciones en mayores condiciones de vulnerabilidad. Asimismo, urgimos al Estado a procurar investigaciones diligentes e imparciales de los hechos y agresiones contra personas defensoras, y proveer los mecanismos necesarios para que el acceso a la justicia se materialice y las graves violaciones no queden impunes.
Demandamos, además, que el Estado hondureño avance con el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para abordar las causas estructurales de la violencia que enfrentan las comunidades.
Desde CEJIL nos solidarizamos con la OFRANEH, con las mujeres defensoras, la población garífuna y con quienes continúan ejerciendo su legítimo derecho a defender los derechos humanos, así como con las familias y comunidades que se mantienen en inminente riesgo y exposición. Reconocemos su labor de defensa y nos sumamos a la exigencia por un país que deje de atentar contra personas que luchan por una realidad menos desigual y más justa para todas las personas.
